La licitación por el dragado y mantenimiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una de las concesiones más relevantes para el comercio exterior argentino, quedó envuelta en una disputa internacional que ya llegó a la Casa Blanca. Un consorcio integrado por firmas vinculadas a capitales estadounidenses denunció ante funcionarios de Estados Unidos que el proceso impulsado por el gobierno de Javier Milei presenta condiciones “desiguales” y un supuesto sesgo destinado a beneficiar a uno de sus competidores históricos.
La presentación fue realizada mediante una carta enviada el 11 de mayo al Consejo de Seguridad Nacional de la administración de Donald Trump, en coincidencia con la visita a Washington de Santiago Caputo, uno de los integrantes de la mesa chica política del mileísmo. El documento fue dirigido específicamente a Michael Jensen, asesor especial de Trump para asuntos del Hemisferio Occidental, quien mantuvo reuniones con Caputo en medio de la etapa decisiva del proceso licitatorio.
El conflicto involucra a un consorcio encabezado por la firma belga DEME Group y respaldado por el gigante financiero KKR & Co., junto con Great Lakes Dredge & Dock Corporation y Clear Street Group. Del otro lado aparece la también belga Jan De Nul, que operó durante 25 años la concesión del Paraná y que vuelve a competir por quedarse con el control de la principal vía de salida de las exportaciones agroindustriales argentinas.
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En la carta enviada a Washington, según consigna la agencia Bloomberg. las compañías sostuvieron que “una intervención oportuna ahora podría ser importante antes de que la licitación avance hacia un resultado final”. Además, afirmaron que existe un “claro sesgo contra la inversión respaldada por EE.UU.” y deslizaron que Milei podría desconocer las supuestas irregularidades que denuncian sus potenciales inversores extranjeros.
El contrato no sólo implica el control del dragado y señalización del río Paraná, por donde sale la mayor parte de las exportaciones de granos del país, sino también un negocio multimillonario que el Gobierno presenta como una de las principales apuestas para atraer inversiones privadas. La administración libertaria estima que el proyecto podría movilizar alrededor de 10 mil millones de dólares en inversiones. En paralelo, el oficialismo intenta mostrar el proceso como una señal de apertura al capital extranjero y de alineamiento con Estados Unidos, en un contexto marcado por el deterioro de la relación con China y el acercamiento político a Washington.
Condicionamientos a medida de los amigos
Esa lógica quedó reflejada en una de las condiciones más discutidas de la licitación: la prohibición de participación de empresas estatales. La cláusula fue interpretada como un mensaje directo hacia compañías chinas que habían realizado trabajos de dragado en Argentina en años anteriores. Sin embargo, el consorcio respaldado por KKR sostiene ahora que, pese a ese supuesto guiño a Washington, otras reglas del proceso terminan favoreciendo a su rival europeo. El primer intento impulsado por el Gobierno fue cancelado luego de que sólo DEME presentara una oferta. En aquel momento, la empresa denunció que el pliego estaba diseñado para favorecer a Jan De Nul. Ahora el escenario parece invertirse, aunque las sospechas sobre direccionamiento persisten.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación, conducida por Iñaki Arreseygor, rechazó las acusaciones del consorcio. El funcionario sostuvo que DEME podría haber incorporado formalmente a sus socios mucho antes de presentar la propuesta y remarcó que las reglas de la licitación impiden modificar las ofertas en esta etapa del proceso.
El conflicto también gira alrededor de las condiciones técnicas exigidas para acreditar experiencia en dragado. Según la carta presentada en Washington, las autoridades argentinas descalificaron ocho de los nueve proyectos internacionales presentados por DEME para demostrar antecedentes. Las compañías afirman que esa decisión resulta difícil de justificar teniendo en cuenta el historial global de la empresa y la experiencia de Great Lakes en tareas de dragado sobre el río Misisipi.
“Las autoridades argentinas también tardaron dos semanas en revisar más de 5.000 páginas de documentación presentadas por Deme, lo que genera serias preocupaciones de que la evaluación técnica estuvo orientada hacia un resultado predeterminado”, señalaron las empresas en la presentación ante las autoridades norteamericanas. Arreseygor respondió que la documentación presentada por DEME no estaba completa y aseguró que la propia empresa había reconocido esa situación.
Por su parte, Jan De Nul intentó despegarse de las acusaciones y sostuvo que “el proceso de licitación pública es transparente y cuenta con mecanismos para impugnar el procedimiento”. La empresa remarcó además que, hasta el momento, “ningún participante ha presentado objeciones de ese tipo” dentro de los canales formales previstos en el pliego. Esa afirmación omite, sin embargo, otro de los puntos conflictivos del proceso: para formalizar una impugnación, las compañías deben depositar una garantía de 10 millones de dólares que el Estado puede retener aun cuando rechace el reclamo. DEME se negó a pagar esa suma y por ese motivo sus cuestionamientos no fueron considerados oficialmente.
El Gobierno intenta cerrar una licitación que considera estratégica para mostrar resultados en materia de inversiones. Sin embargo, el desembarco del conflicto en la Casa Blanca agrega un nuevo elemento de presión política y deja expuesta la fragilidad de un proceso que ya había fracasado una vez. “Esta concesión representa una oportunidad concreta para avanzar los intereses empresariales de EE.UU. en Argentina”, señalaron KKR y sus socios en la carta enviada a Washington. Pero enseguida advirtieron que, si el proceso continúa bajo las condiciones actuales, “la concesión enviará el mensaje opuesto: que la vieja forma de hacer negocios en Argentina todavía prevalece y podría desalentar la inversión estadounidense”.
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