La médica forense Emma Virginia Creimer fue citada a indagatoria por la fiscalía federal de Ulpiano Martínez, en Bahía Blanca, en el marco de una causa por "falso testimonio" que ella misma califica de armada. La convocatoria incluyó dos audiencias el mismo día, con apenas treinta minutos de diferencia: la primera, a las 10, para recusar al fiscal; la segunda, a las 10:30, para la indagatoria propiamente dicha. Un formato que, según denunció, le impide ejercer su derecho a defensa con el tiempo mínimo necesario.
La acusación recae sobre una profesional que durante dos décadas aportó pruebas periciales en causas por violaciones a los derechos humanos. La experta cita el inicio de la campaña en su contra en el año 2005, cuando la fiscalía N° 7 del departamento judicial La Plata convocó a Creimer para examinar a Cristian López Toledo, quien se encontraba detenido en la Unidad N° 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense y había realizado una denuncia por torturas ante la Comisión Provincial por la Memoria.
Tras realizar su trabajo diagnosticó torturas, que incluían el pasaje de corriente eléctrica, entre muchas otras lesiones. La misma dirección que la había convocado le inició un sumario por no haberse ceñido a un protocolo diseñado durante la dictadura cívico-militar cuyo fin específico era ocultar la existencia de ese tipo de prácticas, prohibiendo la toma de biopsia de las lesiones eléctricas sospechadas.
El caso Etchecolatz
La trayectoria de Creimer es extensa. Intervino en la causa de Luciano Arruga y realizó pericias determinantes en numerosos casos de violencia institucional, además de participar en el juicio oral por el secuestro y asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi, donde desmontó la versión oficial del enfrentamiento sostenida por las defensas de los represores imputados.
La denuncia por torturas que Miguel Etchecolatz realizó en la justicia federal, luego de que el reconocimiento médico legal de Creimer —junto a otros colegas— definiera que su estado de salud no impedía que permaneciera en una cárcel común, abrió un nuevo capítulo en la modalidad de las amenazas. Las autoridades judiciales desestimaron la denuncia de manera inmediata, pero el mensaje era claro y excedía su persona y su accionar: era un amedrentamiento para todos aquellos que intervinieran como peritos, mostrando el poder que aún podía desplegar el ex comisario sentenciado por su participación en desapariciones y torturas durante la dictadura.
Poco tiempo después, el horror marcó su historia y la de su familia cuando un cuchillo de carnicero ensangrentado apareció en la cerradura de su hogar en pleno mediodía, con su hija adolescente durmiendo adentro.
El hecho la llevó a retirarse temporariamente del Estado. Ingresó al sistema de protección de testigos y debió informar qué ropa vestía cada vez que salía, para poder identificar el cadáver en caso de desaparecer.
La perito denunció que, con el correr de los años, fuerzas de seguridad imputadas por violaciones a los derechos humanos de distintas provincias se organizaron e intercomunicaron a través de redes, dando aviso de su presencia en cualquier causa e iniciando ofensivas conjuntas, mediáticas y judiciales al momento de sus designaciones, llegando incluso a llevar gigantografías de su persona a las marchas de reivindicación policial.
A esa estructura se sumaron, afirmó, grupos de pedófilos y femicidas. En una carta pública, la experta narró que esa situación la llevó "a un nivel de angustia e impotencia tal" que en agosto del año pasado sufrió un accidente cerebrovascular tras una emergencia hipertensiva, lo que la llevó a solicitar botones antipánico para ella y sus hijos.
La imputación
Creimer denuncia que fue citada previamente como testigo sin ser informada de que se la estaba investigando en los mismos autos, lo que implica una violación al derecho de defensa y al debido proceso: "Todo aquello que ella haya declarado en ese carácter, y que el fiscal pretende utilizar en su acusación, posee un vicio fatal", sostiene.
Quien durante años aportó pruebas en causas por violaciones a los derechos humanos debe defenderse ahora de una acusación que —según afirma— carece de sustento.
En su carta abierta, Creimer —docente de Medicina Legal y de Bioética en la Universidad Nacional Arturo Jauretche— convocó a la difusión pública de su caso como garantía de su propia seguridad y la de su familia.
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