El juez de Córdoba Miguel Vaca Narvaja dictó una medida cautelar con caracter de urgencia en el conflicto del Gobierno con las personas con discapacidad, al intimar al Ministerio de Salud de la Nación- y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para atención de Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) a que en un plazo de 72 horas resuelvan los pagos de las prestaciones previstas en la ley 24.901 que reciben los titulares de Pensiones no Contributivas con Certificado Único de Discapacidad.
El fallo, al que tuvo acceso El Destape, se definió en el marco de un amparo colectivo impulsado por el grupo Defendamos Córdoba, con el respaldo de Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y varios centros terapéuticos de la provincia. "La falta de cobertura o la interrupción de un tratamiento genera retrocesos en el grado de desarrollo alcanzado mediante la intervención terapéutica, y el esfuerzo aplicado en sostener esos espacios por parte de los grupos familiares y personas responsables del cuidado de las personas con discapacidad", remarcó el magistrado.
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