El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se refirió al principal causal de muerte en Argentina entre los y las jóvenes de 15 a 35 años: “Es tres veces más probable suicidarte a que te maten”, dijo en declaraciones periodísticas.
El funcionario advirtió que en los últimos años los suicidios en el país aumentaron considerablemente. “Los datos son muy preocupantes”, señaló y agregó que - según las cifras oficiales - “la cantidad de suicidios anual es más que la suma de homicidios y accidentes de tránsito en el país”. “Es un tema muy grave y está prácticamente silenciado”, afirmó.
Kreplak detalló que los diferentes estudios en el mundo sobre esta problemática dan cuenta que “la situación socioeconómica” en la que viven los jóvenes es un factor de preponderancia, así como también “la falta de perspectiva”, y un contexto “de época” que “hay que abordarlo”.
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En ese sentido, el ministro de Salud se mostró preocupado y encendió todas las alertas: “Me preocupa muchísimo la ausencia absoluta de política sanitaria por parte del estado Nacional, no tiene recursos, no hay capacitación, no hay medicación, cerraron las residencias, cerraron todos los programas de salud mental, y nos quitaron los medicamentos”.
La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El 3 de agosto pasado, la Fundación Soberanía Sanitaria, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), Fundación Huésped y Fundación Grupo Efecto Positivo, participaron de una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y expusieron las consecuencias que las políticas de ajuste del gobierno Nacional están teniendo sobre el derecho a la salud en Argentina.
Las organizaciones presentaron evidencia sobre el desmantelamiento de políticas públicas sanitarias y sus efectos en el acceso a medicamentos, vacunas, tratamientos para personas con VIH, servicios de salud mental, pensiones por discapacidad y políticas de cuidados. Además, expusieron que las medidas impactaron con mayor gravedad en las personas mayores, las personas con discapacidad, las niñas, niños y adolescentes y quienes viven con enfermedades crónicas.
Las y los comisionados expresaron su preocupación por el alcance de los recortes y consultaron al Estado argentino sobre las evaluaciones realizadas respecto de sus consecuencias y las medidas adoptadas para evitar interrupciones en tratamientos esenciales. Asimismo, recordaron que la revisión de las políticas públicas no puede realizarse a costa de quienes ya se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Entre los datos expuestos, se destacó la fuerte reducción en la distribución de botiquines de medicamentos, el atraso en el otorgamiento de pensiones por discapacidad y la falta de acceso oportuno a tratamientos para personas con VIH, tuberculosis y hepatitis C. También advertieron sobre el deterioro de las coberturas de vacunación infantil, el desfinanciamiento de las políticas de salud mental y las dificultades que atraviesan los prestadores de servicios para personas con discapacidad.
Al finalizar la audiencia, las organizaciones solicitaron a la CIDH que "inste al Estado argentino a detener las medidas que vulneran el derecho a la salud, restablecer las políticas públicas desmanteladas y reparar los daños ocasionados". Asimismo, pidieron que la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) "elabore un informe específico sobre el impacto del ajuste fiscal en el derecho a la salud y evalúe realizar una visita al país para constatar la situación denunciada'.
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