Desde la provincia de Formosa expresaron preocupación por la decisión del Gobierno nacional de extender la emergencia energética en el sector del gas hasta el 31 de diciembre de 2027. Según advirtieron, la medida tendrá consecuencias inmediatas para los usuarios de la provincia, donde la red de Gas NEA es prácticamente inexistente y el acceso al gas natural es una deuda estructural.
"Aumentará sensiblemente el precio del gas envasado, que utilizan los consumidores en Formosa, ante la casi inexistente red de Gas NEA en nuestra jurisdicción”, advirtió el titular de la Defensoría del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, quien además sostuvo que la prórroga impactará de lleno en la economía doméstica y provocará un incremento sensible en el precio del gas envasado. Cabe destacar que es la principal fuente de energía para cocinar y calefaccionar en miles de viviendas formoseñas.
La crítica se centra en el Decreto de Necesidad y Urgencia 49/2026, publicado este martes 27 de enero, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei reconoce que las obras necesarias para alcanzar el autoabastecimiento gasífero no estarán operativas en el corto plazo. El propio texto oficial admite que las ampliaciones de los gasoductos que permitirían trasladar gas desde Vaca Muerta hacia los principales centros de consumo recién podrían funcionar en el invierno de 2027, lo que obliga a sostener la importación para cubrir los picos de demanda.
La preocupación por el incremento de los costos
El decreto introduce además un cambio clave en el esquema operativo, ya que el Estado nacional deja de importar de manera directa Gas Natural Licuado y transfiere esa función al sector privado. Para ello, la Secretaría de Energía deberá convocar a un concurso competitivo que adjudique el uso de la terminal regasificadora de Escobar, actualmente la única en funcionamiento, a un operador privado encargado de la importación y regasificación.
Ante la existencia de un monopolio natural, el Ejecutivo fijó precios máximos para el gas importado durante los inviernos de 2026 y 2027, que tomó como referencia valores internacionales y costos logísticos. Sin embargo, desde la Defensoría del Pueblo de Formosa advirtieron que estos topes no aseguran que el aumento de los costos no termine trasladándose al precio final que pagan los usuarios que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad económica.
El DNU contempla también un plan alternativo, porque si el proceso licitatorio no prospera la empresa estatal ENARSA deberá retomar la responsabilidad de garantizar el suministro. Pese a ello, el organismo provincial remarcó que la extensión de la emergencia confirma la ausencia de soluciones de fondo para distritos como Formosa, donde la falta de infraestructura gasífera profundiza las desigualdades territoriales y expone a la población a nuevos aumentos en un servicio esencial.
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