El Tribunal Superior de Londres dictaminó el viernes que Reino Unido actuó de forma ilegal al privar a los solicitantes de asilo del derecho a impugnar las resoluciones que desestimaban su alegación de ser víctimas de la trata de personas.
El Ministerio del Interior británico modificó el pasado mes de septiembre sus directrices relativas a las posibles víctimas de la trata de personas, impidiendo que quienes no fueran considerados víctimas pudieran impugnar la decisión antes de ser expulsados.
El cambio se introdujo tras una serie de recursos judiciales contra las expulsiones previstas desde el Reino Unido en el marco del acuerdo "uno entra, uno sale" del Gobierno con Francia, con el objetivo de evitar que las solicitudes por trata de personas bloquearan las expulsiones.
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REINO UNIDO APELARÁ LA DECISIÓN
Sin embargo, cinco solicitantes de asilo que habían sido expulsados o se enfrentaban a la expulsión a Francia apelaron comtra la medida, y el Tribunal Superior dictaminó el viernes que las directrices modificadas eran ilegales.
El tribunal señaló que a muchos solicitantes de asilo que habían llegado tras cruzar el Canal de la Mancha desde Francia en pequeñas embarcaciones se les negaría la posibilidad de basarse en pruebas clave a la hora de resolver su solicitud por trata de personas.
El juez Clive Sheldon señaló que, en 2025, el 79% de las personas que inicialmente no fueron consideradas víctimas de la trata recibieron una resolución favorable tras la reconsideración de su caso.
El Ministerio del Interior afirmó que tenía previsto apelar la sentencia del viernes, y un portavoz dijo en un comunicado: "Las solicitudes de protección por esclavitud moderna presentadas a última hora no deben utilizarse para frustrar la expulsión de migrantes ilegales".
Los abogados que representan a algunos de los solicitantes de asilo que interpusieron el recurso acogieron con satisfacción la sentencia, pero señalaron que muchas personas ya habían sido expulsadas ilegalmente a Francia.
La sentencia supone un revés para los intentos del Gobierno de reducir la inmigración ilegal, que es uno de los temas más controvertidos de la política británica, eclipsando las preocupaciones por una economía en declive.
Las llegadas en pequeñas embarcaciones y el alojamiento de los solicitantes de asilo en hoteles se han convertido en puntos especialmente conflictivos, lo que en ocasiones ha avivado las protestas y la tensión en la comunidad.
El Gobierno laborista británico ha tratado de endurecer la política de inmigración para contrarrestar al partido populista y antimigración Reform UK, de Nigel Farage, aunque esto ha alejado a algunos simpatizantes de izquierda que abogan por rutas seguras para los solicitantes de asilo.
Uno de los cinco demandantes implicados en el caso ante el Tribunal Superior, que fue devuelto a Francia y al que el tribunal concedió el anonimato —algo habitual en los casos de asilo—, afirmó haber experimentado "una sensación de desesperanza".
"Cuando muchas personas entran en el Reino Unido en busca de refugio, y han pasado por situaciones muy difíciles, sufrir más maltrato es sencillamente desgarrador", afirmó en una declaración escrita.
"La sensación predominante es que no tratan a las personas por igual", añadió. "A algunas personas las alojan en hoteles, a otras las devuelven a Francia, como a mí".
Con información de Reuters
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