Caso AFA: Quién es Diego Amarante, el polémico juez de la causa que paró el fútbol

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante decidió favorecer al gobierno el jueves pasado, en medio del tratamiento de la Reforma Laboral en Diputados, cuando citó a indagatoria y prohibió la salida del país al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en una causa que impulsa la Casa Rosada por una millonaria retención de aportes. El magistrado actuó casi como acto reflejo a una solicitud de ARCA (exAFIP), que había requerido ese accionar pocas horas antes. Su decisión provocó una reacción de la dirigencia del fútbol argentino que este lunes anunció la suspensión de la fecha 9 como repudio.  A juzgar por la velocidad y el momento en que Amarante tomó su resolución se trató de un gesto político hacia el Poder Ejecutivo. No parece azaroso que el futuro judicial de este magistrado esté atado a la voluntad del presidente Javier Milei: Amarante concursa para tres cargos de camarista y en el proceso más importante de los tres, el que es para ocupar vacantes en la Cámara Federal de Casación Penal, quedó en zona de designación.

¿Quién es Diego Amarante? Se trata de un magistrado que por más de 15 años actuó como secretario del entonces juez Eduardo Riggi en la Cámara Federal de Casación. Fue designado al frente del juzgado federal Nº 5 del fuero en lo Penal Económico a finales de 2014. Es hijo de Juan José Amarante, mayor retirado del Ejército, quien estuvo acusado de cometer crímenes contra la humanidad durante la última dictadura cívico-militar. El ahora juez llegó a pedirse licencia en la Casación para actuar como abogado de su padre, quien fue jefe de inteligencia del Ejército en La Pampa en pleno terrorismo de Estado. Más allá de las acusaciones Juan José Amarante terminó con falta de mérito.

Los vínculos de Amarante con el mundo de las Fuerzas Armadas no parecen terminar en su padre. Fuentes que conocen la mecánica del juzgado a su cargo aseguran que allí cumplió funciones la hermana del actual jefe de la Armada, el vicealmirante Juan Carlos Romay. La resolución 3471/2016 de la Corte Suprema de Justicia da cuenta de que el 23 de noviembre de 2016 se prorrogó por un año más la contratación de Verónica Viviana Romay en el cargo de prosecretaria administrativa del juzgado en lo Penal Económico Nº 5.

Amarante hizo carrera judicial de la mano del camarista Eduardo Riggi, quien llegó a la Casación durante el gobierno de Carlos Menem y quedó envuelto en diversos escándalos. Acaso el más notorio que protagonizó Riggi fue la denuncia que recibió por “cohecho” y “tráfico de influencias” para beneficiar la situación procesal del sindicalista José Pedraza, en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra. Por su vínculo con Riggi –quien terminó sobreseído-, Amarante declaró como testigo en el caso Ferreyra y allí reconoció contactos de Riggi con el integrante de la SIDE Juan José Riquelme, acusado de ser el intermediario para el pago de las coimas.

Durante el gobierno de Milei, Riggi también se vio involucrado en el caso de las visitas de diputados libertarios a genocidas en la cárcel de Ezeiza. Su nombre aparece en un grupo de chat cuyos mensajes se filtraron y dan cuenta de que legisladores de La Libertad Avanza trabajaban con abogados y familiares de represores para intentar liberar a los militares encarcelados por crímenes de lesa humanidad. En esos chats estaba María Laura Olea, también exsecretaria de Riggi en Casación, que compartió su tiempo en la máxima instancia penal del país junto a Amarante. El padre de María Laura Olea también fue acusado de genocida.

Los concursos y la necesidad de un guiño presidencial

El accionar de Amarante en la causa AFA no puede disociarse de su voluntad de ascender en el escalafón judicial, para lo que necesita de un guiño presidencial.

En la actualidad, el titular del juzgado en lo Penal Económico Nº 5 participa de tres concursos para ascender a cargos estratégicos que tramitan en el Consejo de la Magistratura. Se postuló para ser designado en la Cámara Federal de Casación Penal (la máxima instancia penal del país); en la Cámara Nacional en lo Penal Económico; y en la Cámara Federal porteña (la instancia revisora de Comodoro Py).

Donde mejor posicionado quedó fue en el concurso para la Casación. Actualmente se encuentra octavo en el orden de mérito provisorio y como hay tres vacantes integraría una de las ternas para poder llegar a donde cumplió funciones con Riggi. Si se confirma este orden de mérito y el plenario del Consejo lo avala, solo restaría que Milei lo elija para que Amarante pueda acceder al cargo que tanto desea. No obstante, si no prospera esta posibilidad, juega con dos alternativas nada desdeñables.

En este contexto, la causa AFA asoma como un “trampolín” para Amarante. Por eso en tribunales se interpretó su decisión del jueves pasado como un gesto político hacia el gobierno, que está muy interesado en desplazar al Chiqui Tapia de la AFA. Amarante comunicó en aquella jornada, mientras se debatía la Reforma Laboral, que citaba a indagatoria a Tapia para el 5 de marzo a las 12. Lo acusa de retención de aportes por más de 19.000 millones de pesos. Se trata de una causa impulsada por ARCA, es decir, por el gobierno. La convocatoria alcanza a otros dirigentes de la AFA como el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, quien está relacionado al canal Carnaval Stream, que fue el que difundió los audios que se le adjudican a Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, en el Coimagate. En la misma resolución, Amarante prohibió la salida del país de Tapia, a cuatro meses del Mundial de Fútbol. 

Desde el entorno del Chiqui Tapia aseguran que el mandamás de la AFA está siendo perseguido judicialmente. Porque “la administración (ARCA) no puede considerar que es delito una omisión de integrar impuestos y aportes retenidos y denunciar por eso a una asociación sin fines de lucro cuando, a la vez, la propia administración (ARCA) dicta resoluciones por las que se impone la obligación de no ejecutar a ese tipo de asociaciones. Si eso es así, no debiera haberse realizado la denuncia. Y si la realiza no debiera obligar a no ejecutar. Sino es contradictorio y arbitrario”, señalaron a este medio.

Este lunes, la AFA –que también fue citada como persona jurídica a indagatoria- emitió comunicado en el que informó que en la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional los dirigentes decidieron suspender la fecha 9 del fútbol argentino “en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino”.

“La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA, y que fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad”, afirmaron desde la "casa" del fútbol argentino en el comunicado. Y agregaron: “El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones. ARCA pretende considerar que estas obligaciones, que aún no se encuentran vencidas, y que ni siquiera puede cobrar, se transformen en el sustento de la posible comisión de un delito penal tributario, en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes”.

Este lunes también Amarante concedió el recurso de apelación por excepción de falta de acción que hizo la defensa del Chiqui Tapia, a cargo de Norberto Frontini. De prosperar, la causa podría caerse. En la misma jornada, el juez habilitó al presidente de la AFA a realizar un viaje a Colombia y Brasil por cuestiones oficiales. Deberá realizarlo bajo ciertas restricciones.

En nombre del padre: los vínculos castrenses

El padre de Diego Amarante era el militar Juan José Amarante, ya fallecido. Según se recuerda en el libro “El informe 14. La represión ilegal en La Pampa 1975-1983”, de Norberto G. Asquini y  Juan Carlos Pumilla, el padre del juez fue Jefe de Inteligencia militar en La Pampa en tiempos del terrorismo de Estado. Sucedió al capitán Néstor Greppi, desde 1977 en adelante. “Los jefes del SIE determinaban en la mayoría de los casos a quiénes debía capturar el grupo de tareas y los contenidos de los interrogatorios. Luego, los que ejecutaban las órdenes elaboraban el informe que iba al Regimiento”, recuerdan los autores en la obra citada. No obstante, Amarante (p), que llegó a estar detenido, no resultó condenado y recibió una falta de mérito.

El ahora juez llegó a ejercer la defensa legal de su padre estando en funciones en la Cámara de Casación. El abogado en causas de lesa humanidad, Rodolfo Yanzón, recordó esa situación en una nota publicada en Tiempo Argentino en 2012. Entonces escribió que Diego Amarante se tomó licencia “para ser abogado defensor de su padre, Juan Amarante (oficial del Ejército fallecido hace 4 años), acusado de crímenes de lesa humanidad cometidos en La Pampa bajo la órbita del I Cuerpo. Para decirlo con otro tono: jueces del máximo tribunal penal a nivel nacional –que resolverá la totalidad de los casos de lesa humanidad– autorizaron a uno de sus secretarios –cuyo sueldo abona el Estado argentino- a ser defensor de un imputado en esos crímenes. Para ello se valieron de una norma que permite a los integrantes del Poder Judicial desempeñarse como abogados en causas propias y de familiares cercanos. A ninguno de los jueces se les ocurrió que era un desatino que uno de sus profesionales se involucrara de ese modo en causas de su directa competencia y tamaña gravedad”.

Entonces, Amarante era secretario del juez Riggi en Casación (este camarista fue jubilado durante el gobierno de Alberto Fernández). Como se mencionó, Riggi además de estar relacionado con el caso Ferreyra también quedó involucrado en el escándalo de la visita de diputados libertarios a genocidas. Su nombre aparece en un chat con legisladores de Milei, quienes discutían con abogados y familiares de represores posibles proyectos para liberar represores. En esos chats también aparece María Laura Olea.

Coincidencias del mundo judicial y del de los genocidas. Olea era en 2011 secretaria de Riggi en Casación, es decir, era compañera de Amarante, y se presentó ese año como defensora de su padre, Enrique Olea, oficial del Ejército condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad cometidos en Neuquén, según recordó Yanzón en el mentado artículo de Tiempo Argentino. De acuerdo al abogado de lesa humanidad “en ese rol participó de una audiencia ante la misma Cámara en la que es funcionaria. El 12 de julio pasado (NdeR: de 2012) la Cámara de Casación Penal decidió su cese como abogada del militar ‘por motivos de decoro’, cuando debió haber cesado por verse afectada la imparcialidad en estos juicios, para ser más exactos (las razones de ‘decoro’ se utilizan para ocultar algo bajo la alfombra)”.

Olea y Riggi aparecen en un grupo de chat de abogados de genocidas y diputados libertarios que se filtraron en el marco de la escandalosa visita de los legisladores de LLA a represores en la cárcel de Ezeiza que incluyó una foto con Alfredo Astiz. En ese chat se analizaban proyectos para intentar lograr la libertad de los acusados de crímenes de lesa humanidad.

El caso Ferreyra y la citación como testigo

Por su vínculo con Riggi, Amarante declaró como testigo en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra. Fragmentos de su declaración fueron citados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su alegato que culminó la semana pasada. El foco estuvo en la relación del espía Juan José Riquelme, señalado como el intermediario para pagar la coima que favorecería Pedraza, con Riggi.

En el marco de ese juicio, el pasado 12 de febrero, Tomas Griffa, querellante por el CELS, citó pasajes de la declaración de Amarante. Por ejemplo, recordó que el ahora juez afirmó: “Tengo la seguridad de que el señor Riquelme frecuentaba a otros magistrados (además de Riggi)”. Griffa también recordó que Amarante dijo que Riquelme pasaba a ver a Riggi en su despacho. Y que afirmó que lo vio a Riquelme por lo menos 2 veces en el despacho de Riggi. “Una vez estaba Amarante reunido con Riggi, (y) Riggi interrumpe la reunión pasar saludar a Riquelme”, relató Griffa, dando cuenta de lo aceitado que era el vínculo entre el hombre relacionado a la SIDE y el magistrado. Para darle entidad a las palaras de Amarante, el abogado del CELS recordó que “trabajó con Riggi desde 1999 a 2015”.

En el juicio, en el que se investiga el pago de sobornos para encubrir a José Pedraza en el crimen de Ferreyra, quedó claro el estrecho vínculo de Riggi con el espía Riquelme, a quien -según declaró el excamarista- conoció en la década del '90 cuando Riquelme era la mano derecha del director de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI). De acuerdo al letrado Griffa, en las escuchas que forman parte de la causa se da cuenta que Riquelme ofreció una "prebenda" a Riggi, que fue un crédito hipotecario para su hijo, y que el agente vinculado a los servicios de inteligencia tenía trato frecuente con distintos jueces federales.

¿Amarante no sabía nada de todo esto? Imposible saberlo. No fue tampoco materia del juicio.

Lo que sí está claro es que ahora el juez Amarante volvió a quedar en el centro de la agenda mediática. En este caso, por su desempeño polémico en una causa que interesa y mucho al gobierno y que generó que la AFA suspendiera una fecha entera del fútbol argentino como repudio a su accionar.