La crisis de Granja Tres Arroyos, la principal empresa avícola del país, se agrava por la crisis y las familias sufren las consecuencias. La compañía desvinculó a 250 empleados sobre un total de 900 trabajadores de su planta industrial ubicada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Las autoridades atribuyeron la medida a la caída de la actividad y a las consecuencias de las restricciones impuestas a las exportaciones por la gripe aviar, afectando principalmente el mercado chino.
Los telegramas enviados aseguran que “la decisión obedece a una grave disminución de trabajo no imputable a esta empleadora, originada en circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad que afectaron de manera directa y sustancial el normal desenvolvimiento de su actividad”.
La empresa les comunicó a los trabajadores que la decisión se encuadra en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, referido a situaciones de falta o disminución de trabajo no imputables al empleador. En una notificación, fechada el 29 de julio en Concepción del Uruguay, Granja Tres Arroyos sostuvo que atraviesa “circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad” que afectaron de manera directa y sustancial el normal desenvolvimiento de su actividad.
El impacto social y laboral generó una inmediata respuesta gremial. La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de Concepción del Uruguay (STIA) emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su enérgico rechazo a las cesantías. En el documento, ambas representaciones sindicales denunciaron “el accionar artero e irresponsable de la empresa frente a la grave situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras” y precisaron que la nómina de despedidos incluye a delegados del personal.
Los gremios calificaron los despidos de “masivos” y afirman que no contribuyen a resolver la situación de la empresa. “Con la clara intención de dividir y debilitar a los representantes de los trabajadores entre los despedidos se encuentran delegados de personal”, dijeron. La tensión en los lugares de trabajo se profundiza con reclamos salariales pendientes. Según denuncian las familias afectadas, la firma viene abonando los sueldos en cuotas e incurrió en el incumplimiento del pago del medio aguinaldo correspondiente a mitad de año.
Tanto la FTIA y STIA reclamaron la preservación de las fuentes laborales y pidieron un “accionar responsable” tanto a la empresa como a las autoridades nacionales. “Los trabajadores no pueden ser quienes paguen las consecuencias de la crisis, en un delicado contexto que requiere compromiso, diálogo, soluciones y no más despidos. Ni ser una variable de ajuste descartable al momento de la especulación empresaria de licuar pasivos, previo a una maniobra concursal”, sintetizaron.
La decisión de frenar la operatividad en agosto sucede a un esquema previo de ajuste gradual. Durante los últimos meses, Granja Tres Arroyos había implementado un paquete de medidas que incluyó suspensiones operativas, reducciones en la jornada laboral y fuertes recortes en los niveles de procesamiento.
Como antecedente directo, en mayo pasado la planta de Concepción del Uruguay ya había cerrado temporalmente sus puertas cuando la faena diaria sufrió un desplome drástico, al pasar de un ritmo habitual de 700 mil pollos a solo 200 mil unidades. También redujo la producción en la planta de Esteban Echeverría, que pasó de faenar 110 mil pollos por día a 80 mil. La profundización de las importaciones de pollo de Brasil, promovidas por el gobierno libertario, agravó el escenario.
Pérdidas millonarias y la crisis por la gripe aviar empujan los despidos en Granja Tres Arroyos
La situación crítica que atraviesa la compañía responde a la convergencia de varios factores que deterioraron su posición financiera y operativa. Uno de los principales fue el efecto de la influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) sobre sus mercados externos.
La Argentina perdió el acceso a los mercados de la Unión Europea (UE) y China en febrero de 2023, luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmara los primeros casos en establecimientos comerciales. La suspensión se prolongó hasta agosto de ese año y generó para el sector pérdidas estimadas en USD 160 millones.
El problema volvió a presentarse en agosto de 2025, cuando un nuevo brote provocó el cierre del mercado europeo para la carne aviar fresca. La situación se extendió tras otro episodio detectado en febrero de 2026 en Ranchos, provincia de Buenos Aires, al que posteriormente se sumaron focos en Lobos, Bolívar y Alejo Ledesma, en Córdoba.
El bloqueo se mantuvo hasta las últimas semanas. El 28 de julio, la Comisión Europea formalizó la reapertura del mercado mediante la publicación en su Diario Oficial del Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1813, que permite al país volver a exportar carne aviar fresca desde el 17 de agosto, tras reconocer la recuperación del estatus sanitario como país libre de IAAP.