La Justicia falló a favor de los trabajadores y en contra de la precarización, sentando un precedente clave en la larga lucha sindical por resguardar derechos. El pasado 30 de marzo, el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de 83 artículos de la reforma laboral.
El hecho no es algo menor porque se trata de casi el 50% del cuerpo de toda la reforma, que se presentó y debatió en el Congreso con entre 180 y 200 artículos, aproximadamente. Por lo tanto, lo de la Justicia no es un tecnicismo ni una maniobra. Es el Estado de Derecho activándose para decirle al Poder Ejecutivo lo que los sindicatos repiten desde el primer día: hay derechos constitucionales que no se pueden borrar de un plumazo, por más voluntad política que haya detrás. Esto va más allá de las intenciones y las pasiones de estamento de representación, sino de tratar a un derecho constitucional como tal, y no como un simple marco normativo.
La CGT presentó esta acción con argumentos sólidos y con la convicción de que el camino institucional es siempre preferible al conflicto. El reconocimiento tuvo dos aristas clave. Por un lado, la legitimidad de la central obrera para actuar en defensa colectiva de los trabajadores. Por el otro, que la vigencia inmediata de esta ley podía generar daños irreparables sobre principios fundamentales del derecho laboral. Entre ellos, el principio protectorio, la progresividad, la irrenunciabilidad de derechos y la libertad sindical.
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Lo que quedó en suspenso no es ni más ni menos que el núcleo duro y mal orientado de la reforma. Los sindicatos, y más aún los vinculados al sector energético, jamás se opusieron a la modernización, al incremento de la productividad y a la promoción de reglas que atraigan nuevas inversiones. El país necesita de inversiones en infraestructura energética, por ejemplo, y sería ilógico que un sindicato petrolero se oponga a eso.
Pero las intenciones de modernización no pueden avasallar derechos. Las modificaciones al cálculo de indemnizaciones, la posibilidad de pagar en cuotas lo que un trabajador pierde de golpe al quedar sin empleo, el intento de excluir a los trabajadores de plataformas digitales, los límites a la responsabilidad solidaria en casos de tercerización, los recortes a la ultraactividad de los convenios colectivos, las restricciones al derecho de huelga. Todo eso está mal, y así lo entiende la Justicia.
El fallo tampoco es el final del camino. El Gobierno ya apeló la medida cautelar, y tiene todo el derecho de hacerlo. La discusión de fondo sigue abierta y la cautelar es provisoria. Eso está claro. Pero en este contexto, ese "provisorio" significa que el Estado no puede avanzar sobre los derechos de millones de trabajadores mientras la Justicia no se expida definitivamente. Eso, en términos prácticos, importa.
El sindicalismo argentino ha demostrado, una vez más, que apuesta por el diálogo y las vías institucionales para solucionar las diferencias. Eso también es un logro de unidad dentro de la propia CGT y en conjunto a todo el movimiento sindical.
La unidad tiene consecuencias concretas y demuestra que el movimiento obrero actúa con coherencia institucional. Por supuesto que la cautelar es apenas una señal. No alcanza todavía, pero marca un rumbo: la justicia social no es una concesión del poder de turno. Es un derecho conquistado. Y los derechos conquistados se defienden.
Secretario General de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio).
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