En tiempos de tanto ruido y peleas por la batalla cultural en los que importa más quién y cómo cuenta las cosas que si son verdad o no, tener espacios de participación y escucha puede marcar una diferencia importante para las sociedades y ciudadanos.
En ese sentido, las audiencias públicas son espacios de participación ciudadana y a la vez mecanismos institucionalizados valiosos en los que se discuten temas de interés público, permitiendo expresar opiniones, escuchar diversas voces y propuestas sobre un tema que esté en discusión y que impacte en las vidas de las personas.
En estos días se realizarán audiencias públicas en Diputados, a partir del pedido expreso de organizaciones ambientales a los y las legisladoras, en el marco de la discusión del proyecto de ley que intentará modificar la Ley 26.639, de Presupuesto Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
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De hecho, al momento de redactar esta columna, iban más de 70.000 organizaciones de la sociedad civil, especialistas y ciudadanos inscriptos, para participar de diferentes maneras: exponer, hacer preguntas, plantear preocupaciones o simplemente escuchar las distintas posiciones o miradas que se exhibirán y presentarán durante las jornadas.
El mecanismo de audiencias públicas se implementó en 2003, como una herramienta de acceso a la información pública y considerando artículos de la Constitución Nacional vinculados a garantizar el principio de publicidad de los actos de gobierno. El artículo 41 menciona explícitamente el derecho de los habitantes a un “ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano”. Derecho, que justamente, según algunas voces se violaría si se modifica la ley de glaciares.
Por su parte, el artículo 21 de la Ley General del Ambiente establece la obligación de asegurar la participación ciudadana, especialmente en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.
A su vez, en este caso también se consideró el Acuerdo de Escazú, el primero ambiental en su rango aprobado en América Latina; que establece el acceso a la información y a la justicia ambiental y la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales. El Acuerdo, que Argentina aprobó en 2020, exige la implementación de mecanismos de participación “abierta e inclusiva”.
Desde Fundación Éforo promovemos la participación y el control ciudadano, porque entendemos que es clave para fortalecer la democracia a partir del compromiso social, cívico y político.
Lo que se pone en juego con la modificación de la Ley de Glaciares no es menor, dado que los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce y cumplen un rol clave para los ecosistemas y las comunidades. Contar con una ley de presupuestos mínimos llevó mucho debate, discusión y la participación activa de organizaciones, especialistas y acompañamiento de la política.
Es atendible la preocupación sobre la modificación de la ley se avance con un trámite acelerado y poco transparente de cara a la sociedad.
Si finalmente se cambia y el Gobierno logra redefinir el concepto de “ambiente periglaciar” y darle más poder a las provincias en la delimitación de las zonas contempladas en la ley, que sea de cara a la ciudadanía, tras haber escuchado todas las voces en un proceso participativo amplio y con alcance federal garantizando a los ciudadanos y organizaciones un debate democrático.
Insisto, en tiempos de tanto ruido y confusión nada más importante que la participación informada. Las audiencias públicas nos brindan la posibilidad de escuchar de primera mano todos los argumentos, para luego formar nuestras propias opiniones y tomar decisiones con datos certeros y verificables.
En la información y en la participación radica el poder que tenemos como ciudadanos, para lograr transformar nuestra realidad. Hagámonos cargo.
*Vicepresidenta Fundación Éforo.
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