El titular del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, tiene su apuesta personal para competir por el puesto de presidente de la ONU. En este escenario, cuánta mala publicidad le está haciendo la administración Milei con su ataque permanente a los trabajadores y trabajadoras de la Comisión Nacional de Energía Atómica sumado al desmantelamiento de los principales proyectos del área. Por estas horas se encuentra en el país uno de los directores del OIEA, Hua Liu, de recorrida por Bariloche para visitar el Instituto Balseiro y el RA-6, que es un centro de formación internacional del área nuclear del organismo internacional. Cuando lo recibieron los trabajadores, le acercaron una carta en la que narraron los últimos despidos, incluido el episodio de militarización de las instalaciones con la presencia de la Gendarmería.
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“Estimado Sr. Hua Liu, Director General Adjunto del OIEA: Nos dirigimos a usted para expresar nuestra preocupación ante la situación actual de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de Argentina. Nuestro país es miembro del OIEA desde 1957 y ha mantenido una estrecha colaboración con el organismo. Argentina ha participado activamente en numerosas actividades organizadas por el OIEA para sus Estados miembros. En la actualidad, la CNEA y el sector nuclear argentino en su conjunto enfrentan desafíos significativos, entre ellos recortes presupuestarios, la congelación de salarios y el despido encubierto de aproximadamente 62 trabajadores debido a la no renovación de contratos, efectivo desde el 30 de junio”, le escribieron los trabajadores en una carta que se la pudieron entregar en mano en el momento en que salía de las instalaciones del RA-6.
La misiva continuó con la denuncia sobre la militarización de la sede central de la CNEA. “Desde la creación de la CNEA en Argentina en 1950, nunca habíamos presenciado un hecho como el ocurrido el 30 de junio, cuando se desplegaron decenas de efectivos de la Gendarmería para reprimir y bloquear el acceso a la sede de la institución. Solicitamos respetuosamente que traslade nuestras inquietudes a la Junta de Gobernadores del OIEA, a fin de dar a conocer la perspectiva de los trabajadores de la CNEA”.
La carta fue firmada por el colectivo “Trabajadores autoconvocados del Centro Atómico Bariloche-CNEA”.
La militarización
La administración Milei se preparó para la militarización de los principales activos vinculados al RIGI y aquellos sectores y empresas privadas relacionadas con los recursos naturales que planean poner en venta bajo la supervisión de los Estados Unidos. Esa es la función de la Unidad de Seguridad Productiva creada a través de la resolución 499/2024. Su responsable es Alfredo Martín Culatto.
Luego vino la puesta en funcionamiento del Comando Unificado de Seguridad Productiva para blindar a las empresas del RIGI y para disuadir cualquier protesta social vinculada a los recursos naturales y principales activos del Estado (puestos a remate). El último operativo de esta fuerza ocurrió el pasado 30 de junio, cuando el titular de la CNEA, Martín Porro, avanzó con el despido de 61 personas y la militarización de la sede central del organismo, hecho que ahora fue denunciado ante las autoridades internacionales de la OIEA.
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El CUSP ya actuó para reprimir manifestaciones en Mendoza ante los reclamos de organizaciones sociales y políticas en rechazo a los cambios en la ley de glaciares; también en Mar del Plata para reprimir a los trabajadores portuarios.
Otros momentos de intervención del CUSP fueron Chubut, durante enero de 2025, en un avance sobre el Acceso al Parque Nacional Lago Puelo; en la provincia de Formosa hubo 26 intervenciones de esta fuerza durante el año pasado.
En el caso de la provincia de Buenos Aires fue desplegada para reprimir trabajadores y trabajadoras de Ternium, en el Acceso Oeste y Ruta provincial 23, con el despliegue de 176 efectivos de la gendarmería. También fue utilizada para reprimir a los trabajadores de Lustramax, el pasado 28 de enero, con la presencia de 125 gendarmes.
La privatización de los activos claves
Entre el 4 y 6 de mayo de este año, la administración Milei habilitó una inspección directa del Departamento de Estado y Energía de los Estados Unidos, con una delegación que recorrió los centros atómicos de Constituyentes, Ezeiza y el Centro Atómico de Bariloche. La delegación estadounidense que inspeccionó estas áreas estuvo integrada por Sarah Dickerson, Andrew Lyman, Eleanor Krabill, Charles Teal, Oleg Bukarin, Sean Greenley y Angeles Coscolla.
El mismo día en que se iniciaba el recorrido de los funcionarios estadounidenses, en la CNEA se abría un expediente administrativo para habilitar la venta de los principales activos del área nuclear. La coincidencia no fue casualidad. La CNEA inició el expediente Manuales de procesos y/o procedimientos (EX - 2026 - 44525894 - APN - GACOYA#CNEA). La comitiva inspectora finalizó su recorrido el 6 de mayo en el centro atómico Bariloche.
Dos días después, se habilitó el Procedimiento Normativo “Acceso Preliminar para solicitudes vinculadas a la eventual presentación de Iniciativas Privadas”, rubricado por Fernando Lema, jefe de Departamento de la Gerencia de Coordinación Operativa y Administrativa de la CNEA y José Ignacio Bruera Grifoni, gerente de la misma área.
¿Cuál era la letra chica de ese expediente? Que la CNEA pondrá a disposición de los privados interesados “todo bien, recurso, derecho, instalación, infraestructura, equipamiento, sistema, material, yacimiento, complejo, planta, documentación técnica asociada, antecedente operativo, capacidad institucional o elemento patrimonial, material o inmaterial, que integre, se vincule o se encuentre bajo administración, uso, custodia, guarda, intervención o competencia de la CNEA, y respecto del cual un Interesado requiera información, documentación, antecedentes, acceso, relevamiento o autorización de visita en el marco de una Solicitud Preliminar”.
Esta direccionalidad incluyó el desarme del CAREM para privatizar la construcción de los reactores modulares pequeños a través de la empresa Meitner Energy, un desprendimiento de INVAP y capitales estadounidenses creado durante los primeros meses de 2024. Este jueves, el proyecto de Meitner fue presentado oficialmente ante el Ministerio de Economía con una propuesta de inversión de US$1.200 millones, lo que significaría que puede calificar para el Súper RIGI. De concretarse, se convertirá en una de las inversiones privadas más importantes del sector energético argentino vinculadas con la generación nucleoeléctrica.
