El nuevo proyecto de financiamiento universitario presentado unilateralmente por el Gobierno despierta rechazo en el sector educativo. Este martes rectores, representantes gremiales docentes y no docentes y centros de estudiantes se convocan en la Cámara de Diputados para expresar su descontento con el texto que planea reemplazar a la ley aprobada el año pasado pero no ejecutada por Javier Milei.
El miércoles ingresó por mesa de entradas el proyecto que la administración libertaria intentó fuera el resultado de un consenso con las universidades o al menos, con la UBA. Los rectores habían advertido una maniobra oficial para quebrar el frente universitario nacional que le generó varios dolores de cabeza al Ejecutivo primero con marchas multitudinarias y luego en el recinto. El intento de las últimas semanas resultó infructuoso dada la nimia oferta presupuestaria de recomposición.
El proyecto del oficialismo modifica el aprobado el año pasado y ratificado por el Congreso tras el veto presidencial. Establece para este año una recomposición presupuestaria para el funcionamiento y el fortalecimiento de la ciencia y la técnica que se ajuste “en la medida en que la inflación, que surja del Índice de Precios al Consumidor (IPC), supere el 14,3% anual”, además añade 80 mil millones de pesos para los hospitales universitarios, una actualización escalonada de 4,1% en marzo, julio y septiembre para sueldos docentes y no docentes por lo que perdieron el año pasado. Además el texto obliga la convocatoria a la negociación paritaria para todo el personal por este año. “No propone nada para 2024”, señala un diputado que mantiene contacto permanente con el sector educativo y siguió de cerca las dos reuniones con las autoridades de Capital Humano.
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“Vamos a sostener la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno debe cumplir, por eso fuimos a la justicia y obtuvimos un fallo favorable sobre la medida cautelar y el Gobierno la apela para dilatar su cumplimiento. Por eso está intentando modificar la ley”, señalan los rectores que mañana se convocan a la comisión de Educación de la Cámara Baja. Será una reunión informal ya que el contexto de sesiones extraordinarias impide su funcionamiento normal, pero el objetivo es marcar el rechazo total de todo el sector educativo universitario y adelantarse a los tiempos parlamentarios que imponga el oficialismo.
“El Consejo Interuniversitario Nacional ratifica que desde hace cuatro meses existe una ley aprobada por el Congreso de la Nación, cuyo cumplimiento corresponde al Poder Ejecutivo (...) Siempre estaremos dispuestos a encontrar soluciones a problemas angustiantes que hoy afectan el normal desarrollo de las actividades en el ámbito universitario, pero toda iniciativa, debe partir del cumplimiento efectivo de la ley vigente sancionada por el Congreso Nacional”, expresó el CIN tras una reunión la semana pasada.
Sin embargo, desde el sector reconocen que ahora la pelota está en manos de los diputados y senadores que, con una composición diferente del Congreso y otros incentivos del sector "dialoguista", podrían aprobar la nueva versión pese a lo ocurrido el año pasado. El Gobierno intentó que el proyecto llegase al poder legislativo con el respaldo de las cúpulas universitarias pero los aumentos son insuficientes y van a seguir insistiendo por vía judicial con el cumplimiento del marco normativo vigente.
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