Juicio YPF: Milei festeja pero quería pagar y negociaba por atrás

Argentina logró revertir el fallo que la condenaba a pagar 16.000 millones de dólares más intereses por la expropiación del 51% de YPF en 2012. Es, vale aventurarse, la noticia del año, al menos en términos positivos para el país. Es el mayor juicio que tiene el país, una cifra sideral e impagable y, sobretodo, prácticamente la resolución de un desaguisado donde en lugar de celebrar la decisión de CFK, Axel Kicillof y el Congreso de recuperar la petrolera de bandera, invertir en Vaca Muerta y revertir la balanza energética negativa que arrastraba el país todo se transformó en un litigio comprado por un fondo buitre, llevado a cabo en Estados Unidos y que solo servía para atacar al gobierno que tuvo esa iniciativa clave para el país.

Las circunstancias y los tiempos judiciales estadounidenses hicieron que le toque a Javier Milei como presidente recibir la buena nueva y que éste aprovechara para apropiársela cuando, en realidad, su postura era pagarle al fondo buitre, negociaba por detrás e hizo todo tipo de maniobras contra la posición histórica de la Argentina en el juicio. Apenas trascendió la noticia de la reversión de la condena Milei volvió a entorpecer la postura del país al insistir que el caso fue por errores de Kicillof, que más allá de que sea su contrincante electoral representaba al Estado que tiene continuidad jurídica y eso implica asumir que fue culpa de la Argentina.

Milei, por el contrario, debería agradecer esa reestatización que apuntaló Vaca Muerta, prácticamente el único sostén de la economía actual, y el fallo confirma lo que siempre sostuvieron CFK y Kicillof: que la recuperación de YPF se hizo bajo las leyes argentinas, la decidió el Congreso y nada tienen que hacer jueces de Estados Unidos y menos el fondo buitre Burford que no tenía ningún vínculo con la empresa y se limitó a comprar el juicio para especular con su resultado, un boomerang que se reflejó en el derrumbe de sus acciones apenas se conoció la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

La sentencia es clara: dice que si bien el estatuto de YPF tenía una cláusula tramposa que decía que si alguien quería comprar la mayoría accionaria de la empresa tenía que ofrecerle al 49% restante pagarles un precio exorbitante por sus acciones, no hubo una compra sino una ley de expropiación del Congreso, algo legal en Argentina y que está por encima de cualquier estatuto de una empresa privada. Todo fue legal y los jueces sentenciaron que los reclamos “no son admisibles bajo las leyes argentinas” y “carecen de fundamento”.

Milei festeja, pero hay muchos elementos que indican que deseaba otro final.

Milei quería pagar

Milei hizo de todo para entorpecer este juicio. Desde el uso constante del mameluco de YPF, que abonaba al argumento de Burford de que el Estado era el alter ego de la empresa, hasta la designación como Procurador del Tesoro (el jefe de los abogados del Estado) de Santiago Castro Videla, cuyo socio fue testigo experto pago por fondos buitres justamente en este juicio. Lo más grave fue que, apenas asumió, Milei dijo que el país tenía “willing to pay”, es decir, la voluntad de pagar, y le dijo a Luis Majul que pensaba crear la “tasa Kicillof” para pagarle al fondo buitre Burford con un bono perpetuo pagado por todos los argentinos. Esto contradecía la línea histórica de los abogados del país, que siempre sostuvieron que no había que pagar nada. ¿Por qué el presidente decía que quería pagar, nombraba como jefe de los abogados del Estado a un testigo del fondo buitre y jugaba al playero de YPF poniendo en riesgo a la empresa que ya había sido apartada del caso? Mientras tanto tenía negociaciones paralelas por fuera del expediente.

La cronología de las maniobras de Milei que enturbiaban el caso YPF fue la siguiente:

• En septiembre de 2023, entre la primera vuelta y el balotage que lo llevaron a la presidencia, Milei envió al economista Darío Epstein y al banquero Juan Nápoli, dos personas de su confianza y por entonces de su círculo estrecho en materia económica, a una cena en Estados Unidos en la casa de Gerardo “Gerry” Mato. Este hombre es clave: llegó a ser Chairman de Global Banking de HSBC y ya fuera de ese banco, se presentaba en Wall Street como negociador por parte de Burford con el gobierno argentino. Un hombre que lo conoce y transita por el sector financiero de Wall Street le aseguró a El Destape que Mato se presentaba como el hombre de Burford para negociar con el gobierno argentino en el caso YPF. “Si alguien como Mato te dice que trabaja para Burford es que trabaja para Burford. Tiene una reputación intachable acá”, insistió esta fuente que solicitó anonimato. Un dato no menor. Varios medios publicaron que el puente entre Milei y Mato fue Mauricio Macri, que lo acercó al banquero para que le consiga financiamiento de campaña. “Gerry” Mato terminó trabajando para el fondo buitre Burford con tarea negociar por fuera de los tribunales con el gobierno argentino al que, indican algunos medios, le financió parte de la campaña.
• El 9 de septiembre Milei publicó un tuit donde hablo de la "confiscación ilegal de YPF", dándole la razón al fondo buitre Burford. 
• “YPF, primero la tenés que racionalizar, y después se vende”, le dijo Milei a Chiche Gelblung en octubre de 2023, justo antes del balotage que lo catapultaría a la presidencia. “¿Vendés Vaca Muerta?”, le preguntó Gelblung. “Sí, cuál es el problema. Buscás la forma de privatizarlo”, confirmó Milei. 
• El periodista Leandro Renou reveló que “según registro oficiales, el 19 de diciembre de 2023, el ex procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, citó en su oficina a la cúpula del fondo buitre Burford, el enemigo de Argentina en el tema YPF” y que “en esa reunión Argentina no dio pelea por no pagar, casi que se entregó”. En el encuentro estuvieron Rodrigo Olivares Caminal (representante legal de Burford) y Jonathan Molot (director de inversiones de Burford). A los pocos días de esa reunión, el presidente Milei le dijo a Majul que la Argentina tenía voluntad de pago en el caso YPF. ¿Casualidad? Barra terminó afuera del gobierno y Milei lo reemplazó con el socio de uno de los abogados de los buitres.
• “Hay willing to pay (voluntad de pago)”, le dijo Milei a Majul el 23 de diciembre de 2023, a pocos días de asumir la presidencia y pocos días después de esa reunión del jefe de los abogados del Estado con los representantes de Burford. Majul le había preguntado por el juicio de YPF y el recién asumido Milei decía que quería pagar. Eso fue un vuelco de 180 grados en la posición de la Argentina que siempre, siempre, dijo que no tenía que pagar nada por este juicio. ¿Por qué un presidente recién asumido manifestó en público que tenía intención de pagar un juicio donde el Estado argentino dijo siempre lo contrario?

• En la misma conversación con Majul, el novel presidente Milei incluso reveló lo siguiente: “Una de las ideas que estamos trabajando es crear una tasa Kicillof. Es decir, pagarle a este fondo un perpetuo, un bono perpetuo, con algo que se llama la tasa Kicillof. Y que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof. Y que todos los argentinos recordemos todos los días esa barbaridad que hizo Kicillof y que hace que todos los días tengamos que poner una determinada cantidad de dólares para pagar el error de un chico, digamos, que su perspectiva ideológica perjudicó a 46 millones de argentinos”. “¿Como sería, me llega algo a mi casa todos los meses?”, trastabilló Majul. “Claro”, contestó Milei. O sea, a los pocos días de asumir ya tenía incluso una propuesta para pagar que, a su vez, era un reconocimiento de que el Estado argentino era culpable, ya que hay continuidad jurídica y Kicillof era ministro de Economía cuando se reestatizó la empresa.
• En octubre de 2024 “Gerry” Mato, el mismo que recibió en su casa a los enviados de Milei y empezó a trabajar para el fondo buitre Burford, visitó la Casa Rosada y se reunió, al menos, con el jefe de Gabinete Guillermo Francos. El Destape solicitó las planillas de acceso al Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo pero desde el gobierno se negaron a entregarlas. ¿Fue también ahí?
• En enero de 2025, tras la renuncia de Barra como jefe de los abogados del Estado, Milei designó en su reemplazo a Santiago Castro Videla. Es socio del estudio “Bianchi, Galarce y Castro Videla”. Alberto Bianchi, su socio, fue contratado por el fondo buitre Burford para alegar contra la Argentina justamente en el caso YPF. Castro Videla se excusó formalmente de intervenir en el caso YPF por esta conexión. Pero, ¿para qué Milei lo designó como jefe de los abogados del Estado si no podía intervenir en el juicio más importante que tiene el Estado? No tiene sentido. O tal vez sí.

¿Hubo una negociación por fuera de los papeles del juicio entre el gobierno de Milei y el fondo buitre Burford?

Hay un dato concreto. Las dos decisiones más importantes de la jueza Loretta Preska, el pago de 16.000 millones de dólares y entregar acciones de YPF de garantía, eran incumplibles. La Argentina no tenía 16.000 millones de dólares para pagar y las acciones de YPF no podían transferirse por decisión suya ni del gobierno sino que eso depende del Congreso. ¿Por qué, entonces, firmó dos fallos que sabía incumplibles? Burford, obviamente, sabía esto. Y lo mismo el gobierno argentino.

Una hipótesis fuerte era que todo era una puesta en escena para justificar una negociación que el gobierno argentino pudiera vender como una reducción en el pago y el fondo Burford como un triunfo que, fuera la cifra que fuera, multiplicaría con creces los 17 millones de dólares que invirtieron en comprar este juicio. De hecho, Milei filtró esa idea al decir que tenían pensado pagar con un “bono perpetuo” financiado con una “tasa Kicillof”. Milei se excusaba en las presiones de la jueza Preska para que el país pagara; Burford simulaba resignar el cobro completo y se llevaba miles de millones de dólares.

Eso ahora terminó, pero no significa que no existiera aunque Milei se autoperciba como el salvador del caso YPF. A Milei, y al país, lo salvó el Estado. Pese a todo lo anterior, la Procuración del Tesoro mantuvo al estudio jurídico estadounidense Sullivan & Cromwell LLP que intervenía en el caso y la línea planteada desde siempre por los abogados del país: que Argentina no tenía que pagar un dólar y que todo fue legal. Ganaron los abogados de Argentina, la posición histórica argentina, no Milei.

A Burford nadie sabe quién lo salvará: este caso era su joya y, a esta hora, sus acciones cayeron más de 40%.

CFK y Kicillof tenían razón

“Ya había coincidencia en que haber expropiado YPF benefició al país, pero algunos porfiaban que se había ‘expropiado mal’ y que eso ‘nos iba a costar US$16.000 millones de dólares’. Desde hoy, ya no lo pueden decir. El juicio se ganó porque se expropió correctamente, cumpliendo las únicas leyes que importan, que son las de nuestro país, y porque, más allá de las declaraciones desagradables y oportunistas del presidente Milei, su gobierno reiteró en la apelación los mismos argumentos legales que ya había planteado la defensa argentina durante la gestión del gobierno anterior”. Esto publicó apenas se conoció la noticia Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro donde fue responsable de la defensa argentina en este y otros juicios del país en el exterior, bajo la gestión de Carlos Zannini como jefe de los abogados del Estado. 

Cuando, en junio de 2025, la jueza Preska falló en contra del país y puso la cifra de 16.000 millones de dólares que le pedían los fondos buitre, Milei publicó un tuit titulado “Un fallo contra Kicillof”. Lo único que hizo fue reconocer la culpa del país, ya que es poco verosímil que no comprenda la noción de continuidad jurídica del Estado. Lo lógico, ahora que se revirtió ese fallo, sería que publica “un fallo a favor de Kicillof”, pero no va a pasar. De hecho, lo primero que dijo es “tuvimos que venir a arreglar las cagadas del inútil de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta”.

La historia, sin embargo, es otra.

Fue José Alfredo Martínez de Hoz en la noche dictatorial quien habilitó que los juicios contra el país se hagan en el extranjero, algo que, vale decir, que ningún gobierno posterior modificó. Y fueron Carlos Menem y Roberto Dromi quienes diseñaron la privatización de YPF con cláusulas que impidieran su recuperación por parte del Estado mientras firmaban decenas de tratados de protección de inversiones extranjeras, que tampoco ningún gobierno posterior modificó. Milei tendría que apuntar hacia ellos. 

¿Qué pasaba en 2012, cuando CFK impulsó la recuperación del control de YPF para el Estado? Argentina tenía problemas en materia energética y la YPF controlada por la española Repsol no tenía una mirada estratégica sobre el desarrollo productivo en el país sino que su negocio era la rentabilidad rápida y la fuga de esas ganancias hacia la sede central. Es más: en las audiencias de este juicio la defensa argentina mostró datos de cómo Repsol y la familia Eskenazi se repartían dividendos por encima de las ganancias de YPF: un 118% entre 2006 y 2001. Mientras tanto, entre 2001 y 2011 bajó su producción un 41% en petróleo, un 23% en gas, sus reservas de crudo bajaron un 66% y las de gas un 82%.

¿Por qué era necesario que el Estado volviera a controlar YPF? Primero por historia y simbología: fue creada por el Estado en 1922, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen y bajo el comando del general Enrique Mosconi. Fue una decisión geopolítica clave, para garantizar la soberanía energética. Menem la privatizó en mayo de 1992, tras hacer lo mismo con el gas y la electricidad y, para tener apoyo de todo, antes había entregado los canales de televisión, en especial el 13 al Grupo Clarín. La excusa para la privatización era que YPF daba pérdidas; no mencionaban su megaendeudamiento durante la dictadura empresario-militar, donde los genocidas usaron a la petrolera para pedir dólares que usaban para gastos en pesos. Entre 1976 y 1983 se calcula que las deudas de YPF crecieron entre 1.200 y 1.600% bajo el comando del genocida Guillermo Suárez Mason.

¿El fondo buitre Burford Capital era dueño de acciones de YPF en 2012, cuando el Congreso votó la expropiación del 51% de la empresa que tenía la española Repsol? No. Los accionistas minoritarios eran la familia Eskenazi y el fondo Eton Park. ¿El juicio lo inician los Eskenazi y Eton Park en 2012, cuando el Estado expropia el 51% de las acciones de YPF? No de nuevo. Empezó en 2015 y lo empujó el fondo buitre Burford Capital, cuyo negocio es la compra de juicios multimillonarios como este.

Burford Capital le compró a los Eskenazi el 70% de los derechos de indemnización de ese juicio por 15 millones de euros, por entonces unos 18 millones de dólares. Luego vendió algunas partes, pero si lograba cobrar los 16.000 millones de dólares era más del 20.000% de esa inversión. Era un negocio redondo pese a que no tenían nada que ver con YPF y que iniciaron el juicio 3 años después de que se decidiera la expropiación y 1 año después de que en 2014 se materializara con el pago de la Argentina a Repsol de 5.000 millones de dólares por el 51% de las acciones. Hoy podemos decir que no les salió. 

Tema aparte la necesidad de prohibir que fondos de inversión compren juicios. ¿Por qué Burford compró el juicio? Los Eskenazi se habían endeudado con Repsol y el Credit Suisse para quedarse con el 25% de YPF y pagaban esa deuda con los dividendos que sacaban de la empresa. Cuando el Estado recuperó la conducción de YPF y empezó a reinvertir los dividendos en lugar habilitar su fuga los Eskenazi dejaron de pagar su deuda, la empresa española desde la que operaban quebró y finalmente le vendieron el juicio a Burford. El dato es importante porque se pasó de un sistema de bicicleta financiera y desinversión a que YPF comandara el desarrollo de Vaca Muerta y su rol en el mercado, clave para el desarrollo energético del país. El negocio especulativo, sin embargo, se mantuvo: Burford toma este caso como una inversión financiera, no productiva.

¿Como se llegó hasta acá? Entre 2015 y 2020 la discusión se centró en si correspondía que el caso estuviera radicado en Nueva York o en Argentina. Para el Estado argentino se trataba de un acto soberano, exceptuado de su tratamiento en tribunales extranjeros por la inmunidad soberana del mismo, de la expropiación dictada por el Congreso y bajo las leyes argentinas. La jueza Preska, sucesora de Thomas Griesa, rechazó el planteo argentino y resolvió quedarse con el caso. La Cámara de Apelaciones ratificó la decisión de Preska y la Corte Suprema de Estados Unidos no tomó el expediente, lo que confirmó que el caso quedaba en Nuevo York.

La Argentina hizo un nuevo intento de que el expediente viniera al país bajo el concepto del Foro no conveniente. Aceptó que los tribunales de Nueva York eran competentes pero alegó que no era conveniente ya que todo giraba en torno al derecho argentino, algo que la propia Preska reconoció y que ahora es el fundamento del fallo que resolvió el caso. Durante el gobierno de Macri la jueza Preska rechazó este pedido. Una de las razones fue una denuncia penal en la Argentina contra los abogados del estudio King & Spalding, que representaban a Burford. No podía ser Foro conveniente si los abogados tenían riesgo procesal. Durante el gobierno de Alberto Fernández se insistió de nuevo en traer el juicio a la Argentina. La jueza Preska dijo que los tribunales argentinos eran aptos pero como lo que está en juego son las acciones de YPF en Wall Street resolvió quedarse el caso en junio de 2020. Las famosas ADR que Menem incluyó en la privatización.

Ahora la clave del juicio. ¿Por qué los buitres alegaban que la Argentina tenía que pagar por el 49% de las acciones a pesar de que se decidió expropiar sólo el 51% para mantener a YPF como una empresa mixta, con mayoría accionaria del Estado pero también con capitales empresarios, en pos de sus relaciones con el mercado? Por la trampa que dejaron Menem y Dromi en el Estatuto de YPF cuando la privatizaron y que es la clave que permitió la condena contra el país en este juicio, ahora revertida.

La privatización, hay que aclarar, incluía las acciones de YPF en Nueva York, las American Depositary Shares, conocidas como ADR, lo que luego de muchas idas y vueltas determinó que el caso quedara en Estados Unidos y no en tribunales argentinos. Eso junto con la trampa en el Estatuto de YPF diseñado por Menem y Dromi son las claves de este juicio.

El artículo 7 de ese Estatuto de YPF diseñado por Menem y Dromi estableció que si alguien adquiría el 51% de las acciones de YPF tenía que hacerles al resto de los accionistas una oferta pública por sus acciones (en criollo, ofrecerse a comprar las acciones del otro 49%) por un valor mucho mayor al que tenían. Lo que se conoce como OPA. El objetivo era garantizarles a los accionistas privados que el Estado nunca volvería a tomar el control de YPF. Menem lo hizo.

Esta cláusula, que hablaba de adquisición pero no de expropiación como efectivamente sucedió, es la que dejó la puerta abierta para el juicio y la resolución en los términos de la justicia estadounidense, ahora revertida. 

La trampa en el Estatuto de YPF estipulaba que esa oferta de comprar las acciones en caso de que alguien se quede con el 51% de la empresa tiene 4 opciones de cálculo: A, B, C y D. Había que pagar la que de más. Burford, en su demanda, puso lo que llama la “Fórmula D”, que es obviamente la cuenta que le daba más beneficios. La jueza Preska les dio la razón. Es una fórmula compleja, donde el cálculo se hace en relación a la valor de las acciones y los ingresos de la empresa en los 4 trimestres previos a que se tendría que haber comunicado la oferta de compra de las acciones. Y la clave es que el valor es mucho más alto en la fecha que pretendía Burford que en la que ponía la Argentina, que es cuando tomó efectivamente control de YPF.

En 2012 el Congreso decidió por ley la expropiación del 51% que era de Repsol y no hizo esa OPA. ¿Por qué? Porque en la Argentina el Estatuto de una empresa privada no está por encima de una decisión soberana del Estado Argentino y de su Congreso, que votó la expropiación del 51% de YPF y nada más. En los tribunales argentinos, amén de los jueces serviciales, eso tiene una jurisprudencia clara en favor del derecho público; en los estadounidenses no, por eso el fondo buitre Burford peleó y logró que el caso quedara radicado en Nueva York y por este motivo la jueza Preska falló contra la Argentina. Esto es otro de los tantos argumentos que desmienten la responsabilidad de Kicillof. Él era ministro de Economía y el Congreso le ordenó expropiar el 51%, si no lo hacía ahí sí cometía un delito. Y nunca un tribunal argentino pondría el estatuto de una empresa privada por sobre una ley, como sí hace la justicia de Estados Unidos hasta ahora, que la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó el fallo de Preska y dijo lo que siempre sostuvo la Argentina: que todo fue legal en Argentina, con leyes argentinas, y por ende nada que reclamar. 

Así las cosas, la jueza Preska primero falló contra la Argentina y tomó el cálculo que hicieron los fondos buitre, los famosos 16.000 millones de dólares. La sentencia, que tenía entre otros problemas que ese monto era impagable, fue apelada por el Estado Argentino y esa apelación es la que ahora se resolvió a favor del país.

Milei va a tratar de capitalizar la situación, pero la historia es otra.