Tras la denuncia pública encabezada por el ministro de Gobierno, Seguridad y Trabajo, Jorge González, Gendarmería Nacional actuó rápidamente en el operativo de destrucción de puentes clandestinos en el río Pilcomayo.
Desde la provincia consideran que se trata de intervenciones "tibias", con alcance limitado y sin una planificación sostenida en el tiempo según informaron medios locales. En las últimas horas comenzaron a observarse movimientos de efectivos en puntos estratégicos, especialmente en la ciudad de Clorinda y en sectores de alta circulación, donde históricamente se registraron pasos ilegales hacia el Paraguay.
El escenario se configuró a partir del lunes, cuando en medio de un clima de tensión por la eliminación de la Agrupación VI de Gendarmería en la provincia, el Gobierno nacional comunicó la destrucción de pasos fronterizos ilegales.
La medida fue presentada como parte de un esquema de control fronterizo dinámico. No obstante, desde la administración provincial cuestionaron la eficacia del operativo y lo calificaron como una acción de “impacto mediático”, al señalar que los pasos fueron reconstruidos pocas horas después de la intervención, lo que dejó en evidencia la falta de continuidad en el control.
Moverse al ritmo de la provincia
Para las autoridades locales, este episodio se suma a una serie de decisiones que consideran regresivas en materia de seguridad. Entre ellas, mencionaron el reemplazo de la Agrupación VI por el Escuadrón Reforzado 73, una estructura de menor jerarquía lo que, según advierten, reduce la capacidad operativa en una zona sensible.
En ese sentido, sostienen que la combinación de menor presencia estructural y operativos aislados debilita la fiscalización permanente en la frontera, donde confluyen dinámicas sociales, económicas y territoriales complejas.
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El punto de inflexión se dio días atrás, durante una reunión del Consejo de Seguridad Interior, donde quedó expuesta la exclusión de Formosa de los operativos fronterizos coordinados a nivel nacional. Esta situación generó un fuerte malestar en el Gobierno provincial, que denunció una política desigual en materia de seguridad.
Desproteger la frontera
Tras ese planteo, se registró un incremento en la presencia de uniformados en distintos sectores. El eje del reclamo apunta a la necesidad de una estrategia integral que combine despliegue territorial, inversión en recursos y coordinación permanente con las provincias.
En esa línea, remarcaron que el control fronterizo no puede depender de acciones puntuales ni de la repercusión mediática. Desde el Gobierno formoseño insistieron en que la seguridad en zonas críticas debe formar parte de una política estructural, con presencia constante y criterios equitativos en todo el país, además de respuestas reactivas frente a denuncias o situaciones coyunturales.
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