Pese a que el turismo atraviesa uno de sus escenarios más complejos de los últimos años en San Luis, el oficialismo provincial decidió bloquear el tratamiento de un proyecto que buscaba declarar la Emergencia Turística por doce meses. La iniciativa, impulsada por el Frente Justicialista en la Legislatura, contemplaba una reducción del 75% en el impuesto a los Ingresos Brutos, exenciones impositivas temporales, planes de regularización y pago de servicios, líneas de financiamiento a tasa cero y herramientas destinadas a preservar los puestos de trabajo.
Un informe elaborado por el Partido Justicialista muestra la caída registrada desde 2023. Durante el último año de la gestión de Alberto Rodríguez Saá, la ocupación promedio alcanzó el 80,4% en verano y el 74% en las vacaciones de invierno. En 2025, esos indicadores descendieron al 60% y al 40%, respectivamente.
En comunicación con El Destape, la diputada provincial Silvia Sosa Araujo cuestionó la decisión y señaló una contradicción en el argumento oficial. "Desde que asumió Claudio Poggi vivimos en emergencia", afirmó, en referencia a la emergencia económica y administrativa que el Gobierno provincial impulsó con el Decreto Nº 150-SGG-2023 y luego prorrogó. Para la legisladora, resulta incoherente sostener una situación de emergencia general y al mismo tiempo negarse a declarar una específica para una actividad en caída.
El bloque oficialista rechazó el tratamiento sobre tablas del proyecto y, con ello, impidió que se debatiera en el recinto. La justificación fue que la iniciativa "recién ingresaba al sumario y que la cantidad de artículos impedía evaluarla en esa sesión". El oficialismo cuenta con mayoría propia, de modo que estaba en condiciones tanto de fijar un cronograma de tratamiento como de aprobar una versión recortada del texto.
Rechazar el tratamiento implica, según Sosa Araujo, "darle la espalda a las pymes, a los comerciantes, a los hoteleros y a todas las personas que dependen hoy del turismo". La diputada tampoco se mostró optimista sobre el futuro de la iniciativa: "Va ahora a comisión. Claramente va a dormir en la comisión porque no tenemos los votos para que salga a la luz, porque el oficialismo tiene mayoría parlamentaria".
El Hotel Potrero de los Funes perdió plata con su actividad
El deterioro del sector se refleja también en las cuentas del Hotel Potrero de los Funes, propiedad del Estado provincial y uno de los establecimientos turísticos más importantes de San Luis. Según detalló Araujo, durante 2025 el hotel facturó $6.059 millones, un 14% menos que los $7.042 millones de 2024. Se trata de una caída nominal, por lo que medida en términos reales —descontando la inflación del período— la retracción resulta considerablemente mayor.
El dato más elocuente aparece en el resultado del ejercicio. Mientras en 2024 el establecimiento había obtenido una ganancia superior a $656 millones, en 2025 cerró con un resultado positivo de apenas $1,72 millones: dos por mil de lo ganado el año anterior.
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La explicación de ese magro resultado positivo está en otra línea del balance. El hotel terminó el año con $845 millones en inversiones financieras, distribuidos entre fondos comunes de inversión y plazos fijos, colocaciones que le rindieron $272 millones. Descontado ese aporte, la actividad propiamente turística del establecimiento cerró el ejercicio con una pérdida operativa cercana a los $270 millones.
De este modo, el principal hotel de la provincia no se sostuvo con su actividad, sino con la renta financiera. Y lo hizo mientras el sector privado reclamaba las líneas de financiamiento a tasa cero que la Legislatura no llegó a discutir.
Menos reservas y estadías más cortas
Cabe destacar que el problema no se reduce al porcentaje de camas ocupadas. El informe del PJ señala una modificación en el comportamiento de los turistas, con estadías más cortas, reservas realizadas a último momento y una mayor dependencia de las promociones para concretar los viajes. También advierte una concentración de la actividad alrededor de festivales, eventos deportivos y determinados fines de semana, lo que dificulta sostener niveles de ocupación durante períodos extensos.
El documento que presentó el Bloque Justicialista reconoce que la situación económica nacional afecta el consumo turístico y reduce la capacidad de las familias para destinar recursos a viajes. Sin embargo, cuestiona que esa explicación se utilice como respuesta suficiente mientras empresarios y trabajadores reclaman herramientas provinciales para atravesar la caída.
Con niveles de ocupación alejados de los de 2023 y establecimientos que muestran un fuerte deterioro en sus resultados, el oficialismo utilizó su mayoría para impedir que la emergencia se discutiera en el recinto. Desde el Frente Justicialista reclaman que la iniciativa vuelva a ser abordada y que se conforme una mesa de trabajo con hoteleros, gastronómicos, comerciantes, trabajadores y municipios. Mientras tanto, el sector continúa reclamando medidas para afrontar una temporada marcada por la caída de la demanda.
Con la temporada invernal cerrada veintiún puntos por debajo de 2023 y un proyecto que no llegó siquiera a debatirse, el sector encara los próximos meses sin ninguna herramienta provincial de asistencia. El oficialismo argumentó que la iniciativa recién ingresaba y que sus artículos requerían más análisis, pero no fijó fecha de tratamiento ni anunció una propuesta alternativa. Esa definición deja abierta la única pregunta que resta responder: si el Gobierno de Poggi considera que la crisis del turismo puntano no amerita una respuesta específica, o si simplemente prefiere que la discusión no ocurra en el recinto.
