Qué hay detrás de la carne de burro: entre la crisis salarial y el marco legal para vender

Las redes sociales y los medios exploraron la noticia desde un costado hasta cómico, pero es la expresión de la peor cara de la crisis. Sueldos cada vez más alejados de la vaca.

15 de abril, 2026 | 15.12

En medio de una crisis económica que tiene a los ingresos por el piso y a la carne vacuna por las nubes, la viralización de la venta de carne de burro en la Patagonia depertó un debate en torno a la batalla cultural que imprime el gobierno libertario, los alcances del marco legal vigente y las competencias de los distintos niveles del Estado.

El eje de la controversia se instaló tras las declaraciones del productor Julio Cittadini, quien defendió la iniciativa como una alternativa frente a la crisis que atraviesa la ganadería ovina en la región. Desde Chubut, sostuvo que la carne de burro puede comercializarse con cortes similares a los de la vacuna y a un precio competitivo, en torno a los $ 7.500 por kilo. Sin embargo, más allá del planteo productivo, el foco se trasladó rápidamente al plano normativo como primera pregunta: ¿es legal vender carne de burro en la Argentina?

Carne de burro en Argentina: se vende o no se vende

Según pudo averiguar El Destape en contacto con fuentes chubutenses, de acuerdo con la normativa vigente, la producción y comercialización de carne equina está contemplada en la Ley 24.525. Esta legislación promueve la actividad y establece las bases para su desarrollo, incluyendo aspectos sanitarios y de trazabilidad.

Dentro de esta categoría se incluyen los équidos —familia zoológica que abarca caballos, cebras y asnos—, por lo que, desde el punto de vista legal, el burro no queda excluido de este esquema. No obstante, la aplicación concreta de la normativa depende de una serie de controles y habilitaciones que varían según la jurisdicción.

El exministro de Agricultura Norberto Yahuar explicó a este medio que, décadas atrás, en la región "llegaron a instalarse frigoríficos que tenían como misión exportar este tipo de carne a países donde el consumo es habitual, como Francia o Italia". Es decir, la faena equina no apunta al mercado local.

"No se trata de un sustitutivo de la carne de vaca, como sí lo es el capón, el pollo, el rubro ovino o el pescado. En Argentina hay una vinculación cultural mucho más directa con el caballo y con el burro, incluso", señaló Yahuar. Y agregó: "Si vamos al caso, en Santa Cruz hay consumo de carne de guanaco, pero esta carnicería que ofrece burro solo explotó popularmente porque llama la atención en medio de una crisis de consumo que el Gobierno no atiende".

Tal vez sobre este punto hay una respuesta. Un informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna indicó que los precios de los distintos cortes subieron un 10,6% en marzo en comparación con el mes previo. Dentro del rubro, los aumentos no fueron uniformes, aunque se concentraron con mayor fuerza en los cortes más consumidos, lo que impacta especialmente en los hogares de menores ingresos.

Según el propio organismo, “las mayores subas en los precios promedio durante marzo se registraron en la picada común (20,4%), la carnaza común (17,7%) y la falda (13,4%)”. Al tratarse de productos de alto consumo, su encarecimiento tiene un efecto significativo sobre el índice general de precios.

Competencias provinciales y control sanitario

Fuentes del Senasa señalaron que el organismo interviene únicamente cuando existe tránsito federal de productos, ya sea entre provincias o con destino a la exportación. En cambio, cuando la faena y comercialización se realizan dentro de una misma provincia, la regulación queda bajo la órbita de las autoridades locales.

“Mientras la producción y venta se mantenga dentro del territorio provincial, es un tema del gobierno local y de salubridad interna”, señalaron desde el organismo, lo que indica un margen de autonomía para las provincias en este tipo de iniciativas.

En el caso de Chubut, fuentes provinciales indicaron que la habilitación para comercializar carne depende del área de Ganadería, encargada de autorizar los mataderos. A su vez, los municipios deben otorgar una segunda aprobación para la venta en sus jurisdicciones.

Por su parte, el área de Salud no interviene en la autorización legal del producto, pero sí tiene un rol clave en los controles bromatológicos. En ese sentido, remarcaron que los análisis realizados sobre la carne obtenida en experiencias recientes arrojaron resultados aptos para el consumo.

Carne de burro: un debate que combina crisis productiva y desplome del salario

El impulso a esta extravagante alternativa se da en un contexto complejo para la actividad ovina, agravado por la detección de casos de scrapie en el país, lo que afectó exportaciones y puso en tensión a toda la cadena.

Así, la discusión excede lo estrictamente productivo y se instala en una zona gris donde conviven habilitaciones legales, regulaciones sanitarias y percepciones sociales, en torno a un alimento que, aunque permitido por la ley, todavía genera debate en el mercado.

El trasfondo del "burro gate" es claro: la viralización y discusión pública respecto a este tipo de noticias devela cómo la crisis de ingresos le impide a la población acceder a los cortes de carne vacuna que históricamente formaron parte de la mesa de los argentinos

El precio de la carne suele convertirse en un foco de preocupación cada vez que la inflación acelera, debido al peso que tiene dentro de la canasta del Índice de Precios al Consumidor. A lo largo del tiempo, distintos gobiernos recurrieron a diversas estrategias para intentar frenar las subas: desde controles de precios y acuerdos voluntarios hasta la creación de indicadores alternativos.

Uno de los casos más recordados fue el impulsado por José Alfredo Martínez de Hoz, quien en julio de 1979, en un contexto de inflación descontrolada, decidió lanzar un índice que excluía las carnes rojas y sus derivados. En ese momento, el precio de la carne había registrado un incremento anual cercano al 300% y era uno de los principales motores de la suba general de precios.

Más recientemente, el propio presidente Javier Milei calificó la inflación de febrero de 2025 (2,4%) como un “dato clave” y propuso analizarla sin el impacto de la carne. “Si se limpia ese efecto puntual, la inflación habría sido del 1,8%”, señaló. 

La coincidencia que une a La Libertad Avanza y la última dictadura genocida es que se inmiscuye este tipo de noticias que distintos medios presentaron como risueñas, pero que simbólicamente marcan el pulso de una crisis fenomenal.