En diciembre de 2020, nuestro país logró la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una conquista que marcó un punto de inflexión en el tratamiento de la agenda de género, en la opinión pública y la política. Aquellas imágenes de la vigilia frente al Congreso, los pañuelos verdes en alto, las miles de mujeres y disidencias que se vieron interpeladas por un grito colectivo, y la sensación de haber torcido el brazo de la historia condensaron una certeza: los feminismos y movimientos de mujeres que habían comenzado a tomar visibilidad y fuerza en 2015, a partir del nacimiento del Ni Una Menos, se habían convertido en sujetos políticos capaces de transformar estructuras. Si algo enseñó la legalización del aborto es que ningún derecho se conquista sin organización, articulación y persistencia, pero tampoco sin poder de negociación, algo presente en la nueva marcha del 8M.
La llamada “cuarta ola feminista”, protagonista de la “revolución de las hijas”, estuvo marcada por la transversalidad generacional, la fuerte presencia pública, la masividad callejera y el uso estratégico de redes sociales. Uno de sus mayores logros en el plano simbólico, o el que persiste hasta ahora, es que disputó sentidos comunes y logró imponer una politización más amplia de la vida cotidiana: el trabajo de cuidados, la violencia económica, la desigualdad salarial, la maternidad, la autonomía corporal, el deseo, el deporte, el derecho al goce, el amor, los vínculos, hasta los talles de la ropa. El reconocimiento internacional de la “marea verde” confirmó su capacidad de irradiación regional.
Cinco años después, el clima y el país son otros. El ciclo de institucionalización y anclaje en ministerios, programas, protocolos, convenciones, presupuestos con perspectiva de género, abrió conquistas pero también despertó tensiones. Cuando las demandas feministas ingresan al Estado, ganan formalidad y alcance pero quedan atadas a correlaciones de fuerzas electorales y a restricciones presupuestarias. Y en gobiernos de ajuste, como el de Javier Milei, esa institucionalidad se vuelve frágil y las políticas una herramienta de disciplinamiento: desarticula redes, equipos técnicos y espacios de formación construidos durante años.
Ese feminismo que llegó a las instituciones y al centro del debate público, hoy atraviesa lo que, visto superficialmente, podría leerse como repliegue, y una suerte de “depresión post-conquista” que golpea a militantes y referentes. Ya no hay mareas verdes multitudinarias, ya no se lucen pañuelos en las mochilas, ni se impone una agenda legislativa expansiva en materia de derechos. Por el contrario se vive un retroceso permanente orquestado por el gobierno nacional, y replicado en otros niveles administrativos, que repercute en la vida de millones de mujeres, adolescentes, niñas, e identidades no normativas como las lesbianas, no binaries y travesti trans.
¡Pero momento! Eso que parece un repliegue es, en realidad, un proceso de reordenamiento en un contexto político, económico y cultural radicalmente distinto, en un mundo completamente distinto. Ello implica un proceso de redefinición del lugar a ocupar y las formas en medio de una crisis sistémica y de representación que no le es esquiva. Cuando la épica, los brillos y la grandilocuencia se desinflan, por obvias razones, el feminismo saca a relucir su mejor versión: la del trabajo cotidiano, la presencia en el territorio, y la microred que sostiene derechos.
Así llegamos al 8M en 2026, el Día Internacional de la Mujer trabajadora, en medio de un marco económico adverso y con un escenario político local e internacional girado a la derecha, que da cuerda a dispositivos misóginos y engrosa sus ejércitos de jóvenes varones enojados con las mujeres, negacionistas de la violencia de género, y nostálgicos de una masculinidad que nunca vivieron, a quienes les hacen creer que somos las culpables de sus carencias e frustraciones.
Antifeminismo estatal: recortes, ataques y backlash
El retroceso en Argentina en el acceso a derechos y protección contra la violencia de género desde la llegada de Milei al ejecutivo nacional en 2023 es sumamente grave. Informes recientes de Amnistía Internacional y coberturas internacionales advierten sobre la existencia de diferentes barreras de acceso al aborto legal, la falta de misoprostol y mifepristona en varias provincias, la discontinuidad en la compra y distribución de insumos esenciales y un aumento significativo en las consultas por obstáculos para acceder a la IVE. Cuando el Estado degrada y elimina las áreas vinculadas a género y diversidad, recorta políticas públicas, cierra programas y achica presupuestos, no hay con qué garantizar los derechos formales, que quedan expuestos a la desigualdad territorial y socioeconómica, y a merced de la buena voluntad de los profesionales.
De hecho el Presupuesto para 2026 recortó las políticas de género en casi un 90%, como indica un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), medida que afectó principalmente el eje del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, contemplado por la Ley 26.486. Políticas como el programa Acompañar, la Línea 144, la Protección de Víctimas de Violencia, la Educación Sexual Integral (ESI) o el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) sufrieron perjuicios drásticos.
En paralelo, la promoción de un discurso explícitamente crítico y violento instala un clima de época adverso donde el antifeminismo, la homofobia y el trans odio se vuelven agenda institucional. Este panorama se retroalimenta con lo que en el plano global se denomina el “backlash anti género”, es decir una contraofensiva articulada de sectores conservadores y de ultraderecha que cuestionan avances en derechos sexuales y reproductivos, educación sexual integral, políticas de diversidad, y equidad laboral, entre otros elementos, mientras apuntan con campañas en redes y plataformas a reestablecer el lugar "natural” de la mujer , la “familia tradicional” y la “masculinidad real”.
Desde diferentes think tanks internacionales, institutos bien financiados, editoriales y corporaciones, vinculadas a los gobiernos de Milei y Estados Unidos, como la Fundación Faro, entienden que los feminismos y los colectivos de la diversidad se han convertido en enemigos a eliminar, en tanto simbolizan una ampliación democrática que incomoda a sus proyectos políticos y corporativos. Agustín Laje y Nicolás Márquez, son la cara visible y los amplificadores populares de esas retóricas patriarcales y violentas del mileísmo que construyen al feminismo como enemigo interno, articulando consignas “antigénero” con una mirada antiestatal y de achique. El antifeminismo ya no opera en los márgenes o como reacción casi religiosa, sino como identidad política consolidada. La categoría “ideología de género” fue reconfigurada como significante aglutinador de malestares sociales y el feminismo aparece para ciertos sectores como sinónimo de privilegio.
La coyuntura actual agrega la crisis económica como un elemento decisivo en el posicionamiento de los feminismos y su intervención en la agenda pública y política. Las dificultades materiales como la inflación, el desempleo, la caída del poder adquisitivo, el aumento de los alquileres, la precarización laboral, el crecimiento de la pobreza e indigencia, la imposibilidad de acceder a medicamentos, configuran un escenario donde las urgencias concretas reordenan las prioridades de las organizaciones y erosionan las capacidades organizativas: menos financiamiento, cierre o vaciamiento de áreas estatales de género, precarización del trabajo militante.
Para amplios sectores medios y populares, el reclamo por los derechos, la mal llamada agenda de género, queda a un segundo o tercer plano. Por eso es importante visibilizar que los feminismos siempre fueron pioneros en poner en primer plano temas como la mesa, la economía del hogar, las tareas de cuidado, los hijos y la feminización de la pobreza . Sin embargo, la distancia entre la narrativa de la igualdad y las condiciones concretas de la vida puede generar confusión y distanciamiento.
Reconfiguración y articulación: del pliego sectorial a la agenda transversal
El repliegue o amesetamiento post marea verde es parte de un proceso más amplio, que hoy atraviesan muchos sectores de la política, de configuración de nuevas representaciones y reformulación de estrategias frente a un futuro incierto. La trascendencia del proceso a nivel político y social, y la intensidad de las conquistas colectivas de los feminismos que atravesaron experiencias biográficas, dejaron una huella que sigue presente institucional y socialmente. El tema es cómo adaptarla al nuevo escenario social. En ese sentido. en el último Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, que tuvo lugar en Corrientes, se debatió la posibilidad de reformular estrategias. Las discusiones sobre lenguaje inclusivo, interseccionalidad, clase y territorio revelaron un movimiento en revisión que, lejos de ser signo de debilidad, puede leerse como gesto de madurez política y comprensión histórica, a sabiendas que todo movimiento de masas atraviesa fases de transformación y reacomodamiento.
La experiencia reciente de la primera gran marcha antifascista el 1 de febrero de 2025, y su réplica en 2026, impulsada por colectivos feministas y organizaciones LGBT+ mostró un camino posible. Frente a discursos de odio, mensajes autoritarios y políticas regresivas, la articulación entre feminismos, diversidades, sindicatos, movimientos socioambientales, la economía popular y espacios culturales configura una propuesta transversal, una síntesis más abarcadora, que se hace eco de las banderas de la democracia, la memoria, la convivencia y la justicia social. La salida no sería entonces el repliegue identitario sino una articulación amplia y la vinculación de la agenda propia con el corazón de un proyecto democrático, popular, nacional y anti fascista.
Si bien ese cruce no es nuevo, teniendo en cuenta que el paro internacional de mujeres siempre conecta la violencia machista con la precarización económica, hoy adquiere otra centralidad dado que la sobrecarga de tareas de cuidado no remunerado, la precariedad laboral y la falta de políticas sociales dignas afectan desproporcionadamente a mujeres y diversidades, limitando su autonomía y acceso a derechos. Si la crisis económica ordena la agenda pública, los feminismos tienen el desafío de traducir su programa en clave de vida cotidiana: salarios, cuidados, acceso a la salud, políticas sociales, maternidad, supervivencia, vida.
El feminismo argentino ya atravesó otros momentos como este. La diferencia es que hoy lo hace con una generación politizada, con derechos conquistados y con una memoria reciente que no se evapora, y con la ventaja de que allá afuera hay miles de personas sedientas de una nueva representación. Este proceso, conflictivo, y a veces desordenado, enmarca la reacción de un movimiento que se redefine en pleno siglo XXI, frente a un mundo que gira a la derecha y que exige respuestas más amplias, solidarias y estratégicas.
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