El gobierno de Tierra del Fuego denunció a Navitas Petroleum ante la Autoridad de Valores de Israel por presuntas irregularidades en el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. La acusación apunta a la omisión de riesgos jurídicos, diplomáticos y geopolíticos en información brindada a inversores.
El conflicto por la explotación de recursos en las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo con la denuncia formal presentada por el gobierno fueguino contra Navitas Petroleum Limited Partnership. La presentación fue realizada ante la autoridad reguladora del mercado de capitales de Israel y pone el foco en el proyecto hidrocarburífero "Sea Lion", que la compañía desarrolla sin autorización de la Argentina.
Según el planteo oficial, la empresa habría proporcionado información incompleta o engañosa a sus inversores al no reflejar adecuadamente los riesgos asociados a operar en una zona con disputa de soberanía internacional. El área en cuestión está reconocida por la ONU como territorio en conflicto entre Argentina y el Reino Unido.
Uno de los ejes centrales de la denuncia es la presunta minimización de los riesgos legales y diplomáticos vinculados al proyecto. Desde la provincia sostienen que la compañía no informó de manera clara la postura del Estado argentino, que considera ilegales todas las actividades hidrocarburíferas en la zona sin autorización previa.
La Cancillería Argentina ya había rechazado formalmente la decisión de inversión impulsada por Navitas junto a Rockhopper Exploration, recordando que estas operaciones constituyen un acto ilícito bajo la legislación nacional e internacional. Además, se advirtióque la empresa podría haber omitido comunicar hechos relevantes al mercado, como sanciones previas, el rechazo oficial argentino y declaraciones del Gobierno nacional en defensa de la soberanía.
Desde el Ejecutivo fueguino remarcaron que el caso excede lo empresarial y se inscribe en la defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, así como sobre las Georgias del Sur y Sandwich del Sur. El secretario de Malvinas y Relaciones Internacionales, Andrés Dachary, fue contundente: "Navitas no sólo opera ilegalmente; además debe explicar ante sus inversores si informó con claridad los riesgos jurídicos, penales, financieros y diplomáticos". La denuncia también hace referencia a resoluciones clave de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como la 2065 y la 31/49, que reconocen la existencia de la disputa de soberanía y exhortan a las partes a no avanzar con acciones unilaterales mientras continúen las negociaciones.
Advertencia a inversores
El gobierno provincial busca que la Autoridad de Valores de Israel investigue si Navitas incumplió con los estándares de transparencia exigidos en el mercado financiero. En particular, se pone el acento en la obligación de informar de manera inmediata cualquier hecho que pueda impactar en las decisiones de inversión.
"La ilegalidad no puede ser presentada ante los mercados como una oportunidad de inversión", agregó Dachary, en una clara advertencia sobre las consecuencias de avanzar con proyectos en territorios en disputa.
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