Avanzada antifeminista del Senado con el proyecto de Falsas denuncias

Como quien no quiere la cosa, solapado detrás de otras discusiones —como la modificación a la ley de Glaciares— el proyecto de ley sobre denuncias falsas impulsado por Carolina Losada consiguió dictamen en la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado el miércoles pasado. Quedó así a un paso de ser tratado en el recinto y, de acuerdo a la correlación de fuerzas actual, con posibilidades concretas de avanzar.

El proyecto propone modificar figuras ya existentes en el Código Penal —falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento— para endurecer las penas cuando se trate de acusaciones vinculadas a violencia de género, abuso sexual o delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. El mínimo de la pena se eleva a tres años y puede llegar hasta seis años de prisión. Con ese piso de castigo, podría implicar prisión efectiva.

No se trata de llenar un vacío legal: la falsa denuncia ya está tipificada en el artículo 275 del Código Penal. Lo que se busca es aumentar el castigo, especialmente en un conjunto de delitos que presentan una característica conocida: son de los más difíciles de probar. Además de disciplinar a quienes van en busca de ayuda al sistema judicial para interrumpir formas estructurales de la violencia que históricamente organizan las inequidades de género.

Ahí radica uno de los principales problemas. Las violencias por razones de género y los abusos sexuales suelen ocurrir en ámbitos privados, sin testigos, bajo relaciones de poder que condicionan la posibilidad de producir prueba y de oponerse en igualdad de condiciones. En ese contexto, equiparar la falta de prueba con la posibilidad de una denuncia falsa —y convertirla en un riesgo penal concreto— puede tener un efecto directo: desalentar la denuncia.

En algunos casos, además, la pena prevista para la supuesta denuncia falsa puede resultar más alta que la del delito denunciado -la pena para un abuso sexual siempre es de uno a cuatro años, pero para la denuncia “falsa” por ese caso de tres a seis años de prisión-. El mensaje es claro: el sistema aparece más preocupado por sancionar una eventual acusación que por garantizar el acceso a la justicia de quienes denuncian violencia por razones de género: mujeres, lesbianas, travestis, trans, gays; niños, niñas y adolescentes acompañades casi siempre por otras mujeres o disidencias sexuales.

Negar lo innegable

Desde el principio del gobierno de Javier Milei, la negación de la violencia por razones de género y las condiciones económicas, sociales y culturales que la amparan y la replican ha sido una constante https://amnistia.org.ar/noticias/a-dos-anos-del-actual-gobierno-se-profundiza-el-retroceso-en-los-derechos-de-mujeres-y-diversidades como vienen denunciando diversos organismos.

Los datos disponibles, sin embargo, permiten dimensionar el problema. Según el Observatorio de Femicidios de La Casa del Encuentro, en la última década se registraron 2827 femicidios en Argentina. En el 85 por ciento de los casos, el agresor pertenecía al círculo íntimo de la víctima. Sin embargo, sólo el 17 por ciento había realizado al menos una denuncia y apenas el 10 por ciento contaba con medidas de protección judicial. Es decir: la subdenuncia es la regla.

En contraste, distintos estudios internacionales -como ONU mujeres- ubican las denuncias falsas en estos delitos en niveles marginales, cercanos al 0,03 por ciento. El fenómeno que el proyecto busca combatir no sólo es minoritario, sino que resulta estadísticamente irrelevante frente a la magnitud de un problema que condiciona la vida de niños, niñas, adolescentes, mujeres y disidencias sexuales.

Es la (falta de) Justicia, estúpido

El problema, entonces, no parece ser el exceso de denuncias, sino las fallas estructurales del sistema judicial. Organizaciones de mujeres y diversidades vienen señalando desde hace años la falta de perspectiva de género en amplios sectores del Poder Judicial, la aplicación deficiente de leyes como la 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres o la 26.061 de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, y la persistencia de prácticas revictimizantes.

A eso se suman demoras en la tramitación de medidas de protección, múltiples instancias de declaración sin acompañamiento adecuado, y el uso de argumentos pseudocientíficos —como el llamado síndrome de alienación parental— para desestimar denuncias de abuso infantil.

Nada de eso aparece en el proyecto.

En cambio, la iniciativa avanza en un contexto de desmantelamiento de políticas públicas destinadas a prevenir y atender la violencia de género. La Educación Sexual Integral fue vaciada, el programa Acompañar desmantelado y las líneas de asistencia se debilitaron por reducción de personal pero también por haber sido privadas de su especificidad para tener que atender “todo tipo de violencias” -como se jactaba Manuel Adorni antes de caer en su propio pozo de malversación de fondos y enriquecimiento sospechoso.

La ausencia de políticas de prevención convive con el endurecimiento de respuestas punitivas. En ese marco, el proyecto de “falsas denuncias” se inscribe en una narrativa más amplia que cuestiona las políticas destinadas a corregir inequidades estructurales y busca instalar la idea de que las mujeres cuentan con ventajas indebidas en el sistema judicial. Así es como se aprovecha, sobre el cuerpo de un niño maltratado hasta la muerte en Comodoro Rivadavia para decir que fue la “ideología de género” la que provocó que Ángel estuviera con su madre y fuera golpeado por su padrastro -el fiscal del caso lo acusa por las agresiones físicas y a la madre por no haberlas evitado. La abogada Fátima Silva, una de las espadas de este proyecto de ley de la senadora del PRO Carolina Losada, María Fátima Silva, insistió como “experta en derecho de familia” en la comisión para conseguir el dictamen: "La contracara de la ideología de género es la falsa denuncia, que destruye a las familias completas". ¿No serán más destructivos de las familias quienes ejercen violencia? ¿no será más destructivo de las “familias” que haya un 30 por ciento de hogares con una sola mujer a cargo y no por deseo propio? "No existirían las falsas denuncias si la justicia y los fiscales investigaran cada denuncia profundamente y como corresponde, porque deberían detectar que la denuncia es falsa", dijo también la abogada que esta semana circuló por la mayoría de los medios de comunicación. Sin embargo, a pesar de apelar a las fallas del sistema judicial, elige alentar como solución el amedrentamiento a quienes se atreven a denunciar.

Las Mujeres, un peligro

Carolina Losada, feliz con el dictamen de comisión logrado la semana pasada, expuso lo que cree el principal problema: “hombres con miedo” a las mujeres por la posibilidad de que los denuncien, a las que eligen no contratan “sobre todo si están buenas”. El argumento es viejo como el mundo, como el patriarcado. ¿Por qué aludir a las condiciones físicas de posibles empleadas? ¿por qué los hombres no podrían controlar sus impulsos?

El debate en comisión dejó expuesto el núcleo del conflicto, aunque sin chances de torcer la mayoría libertaria con sus aliados asentidores. Losada argumentó que las denuncias falsas saturan los tribunales y perjudican a “verdaderas víctimas”, desde la oposición se advirtió sobre el riesgo de equiparar la falta de prueba con la falsedad y de generar un efecto inhibidor sobre las denuncias.

Aun así, el dictamen avanzó con una mayoría transversal que incluyó al oficialismo, aliados de Juntos por el Cambio y bloques provinciales, con una fisura llamativa dentro del propio peronismo. La configuración de esa mayoría no es un dato menor: reproduce la arquitectura política que viene habilitando otras reformas orientadas al endurecimiento penal y al recorte de derechos.

En paralelo, siete provincias se pronunciaron en contra del proyecto, en una acción impulsada por la ministra de Mujeres y Géneros de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. El posicionamiento conjunto introduce un contrapunto institucional frente a una iniciativa que, de avanzar, podría modificar de manera sustantiva las condiciones en las que se accede a la Justicia.Más allá de la discusión técnica, lo que está en juego es otra cosa.

Tal como plantea la filósofa Elsa Dorlin en Defenderse, existen dispositivos sociales y políticos que producen una pedagogía de la indefensión: mecanismos que enseñan que defenderse puede ser peligroso, que hablar puede volverse en contra, que denunciar implica exponerse a un castigo mayor.

Cuando el sistema penal introduce la posibilidad de sancionar con mayor severidad a quien no logra probar una denuncia que a quien ejerce violencia, ese mensaje se vuelve explícito.

No se trata sólo de falsas denuncias. Se trata de imponer el silencio de las víctimas para blindar las injusticias estructurales que hacen implosionar el conflicto social dentro de las casas, las escuelas, los lugares de trabajo, los afectos. Así funciona el antifeminismo en las derechas neofascistas, como un enorme cuenco vacío donde volcar un malestar que es transversal, que ya está agotado también de chivos expiatorios.