La calma en el mundo del espectáculo se rompió de forma estrepitosa tras conocerse la gravísima situación judicial que atraviesa Virginia Gallardo. La modelo y panelista, que recientemente decidió dar el salto a la arena política de la mano de La Libertad Avanza en su Corrientes natal, se encuentra ahora en el centro de la polémica por una notificación que aduce una falta de transparencia en el manejo de fondos públicos del partido durante la campaña.
La Justicia Federal con competencia electoral en Corrientes emitió un fallo lapidario contra el partido que llevó a Gallardo como candidata principal, imponiendo sanciones económicas millonarias y suspendiendo cualquier tipo de financiamiento público futuro debido a la incapacidad o falta de voluntad del espacio para rendir cuentas sobre el destino del dinero de los contribuyentes.
Según se reveló en las últimas horas, el partido La Libertad Avanza, distrito Corrientes, omitió la presentación del balance final de campaña. Esta irregularidad no es un detalle menor en el marco de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. La justicia determinó que, ante la ausencia de documentación que respalde en qué se gastó el dinero enviado por el Estado, se proceda a una quita del 20% de los aportes públicos y se bloquee preventivamente cualquier transferencia de fondos hasta que la situación se regularice.
El escándalo que rodea a Virginia Gallardo
El panel de Lape Club Social en América TV fue el encargado de desmenuzar esta trama que tiene a la correntina en un callejón sin salida. Durante la emisión, los periodistas detallaron que el desmanejo administrativo es total. En esa misma línea, desde el ciclo recordaron la denuncia sobre el domicilio electoral de la candidata: un terreno baldío. Esta maniobra, conocida popularmente como el uso de "domicilios fantasma", tendría un doble propósito. Por un lado, cumplir de manera ficticia con el requisito de residencia para ser candidata por Corrientes mientras vive en Buenos Aires. Por el otro, se sospecha que esta dirección inexistente fue utilizada para el patentamiento de vehículos de alta gama, una técnica recurrente para evadir los altos costos impositivos de las grandes urbes y tributar en municipios donde la carga fiscal es ínfima.
Desde el entorno de la mediática intentan bajarle el tono a la polémica, alegando que las cuestiones contables dependen exclusivamente de los apoderados del partido y no de la candidata. Sin embargo, la justicia es clara al señalar que los beneficiarios directos de la campaña son responsables solidarios de la transparencia de los fondos utilizados. La intimación judicial otorga un plazo de quince días para que aparezcan las facturas, los tickets y los registros de aportantes que hasta hoy brillan por su ausencia.
Cerrar sesión