La detención de Facundo Leal, ex titular de la empresa estatal de telecomunicaciones ARSAT y hasta hace poco funcionario promovido por el gobierno de Javier Milei, destapó una de las ollas de corrupción más escandalosas de los últimos años.
Lo que comenzó como una investigación por el robo de cables y materiales en un depósito de San Fernando derivó en el hallazgo de una fortuna en efectivo y un "stock" de drogas sintéticas digno de un comercializador, aunque el imputado alegue “consumo personal”. El caso no solo expone una matriz de corrupción enquistada, sino que revela la peligrosa práctica del actual Gobierno de reciclar figuras de gestiones anteriores bajo la excusa de una supuesta falta de cuadros propios en lugares clave del Estado.
El operativo, liderado por la Policía Federal, tuvo sus puntos más altos en un lujoso departamento de Palermo y en una propiedad en Mendoza. Entre ambos domicilios, los investigadores contabilizaron la abultada suma de más de 2,5 millones de dólares en efectivo, además de fajos de billetes de diversos países, desde reales hasta chelines tanzanos. Junto al dinero, se incautó un surtido de estupefacientes que complica seriamente la situación procesal de Leal: 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de éxtasis y 14 gramos de cocaína.
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El ascenso del "superfuncionario" y la complicidad del reciclaje político
Leal no es un recién llegado al Estado; es un abogado mendocino que supo orbitar en cargos estratégicos durante casi dos décadas, consolidándose como una figura transversal capaz de sobrevivir a cualquier cambio de signo político.
Sin embargo, resulta paradójico que el gobierno de Milei, que llegó al poder con la promesa de barrer con la "casta" y auditar la corrupción del pasado, haya decidido premiar a Leal con la presidencia del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) mediante el Decreto 390. A pesar de haber presidido ARSAT durante la gestión de Alberto Fernández —período en el que se habrían direccionado los contratos ahora investigados—, la administración libertaria lo mantuvo en la estructura estatal hasta enero de este año, lo que evidencia enormes contradicciones con su retórica moralista.
La investigación judicial, a cargo del juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, apunta a una estructura delictiva denominada informalmente como "la banda de los mendocinos". Este grupo habría orquestado una ficción de competencia para favorecer a la empresa Argentina Logistic Services (ALS) en contratos de depósito y logística.
Los datos que emergen de la causa son contundentes:
- Patrimonio sospechoso: entre 2021 y 2025, el patrimonio declarado de Leal se multiplicó por nueve, pasando de 58 millones a 528 millones de pesos.
- Contrataciones directas: se investigan órdenes de compra y prórrogas por más de 1,9 millones de dólares firmadas por Leal y otros gerentes sin la debida intervención del directorio.
- La conexión Boschin: Gerardo Boschin, otro mendocino que fue gerente de compras en ARSAT y luego designado por el gobierno de Milei como presidente de Trenes Argentinos, está acusado de filtrar información a empresarios amigos para amañar licitaciones.
La causa permanece bajo secreto de sumario, pero el escándalo deja en evidencia la fragilidad del discurso de transparencia oficialista y la pervivencia de entramados de presunta corrupción a través de gestiones de diferentes signos políticos.
El hecho de que Leal haya seguido vinculado a la planta permanente de ARSAT mientras ostentaba cargos jerárquicos otorgados por Milei sugiere que, lejos de combatir los vicios del pasado, el gobierno actual permitió que sigan operando en las sombras de la administración pública.
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