Hugo y Gastón Mazzacane acaban de ser procesados y embargados por la Justicia federal de La Plata, por lo que es un golpazo para el automovilismo argentino. Tanto el presidente de la ACTC como su hijo, actual piloto del TC y ex Fórmula 1, son investigados por la presunta maniobra de evasión y defraudación al fisco cercana a los 4.000 millones de pesos.
Sin embargo, el avance de la causa no quita a ambos protagonistas del centro de la escena en la Asociación Corredores Turismo Carretera, el ente que organiza y fiscaliza a la categoría más popular del país en este deporte. Además de correr con el Chevrolet Camaro, Gastón también es el vicepresidente de la Asociación.
El procesamiento y el embargo a los Mazzacane por parte de la Justicia federal de La Plata sucede como consecuencia de maniobras realizadas desde una distribuidora de cervezas ubicada en la capital bonaerense, ciudad en la que ambos nacieron. Según informó este lunes el Ministerio Público de la Nación, la fiscal federal platense Laura Roteta llevó adelante una investigación sobre varias sociedades atribuidas a los Mazzacane y pudo establecer un mecanismo de circuitos de ventas no registradas, elusión de impuestos y traspaso de propiedades entre firmas.
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Estas maniobras derivaron en el procesamiento de cinco empresarios, entre ellos los integrantes de la máxima conducción de la Asociación y otro hijo del presidente de la ACTC, Juan Manuel Mazzacane. La causa se desarrolla sobre 100 vehículos, 7 inmuebles y 11 cuentas bancarias fueron autorizados por el juez que instruye este caso, Alejo Ramos Padilla, del Juzgado Federal N.º 1 de La Plata.
Los Mazzacane son dueños de la firma Quilmes Tolosa S.A., distribuidora de una reconocida marca de cerveza en toda la región del Sur del Gran Buenos Aires. También están vinculados, según la Justicia, a otras sociedades que habrían integrado “un entramado destinado a evadir obligaciones tributarias”, con "ventas no registradas y traspasos patrimoniales".
El caso se inició a partir de una denuncia formulada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) platense sobre presuntas maniobras de evasión vinculadas a distintos tributos correspondientes, al menos, a los ejercicios fiscales 2021, 2022, 2023 y 2024. También se habría detectado un proceso de vaciamiento patrimonial sostenido durante casi una década.
Para ello, se concretaron allanamientos en domicilios particulares y sedes comerciales, en los que se secuestró documentación contable, societaria y financiera relevante, además de dinero en efectivo. Las tareas contaron con la asistencia de la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina.Roteta pudo establecer que los imputados perjudicaron al fisco nacional por la suma final de $3.965.225.508.
De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, los imputados habrían desplegado, al menos entre 2014 y 2024, un esquema destinado a “provocar o agravar la insolvencia fiscal de la firma principal del grupo con el fin de frustrar el cobro de sus obligaciones tributarias”. Entre las maniobras se incluyen la transferencia de bienes registrables a sociedades vinculadas, el desvío de flujos financieros, la utilización de sistemas de contabilidad paralela, la continuidad de la actividad comercial a través de estructuras societarias alternativas y el vaciamiento patrimonial deliberado.
Se pudieron identificar mecanismos de evasión basados en la omisión de registrar operaciones y en la utilización de sociedades interpuestas para canalizar parte de la actividad económica, reducir la carga tributaria y dificultar la determinación del verdadero volumen de negocios, según explicaron fuentes judiciales.
Los antecedentes judiciales de los Mazzacane
Hugo ya fue imputado en 2018 en una causa que instruyó el juez Luis Armella, quien investigaba una supuesta maniobra con facturas apócrifas utilizadas por las escuderías del TC. Hubo allanamientos en el autódromo Roberto Mouras y una vinculación con una banda que evadía impuestos y "lavaba" dinero.
Por su parte, Gastón fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal y amenazas en agosto del 2024. Su expareja declaró en una seccional que fue sometida a relaciones sexuales no consentidas durante cinco años.
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