Bolivia atraviesa uno de los momentos políticos y sociales más delicados de los últimos años. A 32 días del inicio de los bloqueos y protestas que paralizan gran parte del país, el conflicto escala sin una salida negociada a la vista: mientras el Gobierno de Rodrigo Paz evita abrir una mesa de diálogo efectiva con los sectores movilizados, distintos actores comienzan a reclamar medidas más duras para despejar rutas y garantizar el abastecimiento.
La Paz y El Alto permanecen prácticamente aisladas desde hace más de un mes. Las restricciones en las rutas provocaron desabastecimiento de alimentos y combustibles, suspensión del transporte interdepartamental y una fuerte suba en los precios de productos básicos. En paralelo, sindicatos, juntas vecinales y organizaciones sociales ratificaron que continuarán las medidas de fuerza hasta conseguir la renuncia del presidente y el fin de su programa de ajuste.
Este martes, organizaciones vecinales convocaron a un "gran cabildo" en el puente de la Ceja, uno de los puntos neurálgicos de El Alto. La convocatoria fue impulsada por la Federación de Juntas Vecinales de La Paz y otras organizaciones sociales que buscan profundizar las protestas. Entre los principales reclamos aparece nuevamente la exigencia de renuncia de Rodrigo Paz, además del pedido de liberación de dirigentes detenidos durante las movilizaciones y el rechazo a proyectos impulsados por el Ejecutivo, entre ellos la denominada "ley antibloqueos".
La situación se volvió cada vez más crítica para los habitantes de La Paz. Las terminales de colectivos permanecen paralizadas y varias rutas estratégicas continúan bloqueadas con piedras y bloques de cemento. También siguen afectados los accesos a la planta de Senkata, clave para la distribución de combustibles. El impacto económico ya se siente en los mercados: el precio del pollo prácticamente se duplicó y el maple de huevos pasó de costar alrededor de 30 bolivianos a 80.
Mientras crece la tensión, el Gobierno mantiene una postura ambigua frente a la protesta. Por un lado, descarta utilizar a las Fuerzas Armadas para despejar rutas y evita decretar un estado de excepción. Pero al mismo tiempo, tampoco consigue abrir un canal de negociación que permita destrabar el conflicto. El presidente Rodrigo Paz habló en las últimas horas de una posible "reconciliación" y aseguró que podría haber una solución “en los próximos días”, aunque no precisó medidas concretas ni avances en conversaciones con los sectores movilizados.
Choferes exigen que el Gobierno reprima las protestas
En las últimas horas, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia elevó el tono y le dio un plazo de 48 horas al Gobierno para resolver el conflicto. "Basta de jueguitos, basta de no dar soluciones", afirmó el dirigente Lucio Gómez, quien además advirtió que podrían adoptar "medidas de hecho" si no hay respuestas oficiales.
El sindicato denunció que cientos de conductores permanecen varados en las rutas y alertó sobre supuestas situaciones sanitarias delicadas entre trabajadores atrapados por los bloqueos. "Nos toman como rehenes", sostuvo Gómez, en declaraciones recogidas por los medios locales.
La COB rechaza negociar y mantiene el pedido de renuncia
En paralelo, la Central Obrera Boliviana (COB) ratificó que no participará de instancias de diálogo mientras Rodrigo Paz continúe en el poder. La organización sindical, que encabeza las movilizaciones junto a sectores campesinos y juntas vecinales, considera agotada cualquier negociación con el Ejecutivo y sostiene que la única salida posible es la renuncia presidencial. "Hemos decidido mantener las medidas de presión y ratificamos nuestro pedido de renuncia de Rodrigo Paz. No hay nada más que negociar", expresó el dirigente sindical Severo Marca
Cerrar sesión