El juez federal John McConnell Jr. declaró ilegales las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump que habían paralizado durante los últimos seis meses los procesos de asilo, permisos de trabajo, residencias permanentes y solicitudes de ciudadanía para personas provenientes de 39 países.
El magistrado titular de Rhode Island argumentó que las medidas violaban la ley y dejaban a miles de inmigrantes en un limbo jurídico por el solo hecho de su lugar de nacimiento.
Enmarcado en su actitud violenta contra presuntos narcotraficantes provenientes del extranjero, la administración Trump endureció su política migratoria y comenzó a implementar una serie de restricciones que limitaban la capacidad de adquisición de derechos civiles dentro del país.
El ejemplo que tomó la Casa Blanca fue el de un ataque atribuido a un ciudadano afgano en Washington DC, a partir de quien ampliaron el llamado "veto migratorio" y suspendieron la tramitación de beneficios para ciudadanos de decenas de países de África, Asia, América Latina y Oriente Medio. Entre los países americanos alcanzados por las medidas también figuraban Venezuela y Cuba, los dos enemigos favoritos de la Casa Blanca en los últimos meses, así como también Haití, Antigua y Barbuda y Dominica.
La resolución judicial, plasmada en un documento de más de 100 páginas, cuestionó duramente al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), organismo responsable de aplicar las políticas. McConnell sostuvo que la agencia actuó sin autoridad legal suficiente y utilizó argumentos de seguridad nacional que, según el fallo, funcionaron como una excusa para justificar decisiones influenciadas por sentimientos antiinmigrantes.
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"El USCIS reclama una autoridad que no posee y justifica sus acciones con preocupaciones de seguridad nacional meramente pretextuales”, escribió el juez. También afirmó que las medidas fueron "arbitrarias y caprichosas" y que resultaban incompatibles con las leyes migratorias y administrativas vigentes en Estados Unidos.
El reclamo de organizaciones civiles y de apoyo a migrantes
Según la demanda presentada por organizaciones de apoyo a inmigrantes y sindicatos, las políticas impedían que miles de solicitantes recibieran una decisión final sobre pedidos de asilo, autorizaciones laborales, tarjetas de residencia permanente o procesos de naturalización. Muchos de ellos habían cumplido todos los requisitos exigidos por la legislación estadounidense, pero quedaron atrapados durante meses sin respuestas oficiales.
McConnell remarcó que la suspensión de los trámites no se originó en conductas irregulares de los afectados, sino exclusivamente en su nacionalidad. "La pausa no puede atribuirse a nada que estas personas hayan hecho mal; surge únicamente de la casualidad de su nacimiento", señaló el magistrado en uno de los pasajes centrales de la sentencia.
El fallo también repasó declaraciones realizadas por funcionarios de la administración Trump, entre ellas expresiones de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que promovían restricciones más amplias contra la inmigración. Para el juez, esos antecedentes ayudaron a contextualizar "el espíritu de las medidas cuestionadas".
La reacción de las ONG
La decisión fue celebrada por la organización Democracy Forward, una de las entidades que impulsó la demanda junto con asociaciones de inmigrantes y trabajadores. Su presidenta, Skye Perryman, afirmó que el pronunciamiento judicial ratifica que el Gobierno federal "no puede cerrar vías legales de inmigración ni discriminar a las personas por su procedencia".
Con este fallo, la Justicia estadounidense obligó al USCIS a retomar la tramitación de los expedientes afectados y aplicó un nuevo revés a una de las políticas migratorias más controvertidas impulsadas por Trump durante su actual mandato.
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