Después de tres años de lucha para lograr justicia por su hijo, presuntamente abusado sexualmente por su padre, una mamá recibió un golpe por parte del Poder Judicial de Río Negro que no esperaba: a sólo semanas de comenzar el juicio oral en contra de su ex, la fiscal del caso desistió de la acusación y comunicó que no va a estar presente en el debate. La mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, deberá afrontar el proceso oral contra el padre de su hijo el próximo 27 de julio prácticamente sola, sin el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal, que pese, a haber estado presente durante toda la etapa de investigación, resolvió que no participará con el argumento de que "no hay pruebas" en contra del acusado.
La denuncia se originó el 10 de mayo de 2023, dos días después de que su hijo, que entonces tenía tres años y medio, le relatara "algunos juegos sexuales" que supuestamente había mantenido con su padre. Según trascendió, antes de esa revelación, la madre ya observaba en el menor crisis de ansiedad y conductas sexualizadas. "Hice la denuncia y a partir de ahí, lo destituyeron del hogar. Mi hijo mayor siguió contándome un montón de otras cosas más que le hacía el papá, lo que tenía que ver con situaciones de abuso”, contó la mujer.
El acusado: un reconocido psicólogo de Bariloche
El acusado, identificado como D.E., es un reconocido psicólogo de Bariloche, licenciado en Letras y profesor universitario, con una gran capacidad de manipulación, según describió la madre. "Él es un gran intelectual, tiene muchas carreras universitarias, tiene mucho poder intelectual y también poder económico. Después con el tiempo fui viendo que es un psicópata, que es narcisista", recordó. La mujer aseguró que durante la instrucción aportó información de manera constante sobre lo que su hijo le iba contando, incluido un relato en el que el niño decía que su padre supuestamente lo filmaba o le tomaba fotos de sus genitales.
La causa tuvo un desfile de fiscales. En primer lugar, el expediente estuvo en manos del exfiscal Martín Govetto, especializado en Violencia de Género. Sin embargo, a finales del 2023, el funcionario se retiró y la causa recayó en el fiscal Gerardo Miranda, hasta que este año, cuando ya se preparaba el juicio, la causa pasó a manos de la fiscal Daniela Ortiz. La madre criticó la Cámara Gesell realizada en 2024, que consideró "muy mal realizada, muy violenta, inducida, todo el tiempo preguntando si la mamá le había dicho lo que le tenía que decir".
Las pruebas que había aceptado la Justicia
El 13 de febrero del año pasado, tras la etapa de instrucción que incluyó la Cámara Gesell, entrevistas psicológicas y estudios médicos, se elevó el caso a juicio oral bajo la acusación de abuso sexual agravado. El debate fue aprobado por el juez de Garantías Martín Arroyo. En la elevación se detallaban pruebas como informes de la licenciada Andrea Maccione, la doctora Verónica Martínez, la licenciada Silvia Ceballos, actas del Hospital Zonal y un informe integral del Cuerpo de Investigación Forense (CIF).
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Pese a que ya contaban con el aval del juicio oral, en diciembre pasado, la defensa solicitó una probation para evitar el debate. La jueza Romina Martini rechazó el pedido y fijó fecha del debate oral para el 27 de julio. Después, el Ministerio Público Fiscal dictaminó a favor de la suspensión del juicio a prueba, pero la querella impugnó esa postura y la jueza Martini concluyó que ese dictamen no se apoyaba en razones de política criminal, sino en una valoración sobre la fortaleza de la prueba.
El nuevo obstáculo a un mes del juicio
Unos seis meses después, cuando ya todo estaba listo para el juicio oral, el fiscal Miranda fue removido del expediente y su lugar fue tomado por Ortiz, quien a menos de un mes del comienzo del debate decidió desistir de la acusación. La abogada de la madre contó que la fiscal las convocó para avisarles que iban a desistir de la acción y que fueran solas al juicio. "Yo le dije: 'Ustedes son los responsables de avisar a la mamá esta información, así que corresponde que ustedes se reúnan por respeto también a la víctima y le digan cuáles son las razones por las cuales ustedes no van a ir'", reveló la letrada.
En el escrito enviado al juez Arroyo, la fiscal Ortiz argumentó "falta de pruebas suficientes" y sostuvo que "no existen actualmente elementos de convicción suficientes para sostener la acusación pública ante el tribunal oral". A pesar de que el MPF había sostenido la acusación durante toda la investigación, la fiscal dio marcha atrás tras un "nuevo examen integral del caso". La querella pidió a la Procuración que se revoque la decisión por falta de fundamentación y que el legajo sea reasignado a los fiscales que sostuvieron la acusación.
La urgencia: el vencimiento del plazo procesal
La urgencia ahora es elevar cuanto antes un pedido de revisión tanto al fiscal jefe Martín Lozada como al juez Arroyo porque en agosto se vencen los tres años que establece el Código Procesal Penal de Río Negro como máximo de tiempo para que una persona esté sometida a proceso. "Si llega agosto, se cae", advirtió la abogada. Pese a todo, la mamá y su abogada irán solas al debate, mientras la comunidad de Bariloche sigue de cerca un caso que reaviva el debate sobre la protección de los niños víctimas de abuso sexual y el rol de la Justicia en estos procesos.
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