Las fuerzas armadas de los Estados Unidos anexaron el mar argentino a su doctrina de seguridad nacional (Protección de los Bienes Comunes Globales) en el mismo momento en que se estaba llevando adelante un ejercicio militar sobre aguas argentinas sin la aprobación del Congreso de la Nación.
Milei había dictado el DNU 264/2026 para autorizar el ingreso de medios y personal de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con el objetivo de realizar el Ejercicio “DAGA ATLÁNTICA” y otro en la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina (PASSEX). Con el diseño de “estos programas de entrenamiento”, las autoridades nacionales – y extranjeras- habrían incurrido en la entrega de secretos militares y un mapeo de recursos claves para el país, sin ninguna autorización legislativa.
No hubo hechos aislados; más bien todo lo contrario: representaron un alineamiento sistemático a la agenda bélica de Donald Trump y el Estado de Israel. Esta es la principal hipótesis esbozada por el diputado nacional Juan Marino (Unión por la Patria) quien denunció penalmente a Milei, el canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa, Carlos Presti, por los delitos de violación, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público; y de manera subsidiaria, Traición a la Patria.
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Con el patrocinio del abogado Eduardo Barcesat, la acusación tramita en el juzgado número 10 de Comodoro Py (Julián Ercolini) bajo el expediente 3303/2026.
“El adiestramiento de fuerzas especiales extranjeras bajo doctrina, estándares y certificación de la estructura militar estadounidense y de la OTAN en territorio nacional; la integración de oficiales argentinos a un Estado Mayor Multinacional bajo mando de la Cuarta Flota; y la habilitación de una arquitectura de vigilancia del Atlántico Sur con posible acceso extranjero a datos estratégicos son actos objetivamente idóneos para transferir parcelas de la soberanía militar argentina a una nación extranjera, erosionando la capacidad del Estado de disponer autónomamente de sus propias fuerzas”, puede leerse en el texto de la denuncia.
Además de una denuncia penal, el economista y dirigente de Unidad Popular, Claudio Lozano, se preguntó si no ameritaría ejercer presión sobre el Congreso para avanzar en un juicio político contra la cúpula gobernante (Milei, Villarroel y un largo etcétera).
“El debate político centrado en lo que va a ocurrir dentro de un año y medio no tiene vínculo alguno con la situación de aquellos que pierden su trabajo cotidianamente o que no llegan a fin de mes, ni tampoco se ocupa del creciente proceso de ocupación que sobre el territorio de los argentinos llevan adelante los Estados Unidos. La presencia de fuerzas norteamericanas en nuestro territorio sin autorización parlamentaria, los acuerdos de la Armada con el Comando Sur para patrullar nuestro Mar Continental o la injerencia de este Comando sobre la vía troncal del Paraná, son algunas de las evidencias de lo que estamos mencionando”, advirtió Lozano.
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Alineamiento militar
La incursión militar de los Estados Unidos en el territorio y mar argentino ocurrió sin pasar por el Congreso de la Nación. El 16 de abril de este año, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 264/2026, con el que se autorizaron dos ejercicios militares (que fueron mucho más que una “práctica”): el DAGA Atlántica se desarrolló entre la Base Naval Puerto Belgrano, Guarnición Militar Córdoba y VII Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina (Moreno, PBA) desde el 21 de abril hasta el 12 de junio.
Por su parte, el “Ejercicio PASSEX” transcurrió en la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina, entre el 26 y 30 de abril, y el argumento oficial para su realización fue el “pase circunstancial” del portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz, que funcionó como sede de un Estado Mayor Multinacional bajo el mando superior del contraalmirante Carlos Sardiello, comandante de las Fuerzas Navales del Comando Sur y de la Cuarta Flota de los Estados Unidos; y del destructor USS Gridley de la Armada de los Estados Unidos; ambos pasaron desde el Estrecho de Magallanes hacia el mar argentino en Mar del Plata.
“El ejercicio se planificó durante más de un año. La propia fundamentación del decreto declara que la participación en el ejercicio ayuda a estandarizar los procedimientos operativos, facilitando la participación de las Fuerzas Armadas argentinas en futuras operaciones multinacionales, con lo cual reconoce que el objeto de la medida excede el adiestramiento doméstico y se orienta a la integración de las fuerzas nacionales en operaciones militares conducidas por una nación extranjera”, sostuvo Marino en su denuncia penal.
Fueron algo más que ejercicios militares conjuntos. Quizás, la puesta en escena de un teatro de operaciones bélico del que no se tienen más precisiones que las incluidas en los DNU denunciados, y en las declaraciones mediáticas. La opacidad fue otro de los motivos por los cuales Milei decidió saltear al Congreso de la Nación.
El pasado 22 de mayo, el Ministerio de Defensa difundió una comunicación oficial en la que informaba que durante una visita de la Embajada de los Estados Unidos a la Base de Infantería de Marina Baterías se habían observado “actividades de combate urbano, primeros auxilios y atención de heridos en zona de operaciones, tiro de combate y procedimientos específicos propios de este tipo de despliegues”, y que el ejercicio consolidaba “el trabajo conjunto con los Estados Unidos y el intercambio de capacidades en escenarios tácticos reales”.
“La expresión no es inocua. Un escenario táctico real supone un teatro de operaciones, un adversario y una finalidad, cuya identificación el Poder Ejecutivo se ha negado a brindar. La descripción oficial confirma que el ejercicio no constituyó un adiestramiento doméstico de rutina, sino un dispositivo de integración doctrinaria, operativa y de mando de las Fuerzas Armadas argentinas a la estructura militar de los Estados Unidos y de la OTAN —alianza militar de la que forma parte el Reino Unido de Gran Bretaña, potencia que ocupa ilegalmente las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur—, ejecutado sin que el Congreso de la Nación lo haya autorizado”, denunció Marino.
La farsa de los Bienes Comunes Globales
El 18 de mayo, en plena ejecución del ejercicio Daga Atlántica, se anunciaba el Programa de Protección de Bienes Comunes. La comunicación oficial corrió por cuenta de la Embajada. El programa fue subscripto por el contraalmirante Carlos Sardiello, por las Fuerzas Navales del Comando Sur y la Cuarta Flota de los Estados Unidos —el mismo oficial que comandó el Estado Mayor Multinacional del USS Nimitz durante el PASSEX—, y por el Almirante Juan Carlos Romay, Jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina.
La letra chica de la Carta de Intención firmada entre la Armada argentina y el Comando Sur se mantiene en la opacidad con la excusa del secreto militar, tal como develó El Destape en un artículo publicado la semana pasada.
Para los próximos cinco años, el país se comprometió a la compra de equipamiento de exploración y vigilancia (aviones drones no tripulados) de los que no se conoce el valor de los contratos ni las condicionalidades impuestas por la administración de Donald Trump.
“La aplicación de la categoría de bienes comunes globales —espacios que no pertenecen a ningún Estado— al Mar Argentino, a la Zona Económica Exclusiva y a los espacios marítimos vinculados a Malvinas importa el riesgo de una renuncia jurídica implícita a la jurisdicción soberana. A ello se agrega el riesgo de cesión de soberanía informacional: los datos estratégicos del Atlántico Sur que recolecten los sistemas incorporados —patrones de navegación, movimientos navales, rutas logísticas, operaciones antárticas, potencial hidrocarburífero, capacidades y vulnerabilidades propias— podrían quedar bajo acceso, procesamiento o control de autoridades, comandos o contratistas extranjeros”, destacó Marino.
La excusa con la que se firmó la “Carta de Intención” fue la supuesta “protección” de la Zona Económica Exclusiva de la Argentina frente a una potencial pesca ilegal de los países asiáticos, en particular de buques chinos. Pero el secreto militar alrededor de este acuerdo dispara dudas que podrían (o deberían) ser analizadas por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. ¿No será una movida para que Estados Unidos extienda posibles maniobras de espionaje desde la plataforma marina argentina?
El camino hacia la PAX Sílica
El 16 de abril, el mismo día en que se publicaba en el Boletín Oficial el DNU 264/2026, Milei decretaba su alineamiento hacia el Estado genocida de Israel, hecho también denunciado por Marino como posible Traición a la Patria. “Defiendo la causa de Israel porque es una causa justa. Lo hago porque verdaderamente lo siento así. Como jefe de Estado tengo la posibilidad de alinear esta visión. Irán es un enemigo de Argentina, es un enemigo de todo Occidente”, declaraba el mandatario.
La entrevista antecedió el viaje de Milei hacia Israel, travesía que lo llevó a firmar varios memorándums incluidos en la denuncia penal de Marino: los Acuerdos de Isaac, presentados como un marco estratégico de cooperación diplomática, comercial y de seguridad y defensa, concebido como extensión latinoamericana de los Acuerdos de Abraham; la lucha contra el terrorismo y el desarrollo de toda la cadena de la inteligencia artificial.
Cuando los tratados internacionales para una supuesta lucha contra el terrorismo y el desarrollo de la inteligencia artificial aparecen juntos, todos estamos en peligro. Estos acuerdos diplomáticos denotan un principio de vigilancia masiva. Peter Thiel, el dueño de Palantir –la maquinaria bélica utilizada por Netanyahu en su genocidio contra la población de Gaza- observaba la firma de estos memorándums desde su mansión en Barrio Parque.
La saga concluye con la adhesión de la Argentina al proyecto de Donal Trump denominado PAX Silica, una iniciativa que busca extender la gobernanza de los Estados Unidos sobre toda la “cadena de valor” vinculada al desarrollo de la inteligencia artificial puesta al servicio de la maquinaria bélica de los halcones de Silicon Valley.
Estados Unidos e Israel están detrás de la infraestructura local y de la ocupación territorial para la instalación de los datas centers de IA que puedan servir a la Pax Sílica. A su vez, sobrevuelan cual buitres las instalaciones de Arsat. Todo tiene que ver con todo. Así también lo entendió Marino.
“Se acredita mediante el patrón sistemático y concatenado descripto a lo largo de esta denuncia, que excluye la decisión aislada o el error de gestión, en el que se agregan las propias declaraciones del Presidente, quien confesó utilizar su condición de jefe de Estado para alinear a la República con las naciones beligerantes”, concluyó la denuncia del diputado nacional. Todos los elementos denunciados se llevaron adelante con el artilugio del per saltum parlamentario vía un DNU.
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