El gobernador Leandro Zdero sufrió un revés político en el ámbito judicial luego de que su candidato no lograra avanzar en un concurso clave en la ciudad de Resistencia. El Consejo de la Magistratura resolvió por unanimidad proponer a María Soledad Serrano como jueza suplente del Juzgado Civil y Comercial Nº 6, dejando fuera de carrera al exfuncionario provincial Fernando Samudio.
La decisión dejó expuesta la falta de respaldo político hacia Samudio, quien se había desempeñado como subsecretario de Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores durante la gestión de Zdero. Incluso tras haber dejado su cargo a comienzos de 2026 para competir por un lugar en el Poder Judicial, no consiguió reunir apoyos ni siquiera dentro del propio oficialismo.
Cabe destacar que Samudio no obtuvo el voto de consejeros alineados con el Ejecutivo provincial, entre ellos Carim Peche, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, ni de Jorge Gómez, exministro de Gobierno de Zdero. La falta de acompañamiento interno terminó de sellar su exclusión.
En contraste, la designación de Serrano se dio por unanimidad, con el respaldo de todos los consejeros. La abogada cuenta con trayectoria en el ámbito judicial, donde se desempeñaba como secretaria en un juzgado civil de Resistencia, y forma parte de una familia con fuerte presencia en la Justicia provincial.
El episodio representa un golpe político para la gestión de Zdero, que no logró imponer a uno de sus hombres en un cargo estratégico dentro del sistema judicial. Además, deja al descubierto tensiones internas y limitaciones en la construcción de consensos dentro de los espacios institucionales.
En la misma sesión, el Consejo avanzó con otras designaciones, como la de Guillermo Mendoza para la Fiscalía Antidrogas Nº 2 y la de Sonia Gómez Rellán como jueza suplente del Juzgado del Trabajo Nº 1. Sin embargo, el foco político quedó puesto en la caída de Samudio.
Espionaje ilegal en Chaco
Una denuncia generó un fuerte cimbronazo en los pasillos de los tribunales de Resistencia. Los abogados Miguel Ángel Barceló y Macarena Barceló Fogar solicitaron un habeas corpus preventivo contra el titular del Juzgado de Garantías N° 1, Franco Luciano Javier Roy, a quien acusan de persecución, espionaje ilegal y abuso de poder tras una polémica sentencia.
La polémica estalló tras la publicación de los fundamentos de un fallo dictado el pasado 13 de febrero. Según los denunciantes, en dicho documento el juez Roy habría consignado una frase que encendió todas las alarmas en el foro local: los derechos constitucionales de los doctores Barceló estarían "legalmente postergados".
Para los letrados, esto no es solo un tecnicismo, sino el reconocimiento de una vigilancia estatal sin causa justificada. La doctora Barceló Fogar fue contundente tras presentar una nota ante el juzgado y el Superior Tribunal de Justicia.
Según indicó a medios locales, la sentencia del magistrado clarificó las sospechas que el equipo legal mantenía sobre la seguridad de sus dispositivos. "Ya sabemos quién es el responsable de los fallos tecnológicos en nuestros teléfonos", disparó la abogada, exigiendo que se aclare bajo qué figura legal se los investiga, dado que no existe imputación formal ni citación a indagatoria en proceso alguno.
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