Estudiantes, docentes, nodocentes y rectores de universidades nacionales marcharán el próximo 12 de mayo en todo el país en defensa de "la educación, la universidad pública y la ciencia nacional". El principal reclamo es el ajuste perpetrado por el gobierno de Javier Milei, que sigue sin cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario aprobada dos veces en el Congreso y ratificada por la Justicia. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la convocatoria es a la Plaza de Mayo, a metros de donde trabajan el jefe de Estado y parte de su gabinete.
Dese que asumió en diciembre de 2023, Milei incluyó a los salarios de trabajadores universitarios y el presupuesto destinado a las instituciones de educación superior en su conglomerado de víctimas del ajuste más brutal que sufrieron los argentinos -y que sufren- en los últimos años. Ya hubo marchas federales universitarias en 2024 y 2025, con medidas de fuerza como paros o jornadas de visibilización en el medio, pero ahora la crisis llegó a un punto límite: quien visite frecuentemente una universidad pública puede dar cuenta del abandono que sufren las facultades, con trabajadores que hacen milagros con salarios de miseria y un limitado presupuesto. "Para recuperar los salarios que teníamos en el mes de diciembre de 2023, hoy tendríamos que recibir, tal como indica esta ley, más de un 50% de aumento", explicó a El Destape Patricio Grande, profesor de la Universidad Nacional de Luján y miembro de la mesa ejecutiva de Conadu Histórica.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
La Conadu Histórica ya anunció una semana de paro universitario para la semana que viene, con cese de tareas entre el 27 de abril y el 2 de mayo. En paralelo, se profundizará la convocatoria para la gran marcha universitaria del martes 12 de mayo. "La tarea entonces que tenemos por delante es muy importante: tenemos que lograr que este gobierno cumpla con la ley tal como fija nuestra Constitución Nacional y que, de una buena vez, el presidente Milei entienda la necesidad de otorgarles a las universidades un presupuesto acorde con los índices de inflación de los últimos dos años y medio", agregó Grande.
Los trabajadores alertan que su situación empeoró sobremanera desde que el gobierno libertario llegó a la Casa Rosada con la premisa de llevarse puesto todo lo vinculado al Estado, incluida la educación de los argentinos. Según difundió la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) la semana pasada, los salarios docentes llevan 17 meses consecutivos de caída -con una inflación que no se desaceleró en ningún mes de los últimos 10- y los trabajadores perdieron más del 30% del poder adquisitivo desde noviembre de 2023, cuando Milei ganó el balotaje de las elecciones presidenciales. Mientras tanto, el Gobierno sigue pisando las salarios: el Ejecutivo informó el lunes que habría un aumento del 1,7% para el mes de marzo, en el que la inflación fue del 3,4%.
En diálogo con este portal, el secretario general de Fedun, Daniel Ricci, pidió que la marcha no sea solamente del sector de los trabajadores de las universidades, sino que protesten también representantes de otros sectores. "Para el 12 de mayo convocamos nuevamente a todos los argentinos para participar en la marcha en defensa de la universidad pública y de la democracia. Y reafirmamos la palabra democracia porque tiene que ver con un gobierno que no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario y también con otras leyes", expresó y añadió: "Por eso, la universidad pública que entendemos que es demasiado importante para ser solo los universitarios, es de todos los argentinos y por eso llamamos nuevamente a abrazar a la universidad pública y a defender la democracia en esta nueva marcha nacional donde seguramente confluiremos los universitarios con todos los demás sectores de la sociedad que están viendo degradados sus ingresos y sus derechos por este gobierno neofascista".
Un reclamo conjunto: los rectores piden que se cumpla la ley
La convocatoria a la movilización se hizo de forma conjunta entre los gremios y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de todas las universidades nacionales del país. La semana pasada, los rectores advirtieron por la dramática situación de la educación, en un comunicado en el que remarcaron: "45,6% cayeron las transferencias a las universidades públicas desde el 2023 hasta la fecha. En todos los aspectos estamos funcionando a la mitad, con todas las dificultades que eso genera. Pero sin salarios dignos no hay Universidad de calidad, por lo que lo más urgente es resolver la angustiante e injusta situación salarial de docentes y nodocentes y la necesaria actualización de los programas de becas a estudiantes".
En el mismo texto, el CIN recordó la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el parlamento en 2025 y ratificada después del veto de Javier Milei. El voto del Poder Legislativo no alcanzó para que el Ejecutivo cumpliera con la implementación del texto, por lo que la Justicia intercedió para exigir su "inmediata" aplicación.. "Hemos notificado formalmente a la justicia el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de lo dispuesto en fallo, al mismo tiempo que enviamos a la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, una nota para exigir la convocatoria urgente a la paritaria nacional y la aplicación sin más dilaciones de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario", explicaron los rectores.
Los artículos 5 y 6, mencionados en el comunicado del CIN, establecen la convocatoria a la paritaria nacional de los docentes y nodocentes, la actualización de "los salarios de los docentes y nodocentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC)" y la "recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles". A pesar del ultimátum judicial, Milei desoyó el fallo.
Además de la cautelar a la sí hizo lugar la Justicia y que ignora Milei, la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó su propio recurso para que se incluyan en las obligaciones de pago del Gobierno nacional los gastos de funcionamiento de universidades y fondos de hospitales. "Si el Gobierno sigue incumpliendo la ley, vamos a seguir en una situación de conflicto permanente, con movilizaciones, con paros, con la comunidad universitaria en la calle", consideró en diálogo con El Destape el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Guillermo Durán, quien agregó: "El que corre mayor riesgo es el país. Un país con universidades desfinanciadas no puede funcionar bien de ninguna manera. Y el Gobierno tiene que entender que vivimos en democracia, que hay que aceptar lo que determinan el poder legislativo y el poder judicial y que no vivimos en una monarquía donde el Presidente hace lo que se le ocurre. Si no pagaron todavía para el 12 de mayo, que es lo que tendrían que hacer para destrabar el conflicto, habrá millones de personas en las calles de la Argentina reclamando por la financiación universitaria".
Un 2026 de medidas de fuerza
Los gremios universitarios intensificaron las medidas de protesta en el primer cuatrimestre de este 2026, con paros realizados en días puntuales y que, en algunos casos, llegaron a durar semanas, como el caso de la Conadu Histórica, cuyos docentes comenzaron la cursada una semana después de lo pautado por el calendario académico. Estos reclamos no llegaron por sorpresa, sino que desde el comienzo de la gestión de Milei que los trabajadores grafican de forma periódica el deterioro de las universidades.
La semana pasada, distintas facultades avanzaron con un "paro a la japonesa", realizado entre el miércoles y el jueves y en el que miles de personas de personas pasaron por las postas de salud para atenderse de forma gratuita en la Ciudad de Buenos Aires. Hubo atención odontológica, se realizaron prótesis dentales, se distribuyeron anteojos y se hicieron análisis de sangre; además, 500 mascotas pasaron por los puestos de atención veterinaria.
El panorama es claro: con el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, Milei sentencia a una muerte lenta al sistema universitario argentino, tan elogiado en el mundo, tan importante para el pensamiento crítico nacional y tan característico de este país. El futuro ya llegó: la visión distópica de una Argentina sin universidad pública es una posibilidad concreta y su supervivencia dependerá, además de los dirigentes políticos, de la sociedad en su conjunto.
Cerrar sesión