Caputo vuelve a postergar la venta de Intercargo mientras avanza una causa por administración fraudulenta

El gobierno de Javier Milei acelera el desguace de las empresas públicas, en medio de sospechas de presunto fraude contra el Estado. Mientras avanzan denuncias en la Justicia por irregularidades en la tasación de la firma, la privatización de Intercargo S.A.U., la empresa estatal que mantiene el monopolio del servicio de rampa en los aeropuertos del país, ingresó en una nueva fase tras la publicación de la Resolución 833/2026 del Ministerio de Economía, que oficializa una nueva prórroga y modificaciones técnicas en el pliego de bases y condiciones.

El Palacio de Hacienda, bajo la firma de Luis Caputo, emitió la Circular N° 4 que posterga la apertura de sobres, con un nuevo cronograma que quedó establecido de la siguiente manera: 

• Consultas al Pliego: Hasta el 17 de junio de 2026 a las 10:00 horas.
• Presentación de ofertas: Hasta el 25 de junio de 2026 a las 09:59 horas.
• Apertura de la Etapa N° 1: 25 de junio de 2026 a las 10:00 horas.

Esta demora ocurre en simultáneo con una denuncia penal presentada por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) contra el presidente Javier Milei, el ministro Caputo y el ex titular del BICE, Maximiliano Voss. La causa, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, investiga presuntas irregularidades en la tasación de la empresa, imputando delitos de defraudación por administración fraudulenta y falsedad ideológica.

El eje de la polémica radica en el precio base fijado por el Gobierno: 45,1 millones de dólares. Para los trabajadores, esta cifra representa una "tasación inexplicable" y una "estafa al pueblo argentino", ya que Intercargo registró un superávit superior a los 20 millones de dólares en su último balance y posee activos corrientes por 55 millones de dólares. En términos prácticos, el Ejecutivo pretende vender la compañía por un valor inferior al efectivo y las inversiones líquidas que ya tiene en caja, que rondan los 38,5 millones de dólares.

Pese a este escenario, tres oferentes mostraron interés en quedarse con el negocio de la rampa:

1. Escalum (Horacio Paolini): firma del empresario vinculado históricamente a Mauricio Macri y Daniel Angelici.
2. Grupo Sima (Global Protection Service): un holding argentino que ya opera en la seguridad aeroportuaria y es uno de los 11 habilitados para dar servicios de rampa tras la desregulación.
3. Alyzia: la principal operadora aeroportuaria de Francia, cuyo presidente mantuvo reuniones recientes con funcionarios de la cartera de Caputo en París.

Ante el avance de la causa penal, el Gobierno introdujo un cambio de último momento en el pliego (Artículo 34) para obligar a que la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) intervengan antes de la firma del contrato. Analistas del sector interpretan este movimiento como un "blindaje" legal para diluir responsabilidades ante las acusaciones de vaciamiento y perjuicio fiscal.

Mientras tanto, el conflicto gremial amenaza con escalar a medidas de acción directa. APA y UPSA advirtieron que la privatización pone en riesgo 1.500 puestos de trabajo y representa una "entrega" del patrimonio nacional similar a la de los años 90. Bajo la consigna "Intercargo no se vende", los gremios prometen dar la batalla en los tribunales y en las pistas, lo que podría derivar en una parálisis total del sistema aerocomercial en vísperas de la licitación.