La oferta económica vinculada al proceso de licitación para el dragado, balizamiento y cobro del peaje contenía una trampa. La administración Milei había incluido, dentro de los pliegos, un esquema de bandas con una tarifa mínima para la primera parte de la concesión. Ergo, las dos empresas belgas en danza, Jan De Nul y DEME, ofertaron los mismos 3,8 dólares por tonelada transportada. Para desempatar, la administración nacional volverá a revisar la propuesta técnica en la que Jan De Nul se impuso ante su competidora. ¿Final cantado?
En un comunicado de prensa, el Ministerio de Economía afirmó que no hubo impugnaciones entre las empresas, aunque eso no fue del todo así ya que ambas se acusaron de tener vínculos con dragadoras chinas.
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En el texto, al área que conduce Luis Caputo tampoco hizo mención al durísimo dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) en el que se describió un direccionamiento técnico de la licitación, falencias en la cláusula anti corrupción y una ausencia de estudios de impacto ambiental asociadas a la ampliación del calado en algunas zonas del río Paraná.
Un resultado cantado
La expectativa estuvo puesta en la apertura del sobre con las propuestas económicas. Sin embargo, el resultado estuvo casi cantado ya que el Gobierno había utilizado la fórmula de incluir una tarifa mínima para la primera etapa de la concesión. Ambas empresas apostaron por la banda inferior de esa tarifa mínima. Ahora, la decisión volvió al aspecto técnico. Para la PIA, ésta había constituido una de las principales irregularidades incluidas en el dictamen remitido a la fiscalía de Guillermo Marijuan.
Según la fiscalía anticorrupción, la discrecionalidad técnica se agravó por el diseño matemático de la fórmula de evaluación económica. “La extrema sensibilidad del sistema ante variaciones tarifarias mínimas convierte a la competencia por precio en un ejercicio ficticio. En la práctica, este esquema anula la puja económica y traslada el peso de la adjudicación de manera casi exclusiva hacia el plano técnico, comprometiendo la objetividad del proceso y generando las condiciones propicias para un potencial direccionamiento”, puede leerse en el dictamen de la semana pasada.
“El diseño del pliego desnaturaliza el funcionamiento estructural del procedimiento de licitación pública de etapa múltiple. La irregularidad principal radica en la implementación de una fórmula de Puntaje Global de la Oferta (PGO) que vuelve a ponderar la calificación técnica junto con la económica en la instancia final. Esta doble valoración desvirtúa el propósito del sistema de etapas”, agregó la fiscalía anticorrupción.
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“La licitación estuvo direccionada. Se sabía que tal como habían sido redactados los pliegos, el mejor posicionado sería Jan De Nul y la oferta económica se volvía una trampa. ¿Casualmente las dos empresas ofertaron el mismo valor para la tarifa?”, sostuvo en diálogo con El Destape, José María Lojo, ex presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata y ex titular del Consejo Portuario Argentino.
Señalamientos cruzados
Si bien la administración Milei sostuvo que no hubo impugnaciones entre las empresas, sí existieron notas administrativas en las que, por ejemplo, DEME acusaba a Jan De Nul de estar asociada a empresas chinas; y viceversa.
“Jan De Nul se asoció con Servimagnus SA, desde hace 20 años el conducto de China en Argentina. Servimagnus SA es el principal subcontratista de dragado de Jan de Nul. A través de las relaciones de Servimagnus con Agrofina, aparecen varias empresas estatales chinas vinculadas al PCCh (Partido Comunista) y entidades señaladas, lo que representa un riesgo significativo para la seguridad nacional tanto de Estados Unidos como de Argentina, así como para todos los demás países que utilizan el Hidrovía”, denunció Arthur Van Desande, asesor del consorcio que integran Deme, Clear Street y Great Lakes, en declaraciones publicadas por La Nación.
La respuesta de Jan De Nul fue digna del meme de los hombres araña señalándose entre sí. Esta empresa dijo que, en realidad, quien tenía vínculos con China era DEME tanto en Ecuador como en la licitación corta de la Hidrovía en 2022, donde integró un joint venture con firmas de ese origen. Toda una puesta en escena.
Lo que la administración Milei no hizo fue dar cuenta del contenido del dictamen de la PIA del viernes pasado en el que remarcó una serie de irregularidades: ausencia de estudios de impacto ambiental, un posible direccionamiento del resultado al ponderar más la oferta técnica y no la económica, la ausencia de dictámenes exhaustivos del área jurídica de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, la cesión de los contratos a terceras empresas y falencias en la cláusula anticorrupción.
No fueron observaciones menores. El fiscal a cargo de la PIA destacó que la administración nacional repitió varias de las irregularidades que habían sido señaladas en el dictamen de febrero de 2025. También admitió que existe una denuncia penal para determinar la veracidad de un informe de la UNCTAD utilizado por la administración Milei para simular transparencia.
El impacto ambiental que nadie quiere ver
Otro aspecto señalado por la PIA tiene que ver con la ausencia de estudios de impacto ambiental por la ampliación del calado en algunas zonas del río.
“Los barcos se deben adaptar a los ríos, y no al revés. En ningún lugar del mundo se hace lo que se pretende hacer acá: que un buque oceánico pueda ingresar 500km dentro de un continente. En la licitación no se ha presentado ningún estudio de impacto ambiental que avale y sustente semejante decisión; se ha hecho lugar al pedido de las agroexportadoras (las empresas extranjeras que son las principales beneficiarias en todo este proceso), que buscan reducir costos logísticos y aumentar sus ganancias sin medir las consecuencias”, sostuvo el arquitecto Pablo Payró, miembro del Foro por la Recuperación del Paraná.
La PIA citó algunos de los argumentos esgrimidos por la Defensoría del Pueblo de la Nación: “La ausencia de estudios de impacto ambiental es el apartado más preocupante porque se reconoce la falta de actualización de impacto ambiental que es de 2006, pero se minimiza el problema y se lo enmascara poniendo a disposición una cantidad de material fragmentado. El documento elaborado por Latinoconsult en 2020 no constituye en sí mismo un Estudio de Impacto Ambiental completo y actualizado de la VNT porque sólo analiza los impactos diferenciales de las obras proyectadas, sin considerar los efectos acumulativos y sinérgicos de casi 3 décadas de intervención”.
Latinoconsult había sido contratada por Bunge, Cargill, Dreyfus, AGD, Molinos Agro, Cofco-, nucleadas en la Bolsa de Comercio de Rosario- junto a la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, la Cámara Argentina del Acero y la Unión Industrial Argentina, para emitir un informe a medida: el mayor calado del río tendría un impacto mínimo.
En esta línea, la fiscalía anticorrupción repitió el argumento que había esgrimido en febrero de 2025: “Deviene irrazonable que se efectúen los pertinentes estudios de impacto ambiental con posterioridad a la confección del pliego de bases y condiciones particulares, por cuanto éste incluye las especificaciones técnicas del proyecto que requieren necesariamente de los antedichos estudios para determinar su viabilidad. Significaría, también, que la evaluación de impacto ambiental está pensada como una simple formalidad y no como un informe determinante de las posibilidades de un proyecto”.
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