El Gobierno defendió a Smartmatic ante la Justicia, reclamó que rechace el amparo del Frente de Todos y pidió que igualmente sea la encargada de la transmisión de telegramas en las elecciones de octubre. 

Dos semanas después de las PASO, un informe judicial reconoció el mal funcionamiento de los sistemas de la empresa Smartmatic utilizados durante las PASO. Fue elaborado por veedores informáticos del Consejo de la Magistratura, tal como había requerido en su momento la jueza electoral María Romilda Servini ante el amparo presentado por los apoderados del Frente de Todos. “El recuento provisional funcionó de forma totalmente defectuosa”, fue una de las frases. 

Ahora, el macrismo insistió con que fueron requeridas a la empresa los arreglos para que no vuelva a producirse la falla registrada en las PASO. En una presentación realizada ante la justicia electoral, a la que tuvo acceso Télam, el Ejecutivo señaló que si bien en las PASO "efectivamente se interrumpió el flujo de información para el proceso de fiscalización", le requirió al proveedor del servicio que realice "las mejoras técnicas necesarias para que dicho inconveniente no vuelva a producirse".

 

 

Así lo hizo en un escrito presentado ante la jueza federal con competencia electoral Servini en la que pidió que sea rechazado el pedido del Frente de Todos para que la empresa Smartmatic sea desplazada del proceso de escrutinio provisorio.

Por su parte, también ante la Justicia, Smartmatic informó que está trabajando "en el rediseño" del sistema de consulta para la fiscalización por parte de las agrupaciones partidarias, tal como lo sugiriera el veedor informático a partir de las falencias registradas en las PASO, y que realizará "simulacros para hacer pruebas del sistema" los próximos 21 de septiembre y 5 de octubre.

"La remediación de las causas de las anomalías, de acuerdo a la conclusión de la pericia, permitirá contar en las elecciones generales con un sólido sistema de consultas para la fiscalización por parte de las agrupaciones políticas", afirmó ante la Justicia la empresa, que en el actual proceso electoral y tras una licitación internacional, desplazó a la firma Indra de la tarea del escrutinio provisorio.