Tras la declaración de Matías Tabar en la que aseguró que Manuel Adorni le pagó u$s 245.000 en efectivo por la refacción de su casa en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz, la diputada nacional Marcela Pagano pidió la detención del jefe de Gabinete y lo acusa de entorpecer la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito. La legisladora denunció que el funcionario "apretó" a una testigo a través de WhatsApp y le "ofreció beneficios" a cambiar de modificar su declaración.
En el escrito presentado, Pagano sostuvo que el accionar de Adorni representa un "entorpecimiento de la investigación grave, actual e inminente" por haberse contactado con Tabar, antes de que este realizara su declaración bajo juramento, para ofrecerle “ayuda” y/o el contacto de su “equipo”, además de "procurar el borrado de los mensajes de WhatsApp intercambiados con el contratista". El contratista afirmó en su declaración ante la Justicia que alguien "del entorno de Adorni" se contactó con él.
Qué dijo Matías Tabar
Tabar es socio del estudio Alta Arquitectura, responsable de las refacciones, pileta y cascada de la propiedad del jefe de Gabinete en el country Indio Cuá, y este lunes declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que recibió u$s 245.000 en efectivo.
Según afirmó Pagano en su escrito judicial, en la misma declaración, el contratista indicó que Adorni lo contactó por WhatsApp antes de la audiencia testimonial y le manifestó que “necesitaba hablar con él”. También le había ofrecido “ayuda” o un "contacto" por parte de su equipo. El testigo, siempre según el escrito de la diputada, sostuvo que rechazó los ofrecimientos luego de haberse asesorado con su abogado, quien le indicó que "ni se le ocurra hablar con nadie y que se presente en Tribunales con toda la documentación”.
Tabar también aportó su teléfono celular para ser peritado y dejó constancia que había borrado mensajes del intercambiado que habría tenido con Adorni, por lo que se ordenó una recuperación del contenido.
El pedido de Pagano
La ex periodista denunció que la conducta del jefe de Gabinete de ministros "no constituye un dato menor ni una circunstancia anecdótica del expediente", sino que "se trata de una maniobra concreta y consumada" de acercamiento a una de las pruebas de la investigación.
Dicha conducta, sostuvo la diputada, que "fue ejecutada personalmente por el imputado, sin intermediación de su defensa técnica y por fuera de todo cauce procesal legítimo", además de que su accionar se dio en pleno ejercicio de su cargo público. Además, la legisladora solicitó algunas medidas cautelares, como la prohibición absoluta de contacto, directo o indirecto, del imputado con la totalidad de los testigos -presentes y futuros- de la causa, bajo apercibimiento de detención inmediata; y la prohibición de salida del país y retención del pasaporte.
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