La localidad santacruceña de Las Heras se encuentra sumergida en una nueva y profunda crisis hídrica, que acumula cinco días en los que amplios sectores de la ciudad permanecen sin suministro de agua potable. Esta situación afecta de forma directa la vida cotidiana de miles de familias y vuelve a poner de manifiesto el colapso absoluto de la infraestructura básica en una de las principales regiones petroleras.
La falta del recurso esencial impacta de lleno en la higiene personal, la preparación de alimentos y el normal funcionamiento de las instituciones, al punto de que el Consejo Provincial de Educación dispuso la suspensión del inicio de clases para esta semana en toda la comunidad.
La crisis golpea particularmente a los sectores más vulnerables, quienes no disponen de los recursos económicos necesarios para afrontar la compra constante de agua envasada para subsistir. Esta problemática es la consecuencia del abandono del gobierno de Claudio Vidal y de la falta de inversiones en obras de infraestructura esenciales.
Según detalló el medio PO, los vecinos piden que las autoridades convoquen una Junta Municipal de Protección Civil para coordinar medidas de emergencia, poner a disposición todo el stock disponible de agua envasada de supermercados y distribuidoras locales, y crear una central de atención permanente para pedidos y reclamos.
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En este contexto de fragilidad, los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec correspondientes al tercer trimestre de 2025 revelan la profundidad del golpe en la región: en Santa Cruz, el 48,3% de los hogares tiene que utilizar sus ahorros para llegar a fin de mes.
De esta manera, el territorio gobernado por Vidal se posiciona en el podio nacional de las jurisdicciones con mayor vulnerabilidad en sus economías domésticas, situándose apenas por debajo de Mendoza con el 50,3% y La Pampa con el 49,8%. Esta dura realidad estadística demuestra que la crisis hídrica en Las Heras no ocurre de forma aislada, sino que se enmarca en un momento donde la falta de inversión pública y la crisis nacional se combinan para deteriorar drásticamente las condiciones de vida de los ciudadanos.
Ley de Glaciares en Santa Cruz: la Justicia revocó el fallo que frenaba la reforma en la provincia
La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía la aplicación de la Ley de Preservación de los Glaciares en la provincia de Santa Cruz. De esta manera, la normativa nacional vuelve a estar plenamente vigente en todo el territorio santacruceño y profundiza el avance del saqueo de recursos naturales que busca establecer el gobierno de Javier Milei.
La decisión del Tribunal de alzada se dio tras un planteo de la Procuración del Tesoro de la Nación, que apeló la suspensión dictada originalmente por el Juzgado Federal de Río Gallegos. La primera medida provisoria había sido promovida por el Municipio de El Calafate, junto a concejales y legisladores provinciales y nacionales, quienes cuestionaban la constitucionalidad de la ley sancionada en el Congreso en abril pasado.
Los jueces de la Cámara Federal, Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, coincidieron con el reclamo del Estado Nacional, el cual advertía que el fallo de primera instancia "no contiene ninguna evaluación sobre las disposiciones de la ley que decide suspender". El juzgado de Río Gallegos había congelado los efectos de la norma de forma provisional, sin haber emitido todavía una decisión judicial sobre el fondo del asunto.
En cuanto al análisis de la medida cautelar que había sido concedida en primera instancia, los magistrados remarcaron que “es una ley sancionada por el Congreso de la Nación, lo cual exige extremar la prudencia con la que la cuestión debe ser evaluada… No sólo de la presunción de legitimidad que reconocen los actos públicos, sino del irrestricto respeto con el que debe ser observado el principio republicano de la división de poderes”.
A su vez, consideraron que “la sentencia en crisis no supera el test de adecuada fundamentación y razonabilidad” porque no se dedica a “enunciar las novedades introducidas por la Ley 27.804 (la cual no luce ni siquiera mencionada) o desarrollar los fundamentos fácticos y/o jurídicos” que entrarían en contradicción con los principios generales de la Constitución nacional.
Al revocar la cautelar, la Cámara también instó de forma urgente al juez de instrucción a regular la inscripción del expediente en el Registro Público de Procesos Colectivos.
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