El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Ibáñez, calificó al último año como “muy difícil” y destacó una paradoja central: mientras la provincia logra mantener sus cuentas en orden y garantizar el pago de salarios, el Gobierno nacional profundiza una deuda que perjudica y obliga a la Provincia a utilizar fondos propios ante este abandono de las obligaciones federales.
En comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor), Ibáñez consideró que el “superávit” que el Gobierno nacional exhibe “es a costa de transferirles a las provincias un 55% menos”. Ese recorte se traduce en un “agujero fiscal tremendo” que obliga a Formosa a utilizar fondos propios ante el abandono de Nación.
Pese a este contexto adverso, el ministro confirmó que Formosa proyecta cerrar el año con superávit fiscal propio, lo que permitirá cumplir con el pago de sueldos y aguinaldos en tiempo y forma, sin recurrir al endeudamiento como ha sucedido en otras jurisdicciones. Además, destacó que los aumentos salariales acumulados para los empleados públicos alcanzaron el 55%, superando ampliamente la inflación estimada en torno al 30%.
El funcionario explicó que la provincia debió extremar su administración para sostener los servicios esenciales sin comprometer su solvencia. Un ejemplo de esta política ordenada se refleja en el sector energético: Formosa adhirió al Régimen Especial de Créditos establecido por la Secretaría de Energía, lo que permitió que REFSA accediera a un financiamiento de $31.851 millones. El acuerdo fue posible tras constatar que la empresa no registraba deudas con CAMMESA.
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La deuda de Nación a Formosa
Otro desafío es la deuda que Nación mantiene con Formosa por la compensación del Ajuste del Consenso Fiscal. El incumplimiento abarca 2023, 2024 y parte de 2025, con un saldo actualizado de $30.042 millones, lo que afecta directamente la planificación financiera provincial.
Formosa es una de las 13 provincias que decidió no transferir su caja jubilatoria a la Nación. No obstante, desde diciembre de 2023, el flujo de fondos comprometido se interrumpió, desconociendo acuerdos vigentes y generando una deuda creciente con la caja previsional provincial.
Actualmente, esa deuda acumulada alcanza la cifra de $254.517.163.841 sin actualizar, monto que llega a superar los $900.000 millones de pesos si se ajusta a la Tasa Nominal Anual promedio. Ante la falta de transferencias nacionales, la provincia se ve obligada a cubrir con recursos propios el pago a sus jubilados, lo que genera una presión adicional sobre las finanzas y condiciona la inversión en otras áreas estratégicas del Estado.
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En términos concretos, se adeudan $103.575.436 del programa Incluir Salud correspondientes a los últimos meses de 2025, a lo que se suman falencias graves en programas nacionales clave: no se envían los equipamientos comprometidos para enfermedades crónicas no transmisibles; se interrumpió la provisión de medicamentos, reactivos, tratamientos gratuitos y preservativos del Programa Nacional de VIH; no hay insumos para campañas del Programa Nacional de Tabaco; ni recursos para el Programa de Actividad Física.
Además, se dejó de proveer los test de HPV para la prevención del cáncer cervicouterino y los medicamentos oncológicos del Banco de Drogas Especiales, afectando directamente a pacientes formoseños. En este marco, la deuda cuantificable en Salud supera los $108.589.411.
En el territorio, el ajuste también se refleja en la paralización de la obra pública. Programas nacionales vinculados a infraestructura sanitaria y urbana presentan deudas millonarias. Solo en obras como el Hospital de la Madre y la Mujer (deuda: $230.152.097), los programas PROFESA y PROARSA (deuda: $2.439.562.398), las redeterminaciones de esos contratos (deuda: $ 8.178.010.508), los desagües pluviales de los barrios Cincuentenario y Los Pioneros (deuda: $519.878.043), y la electrificación rural en áreas productivas (deuda: $116.261.220), la Nación le debe a Formosa un total que supera los $11.483.864.267.
A esto se suma el freno a los planes habitacionales. Las obras del RENABAP–SISU en los barrios Simón Bolívar y Eva Perón alcanzan un monto actualizado de $1.250.719.247. En paralelo, las obras financiadas con fondos internacionales como PROMEBA, CAF y PROMAF también registran incumplimientos por $5.018.804.547, más el importe de los honorarios profesionales por $15.973.470,00, elevando la deuda total en materia de viviendas a $6.285.497.265, pasivo que se tiene con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Formosa.
Ante este panorama, generado por las deudas nacionales, Ibáñez aclaró que la situación obliga a descartar un bono para los empleados estatales, ya que la prioridad es mantener el funcionamiento del Estado sin comprometer el futuro financiero. Lejos de la especulación y del endeudamiento, la Provincia apuesta a la planificación y a un modelo de Estado presente, convencida de que el orden fiscal no puede lograrse a costa de los derechos de la comunidad.
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