El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 no solo instauró la última dictadura cívico-militar en la Argentina, sino que también dejó una profunda marca en Formosa, así como en el resto del Nordeste argentino (NEA), donde la represión se desplegó con particular intensidad sobre la sociedad, la política y la economía regional. A cincuenta años, las consecuencias de ese período siguen presentes en múltiples dimensiones.
En Formosa, la represión se materializó en espacios cotidianos. En el barrio San Antonio funcionó un centro clandestino de detención conocido como “La Escuelita”, donde personas secuestradas fueron sometidas a torturas, interrogatorios y condiciones inhumanas. Este sitio, que hoy se resignifica como espacio de memoria, da cuenta del accionar sistemático del terrorismo de Estado en la provincia.
En este contexto, uno de los episodios más emblemáticos fue la Masacre de Margarita Belén, ocurrida en la provincia del Chaco. Durante la noche del 12 de diciembre de 1976, 22 detenidos fueron ejecutados tras ser retirados de la Alcaidía de Resistencia bajo la excusa de un traslado.
La versión oficial de un supuesto enfrentamiento fue desmentida con el tiempo, al comprobarse que las víctimas habían sido torturadas y fusiladas en un operativo previamente organizado. Décadas después, la Justicia determinó responsabilidades y dictó condenas a prisión perpetua para varios de los implicados, lo que permitió avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
Los brutales métodos de la dictadura
Otro de los métodos utilizados durante ese período fue la desaparición de cuerpos a través de su arrojo a cursos de agua. En zonas de Corrientes y Chaco, investigaciones judiciales y trabajos del Equipo Argentino de Antropología Forense confirmaron que el río Paraná fue utilizado para ocultar víctimas, en un intento deliberado de borrar evidencias.
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El impacto de la dictadura no se limitó a la persecución política. En el plano económico, el modelo implementado buscó desarticular estructuras organizativas existentes, especialmente en el ámbito rural. En el NEA, donde existían cooperativas y movimientos como las Ligas Agrarias, la represión actuó como un mecanismo de disciplinamiento que debilitó a pequeños productores y favoreció la concentración económica.
En esa línea, diversos estudios señalaron la participación de sectores empresariales que colaboraron con el aparato represivo, ya sea mediante la provisión de información, recursos logísticos o infraestructura para operativos.
Una provincia con memoria
A medio siglo de aquellos hechos, la región continúa con la reconstrucción de su memoria colectiva. Si bien los juicios por delitos de lesa humanidad permitieron avanzar en la búsqueda de justicia, persisten deudas vinculadas a la identificación de víctimas y al reconocimiento integral de las consecuencias sociales y económicas que dejó la dictadura.
Las secuelas de ese período no solo se reflejan en las historias individuales, sino también en las desigualdades estructurales y en las transformaciones que atravesaron las economías regionales, lo que configura un legado que aún interpela al presente.
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