El Gobierno lanzó esta semana una prueba piloto destinada a reconvertir las inspecciones contra el empleo no registrado en un procedimiento que incluirá al menos cuatro “visitas de cortesía” para instruir a los empleadores fuera de la norma y promover las bondades de la reforma laboral. El programa arrancó con cerca de trescientos funcionarios de la Secretaría de Trabajo nacional y de las agencias territoriales de esa cartera distribuidas en todo el país que deberán dar vuelta un historial de larga data como “policía del trabajo” hacia tareas de información y colaboración propias de un “Estado amigable” como se encargaron de explicar los responsables de la iniciativa.
Se trata del nuevo Programa de Fomento del Empleo y Buenas Prácticas que lanzó el Ejecutivo con bajo perfil en reemplazo del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) que se encontraba vigente desde 2003 y que incluía la coordinación de las áreas de Trabajo, Seguridad Social y la exAFIP para el control de la adecuada registración de los trabajadores en una empresa. El PNRT contemplaba la aplicación de multas administrativas y eventualmente la continuidad de las acciones ante la Justicia contra los empleadores incumplidores así como su incorporación a un registro público (Repsal).
Las tareas de contralor propias de la cartera laboral apuntaron en las últimas dos décadas a combatir el empleo no registrado y modalidades como el trabajo precario, clandestino, infantil, explotación e incluso formas de reducción a la servidumbre y esclavismo. En 2024 la administración de Javier Milei logró un primer paso en el sendero de desarticular la persecución estatal a los empleadores fuera de norma cuando la ley Bases dio de baja buena parte de las multas que existían para penalizar el trabajo no registrado. Este año amplió ese temperamento a partir de la ley 27.802 de reforma que creó el Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) con reducción de aportes y contribuciones y mejora de condiciones para no ser incluido en el Repsal.
El protocolo de abordaje de las empresas por parte de los inspectores, enunciado por las autoridades de la cartera esta semana, prevé no menos de cuatro visitas a cada empresa antes de llegar a la instancia de sustanciar una multa por trabajo irregular. Un funcionario le detalló a El Destape que de hecho en un primer contacto los empleados ni siquiera deberían consultar por la cantidad de trabajadores en cada unidad abordada. La premisa es que cualquier acercamiento, al menos en las cuatro oportunidades iniciales, deberá ser amistoso y con el objetivo de mostrar predisposición a colaborar con el propietario.
Según pudo reconstruir este medio, las instrucciones contemplan una primera visita a la empresa en la que los inspectores sólo podrán contarles a los responsables del establecimiento las bondades de la reforma laboral y del registro de cada empleado. En las concurrencias sucesivas siempre deberá primar la cordialidad y la predisposición de los funcionarios, incluso ante la persistencia de la irregularidad, a brindar información y prestar colaboración. Sobre este último punto, en Trabajo destacan que es usual hallar propietarios con personal a cargo que desconocen nociones básicas como obtener clave tributaria.
En los dos años de gestión de Javier Milei se destruyeron al menos 300 mil puntos de trabajo y el empleo no registrado se estacionó por arriba del 43 por ciento, tras registrar subas incluso cuando se eliminaron las multas. En una primera etapa el nuevo plan sólo abordará comercios y pequeñas y medianas empresas.
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