Combustibles: la desregulación y el “micropricing” llevan sus precios a casi el doble de la inflación

La liberalización del sector y la actualización permanente por el precio internacional del crudo reconfiguran el mercado y presionan sobre el costo de vida. La guerra en Medio Oriente sólo empeoró una situación que ya existía.

31 de marzo, 2026 | 00.05

El precio de los combustibles se aceleró, por encima del resto de la economía, desde la asunción del gobierno de Javier Milei. A fines de marzo, el litro de nafta super alcanzó los 1.912 pesos, en un contexto de actualización casi permanente de precios y traslado directo de las variaciones internacionales del petróleo al mercado local. El fenómeno se da en paralelo a la desregulación impulsada por la gestión de Javier Milei, que modificó el esquema de precios del sector y redujo la intervención estatal. Bajo esta lógica, las petroleras ajustan valores con mayor frecuencia, en un esquema que desde el propio mercado describen como “micropricing”.

Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) destaca que “desde que asumió el gobierno, la nafta aumentó un 514 por ciento, 56,9 por ciento en términos reales”. El dato contrasta con la evolución de otras variables: en el mismo período, la inflación acumuló 291,9 por ciento y los salarios privados registrados crecieron 288 por ciento, lo que implica una pérdida relativa del poder adquisitivo frente al costo del combustible. En los últimos meses, la dinámica se aceleró. “La nafta subió 18,7 por ciento este año, el doble de la inflación”, señala el informe, en referencia al período iniciado en diciembre de 2025. En ese mismo lapso, los salarios privados avanzaron apenas 6,7 por ciento, ampliando la brecha entre ingresos y costos energéticos.

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El contexto internacional aparece como un factor clave. La escalada de tensiones en Medio Oriente, en particular el conflicto entre Estados Unidos e Irán, impactó sobre el precio del barril de petróleo y generó aumentos en los mercados globales. En el plano local, la decisión oficial de acompañar esas variaciones sin mecanismos de amortiguación amplificó el traslado a surtidores. Desde el IAG sostienen que “el gobierno no tiene estrategia para los precios internos de la nafta”, y comparan la dinámica local con la política energética de Donald Trump, caracterizada por una menor regulación directa sobre los precios internos.

El peso en el bolsillo

El aumento de los combustibles no se limita a su impacto directo en los bolsillos. Su peso en la estructura de costos de la economía lo convierte en un factor de arrastre sobre otros precios, desde el transporte hasta los alimentos. En un escenario de ingresos rezagados, esta dinámica repercute sobre el consumo y la actividad. El informe del IAG indica que los salarios privados registran una caída real del 3,5 por ciento, mientras que en el sector público nacional el retroceso alcanza el 37,2 por ciento en comparación con el promedio de los meses previos al cambio de gestión. Al mismo tiempo, los gastos fijos —que incluyen tarifas y transporte— pasaron de representar 4,8 a 10,8 por ciento del salario mediano.

En ese contexto, el ingreso disponible de los hogares se redujo: pasó del 80,1 por ciento al 76 por ciento del salario en el caso de los trabajadores registrados. La contracara es un aumento en el endeudamiento: el 47 por ciento de los hogares recurre a distintas estrategias para sostener el consumo, mientras que el 13,9 por ciento mantiene deudas con entidades financieras. La morosidad, en tanto, alcanzó al 10,6 por ciento de las familias en enero de 2026, el nivel más alto en dos décadas.

A la dinámica de precios se suma el peso de la carga impositiva. El impuesto a los combustibles, que forma parte del precio final, incrementó su participación en los últimos años. Según planteó el ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis, “el impuesto a los Combustibles pasó del 10 por ciento del precio final en 2022 al 22 por ciento en marzo de 2026”. En esa línea, sostuvo que “en un litro de 2.000 pesos, son alrededor de 400 pesos”, y cuestionó el destino de esos recursos: “Están cobrando un impuesto que debería destinarse a mantener y ampliar las rutas, pero no hicieron 1 kilómetro nuevo ni arreglan lo que ya existe”.

El funcionario también vinculó el aumento de los combustibles con el deterioro de los ingresos: “El golpe para quienes trabajan y producen se aceleró: desde que asumieron, la nafta aumentó más del doble que los salarios y la brecha se disparó desde diciembre. En los últimos tres meses, subió tres veces más que los sueldos”.

El encarecimiento de los combustibles impacta de manera directa sobre la estructura productiva. Transporte, logística, producción agropecuaria e industrial dependen del precio del gasoil y la nafta, por lo que cada incremento se traslada —con distintos tiempos— al resto de la economía. Katopodis planteó que “las familias, las empresas y las cooperativas están sufriendo el aumento desmesurado de los combustibles” y cuestionó la orientación de la política económica: “Al gobierno de Milei, Caputo y Sturzenegger no le importa”.

El esquema actual combina una mayor liberalización del mercado con una presión impositiva creciente y una alta exposición a las variaciones internacionales. En ese marco, la evolución del precio del petróleo se vuelve determinante para el comportamiento de los combustibles en el mercado local. La discusión de fondo pasa por el rol del Estado en la regulación de un insumo estratégico.

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Cristian Carrillo

Es licenciado en Economía (UBA). Integró el Centro de Estudios para la Planificación del Desarrollo de la Economía. Escribe de Economía y Finanzas desde 2004 y trabajó en Página/12, Ámbito Financiero y la agencia de noticias Télam, radio América, AM750, Radio Palermo y El Mundo. Melómano empedernido, rozando lo histérico.