Un tribunal de La Paz anuló las órdenes de captura contra dos de los principales dirigentes de las protestas y bloqueos de rutas que desde hace más de tres semanas mantienen paralizada Bolivia. Los beneficiados por la resolución fueron Mario Argollo, titular de la Central Obrera Boliviana (COB), y Vicente Salazar, de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz.
Tras la llegada del presidente Rodrigo Paz al gobierno en noviembre pasado, la crisis política boliviana se profundizó. Desde entonces, sindicatos, organizaciones campesinas y sectores vinculados al expresidente Evo Morales impulsaron una creciente ola de protestas contra el Gobierno, al que acusan de incumplir promesas de campaña y avanzar sobre políticas de ajuste y privatización, algo que el oficialismo rechaza.
En las últimas semanas, los bloqueos de rutas y movilizaciones se extendieron por gran parte del país y exigieron tanto la renuncia del presidente Paz como la necesidad de sentarse a dialogar. La semana pasada, el gabinete del mandatario anunció la implementación de un operativo de corredores humanitarios nocturnos "para fomentar el diálogo" con los manifestantes. El resultado final fue muy concreto: hubo enfrentamientos y un muerto.
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La decisión fue tomada por unanimidad por el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de La Paz durante una audiencia virtual. La resolución era una de las principales exigencias planteadas por las organizaciones sindicales y campesinas para sentarse a negociar con el Gobierno. Los sectores movilizados habían condicionado cualquier acercamiento a las autoridades a la suspensión de las órdenes judiciales contra sus dirigentes.
Argollo y Salazar, que permanecían en la clandestinidad, estaban acusados de terrorismo e instigación pública a delinquir por su presunta participación en protestas que derivaron en enfrentamientos con la Policía, disturbios y ataques contra edificios públicos y privados.
Tras conocerse el fallo, la COB anunció que este sábado analizará los pasos a seguir. Por su parte, Salazar señaló que las bases campesinas evaluarán si participan o no de una eventual negociación, aunque remarcó que continúan en estado de emergencia y reclamó garantías para los sectores movilizados.
Bolivia, bajo protestas desde hace un mes
La anulación de las capturas se produce en medio de una profunda crisis política que ya lleva 24 días de protestas y cortes de rutas. Además de pedir la dimisión de Paz y de denunciar sus "promesas incumplidas", los manifestantes acusan al oficialismo de impulsar un proceso de privatización de empresas y servicios públicos. Desde el Ejecutivo rechazan esas acusaciones y sostienen que las protestas "buscan desestabilizar la democracia" y a una administración que asumió hace pocos meses.
Las ciudades de La Paz y El Alto están entre las zonas más afectadas por los bloqueos. La interrupción del transporte provocó problemas de abastecimiento de productos básicos y una fuerte suba de precios, además de dificultades para garantizar la provisión de combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal.
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