El gobierno de Javier Milei, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), decidió claudicar en una batalla judicial que el Estado venía perdiendo sistemáticamente contra los jubilados. Mediante la Instrucción General 4/2026, el organismo recaudador ordenó a sus representantes legales dejar de apelar los fallos que declaran la inconstitucionalidad del Impuesto a las Ganancias sobre los haberes previsionales.
El eje de esta decisión es el fallo García, María Isabel c/ AFIP, resuelto por la Corte Suprema de Justicia en 2019. En aquella decisión, el máximo tribunal fue taxativo al considerar que “el envejecimiento y la discapacidad son causas determinantes de vulnerabilidad”, lo que exige un tratamiento diferenciado que el sistema tributario argentino ignora basándose en criterios meramente patrimoniales. El caso de la señora García fue testigo de este despojo: con 79 años y graves problemas de salud, el Estado le confiscaba hasta el 31,94% de sus ingresos bajo la etiqueta de "ganancia".
En la actualidad, para que un jubilado tenga que pagar impuesto a las Ganancias, debe percibir un haber previsional equivalente a 8 haberes mínimos. Ese monto hoy llega a $ 3.145.392,8 brutos.
MÁS INFO
Por qué ARCA ya no apelará los fallos a favor de los jubilados
La medida transparenta una estrategia de "control de daños" ante la asfixia presupuestaria de un Estado que evidentemente ya no puede costear sus propias derrotas judiciales. La nueva directiva de ARCA, firmada el 15 de mayo, es clara en sus motivos financieros antes que humanos. El texto instruye a los abogados del Estado a que, cuando el rechazo a las apelaciones sea sistemático, deben consentir las sentencias de fondo para “no generar mayores erogaciones a cargo del Fisco Nacional”.
Esta "tregua" procesal expone la inacción de un Poder Legislativo que ignoró la orden de la Corte de dictar una ley que proteja a los jubilados en condiciones de vulnerabilidad. Mientras tanto, la administración libertaria se limita a administrar la derrota y aclara en su instrucción que en aquellos casos donde existan “posibilidades de revertir el criterio” o se cuestione la legitimación activa, la persecución fiscal continuará sin miramientos.
Para los miles de jubilados que aún transitan los pasillos de los tribunales federales el impacto es inmediato: se termina el calvario de las apelaciones infinitas. No obstante, la medida deja al descubierto que su bienestar es apenas una variable en la planilla de cálculo de ARCA. De esta manera, el reconocimiento de la vulnerabilidad de los ancianos no llega por convicción política, sino por la imposibilidad de seguir pagando los costos de una injusticia que la Corte Suprema ya no está dispuesta a tolerar.
Cerrar sesión