La visita del empresario y filántropo británico Maurice Ostro a la Casa Rosada marca un nuevo episodio en la agenda del gobierno de Javier Milei, que busca consolidar a la Argentina como un enclave para la infraestructura tecnológica pesada. Bajo el paraguas del denominado Super RIGI, la gestión libertaria sigue explorando la manera de atraer capitales extranjeros para la construcción de centros de datos, un negocio que, detrás de la promesa de modernidad, podría esconder un entramado de entrega de recursos estratégicos y riesgos severos para la privacidad de los ciudadanos.
El interés de Ostro en proyectos de infraestructura digital no es un hecho aislado, ya que se suma a la sintonía que el Presidente viene mostrando con figuras como Elon Musk y Peter Thiel, este último fundador de Palantir y mentor de un modelo de negocio basado en la integración de grandes volúmenes de información para el análisis predictivo y la vigilancia.
Todo este entramado que viene conjurando la administración libertaria no pasó de anuncios poco claros que despertaron múltiples especulaciones, como es el caso del Gemelo Digital, que la oposición ya se ocupó de llevar el tema a la Justicia ante la posibilidad de que, debido a la ausencia de regulación, el oficialismo pretenda utilizar las nuevas tecnologías para el control social o someter a nuestro país a un nuevo tipo de extractivismo de datos.
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El Gemelo Digital y la sombra de Palantir en el control social
El desembarco de Ostro en Casa de Gobierno es un nuevo episodio en la obsesión libertaria de establecer lazos con empresas comandadas por megamillonarios del mundo tecnológico. Dentro de este escenario, el anuncio del "Gemelo Digital Social" por parte del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, representa la punta de lanza de este proyecto.
Presentado como una herramienta de vanguardia para "optimizar" políticas públicas, el sistema busca unificar bases de datos sensibles de ANSES, RENAPER, salud y educación en una sola plataforma centralizada. Sin embargo, esta ambición choca de frente con la legalidad vigente y con fallos recientes de la Corte Suprema, como el caso Torres Abad, que prohíben la cesión de datos entre organismos sin consentimiento específico.
La implementación de este tipo de sistemas ya despertó alarmas
- Vigilancia y soberanía: la posible participación de empresas como Palantir en la gestión de esta "base unificada" implicaría que los datos de millones de argentinos queden sujetos a leyes estadounidenses como la CLOUD Act, permitiendo el acceso de agencias como el FBI o la CIA sin control local.
- Impacto ambiental y energético: los centros de datos necesarios para estas IA consumen cantidades "monstruosas" de energía y agua. Se proyecta que para 2030 consumirán el 20% de la electricidad mundial. En la Patagonia, el Gobierno ya habilitó la privatización de represas hidroeléctricas que podrían ser destinadas exclusivamente a alimentar estas instalaciones, en lugar de abastecer a la red nacional.
- Nulo beneficio local: a pesar de los anuncios pomposos, estos centros requieren escasa mano de obra argentina, centrada principalmente en el mantenimiento básico, mientras que la programación y el análisis se realizan de forma remota.
- Resistencia judicial: el peronismo ya llevó el tema a la Justicia. el diputado nacional Agustín Rossi presentó un hábeas data colectivo para frenar el uso masivo de datos, mientras que la diputada Kelly Olmos exigió informes detallados ante lo que considera una violación de la confidencialidad y la soberanía nacional.
Con esta nueva visita, la gestión Milei sigue consolidando una agenda donde la sintonía con magnates extranjeros como Ostro o Thiel funciona como el motor del "Super RIGI", que va camino a facilitar el desembarco de capitales internacionales en la infraestructura tecnológica de datos en el país.
La maniobra no sólo podría allanar el terreno para que empresas como Palantir accedan a la información privada de millones de ciudadanos mediante negociaciones de las que se desconocen sus objetivos reales, alcances y beneficios nacionales, sino que también configura un eventual escenario de vigilancia masiva y pérdida de soberanía digital que ignora fallos judiciales y principios básicos de protección de datos personales.
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