“2024 es el peor año de dengue desde que se llevan registros. Hasta el 23 de julio, se reportaron más de 10 millones de casos en 176 países del planeta (aunque América se lleva la peor parte), de los cuales más de 24.000 fueron de gravedad y 6508 murieron. Esos números ya superan los de 2023, que también fue un año récord. No cabe duda de que el dengue, enfermedad transmitida por un vector [el mosquito Aedes aegypti] y causada por cuatro virus serológicamente relacionados, es una amenaza mayor a la salud. A lo largo de las últimas dos décadas, aumentaron diez veces los casos, y esta cifra muy probablemente esté subestimada. Es la única enfermedad infecciosa para la cual está aumentando la mortalidad (…) durante los brotes”.
Con estos datos inicia su editorial del 23 de julio de este año la revista científica The Lancet. Está claro que el dengue ya es una patología instalada en esta parte del mundo. En una reunión con la Red Argentina de Periodismo Científico, el ministro de Salud, Mario Russo, y su Secretario de Calidad en Salud, Leonardo Busso, presentaron las principales líneas de acción del “Plan estratégico para el abordaje integral del dengue” que desarrollaron para la temporada 2024-2025. Entre otras, mejorar el registro de casos, reforzar la atención primaria y adquirir 160.000 dosis de la nueva vacuna que permite disminuir la hospitalización y los casos graves. Esto permitiría inmunizar a 80.000 jóvenes de 15 a 19 años de jurisdicciones priorizadas, en especial, en el Noreste y el Noroeste del país.
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“[El año pasado], el dengue nos sorprendió en cuanto llegamos al Ministerio –explicó Busso–, con un adelantamiento de los casos y récord histórico. Fue un aprendizaje para lo que viene y lo que nos llevó a tener un plan integral que comienza mucho antes de que empiece a aumentar la curva de casos, en la semana epidemiológica 31 [la que va del 27 de julio al 3 de agosto]”.
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Según los funcionarios, el último brote dejó un saldo de 583.297 casos y 419 fallecidos, lo que arroja una letalidad del 0,072%, que está dentro del rango esperable, aunque se calcula que hay un importante subregistro, tanto porque un gran porcentaje de los casos son asintomáticos como porque muchos de los pacientes que cursan un cuadro leve no consultan con el sistema de salud. “Vemos que hay algunas inconsistencias [en la notificación]. Por eso estamos trabajando mucho con las jurisdicciones”, destacó Busso.
De acuerdo con los titulares de Salud, falta información para saber qué y cómo priorizar. “Este ministerio tiene mucho para mejorar en la nominalización de datos para poder tomar decisiones políticas –agregó Russo–. Es una de las deficiencias estratégicas que encontramos. Sabemos que ésta es una enfermedad que tiene mayor incidencia en las zonas urbanas que en las rurales. Estamos tratando de ver qué es lo que está pasando en cada una de las regiones y por eso estamos trabajando con las provincias, para encontrar diferencias entre un departamento y otro. Queremos trabajar fuertemente en los sistemas de información, la trazabilidad de los datos y los indicadores. Estamos utilizando una herramienta que evalúa la carga de recurso humano sanitario de cada uno, el acceso a la atención primaria, si tienen cloacas… Y los estamos utilizando para ver de qué manera priorizamos los que tienen algún indicador indirecto de falta de acceso a la salud”.
El Plan de Abordaje Integral, que hoy se presenta a los ministros de salud de las provincias, tiene tres niveles: nacional, jurisdiccional y local. El nacional comprende la rectoría y definición de lineamientos técnicos, la supervisión de cada una de las acciones, la distribución de insumos, la capacitación y asistencia técnica, y el financiamiento, que se hará a través del Programa Sumar, que otorga recursos por cada prestación que realicen los hospitales o centros de salud.
El nivel jurisdiccional incluye el diseño y monitoreo del plan, y queda en manos de provincias y municipios. Y el nivel local se ocupa de implementar el control vectorial en el territorio, la vigilancia epidemiológica y la notificación.
Este año hubo dos provincias que siguieron teniendo casos en invierno (Chaco y Formosa) lo que lo convertiría en el segundo consecutivo en el que no se corta la transmisión. “Eso nos pone en alerta, porque está mostrando que hay un cambio en el comportamiento de la enfermedad y del vector”, afirmó Russo. Y agregó que para hacer una estimación de cómo podría ser el próximo brote, se necesitan más precisiones meteorológicas. Indicaron que los productores les habían dado garantías de un suministro adecuado de repelentes. En la web del Ministerio figurará la lista de los autorizados por la Anmat.
También anticiparon que harán publicidad de medidas de prevención en medios audiovisuales. “Queremos ser ‘capilares’ [llegar al nivel territorial], pero dando incentivos a través del Programa Sumar –aclaró Russo–. Creemos que la distribución de recursos tiene que ver con los indicadores sanitarios y no con amiguismos. Nuestro desafío es que la política termine de entender lo que es la salud. No vemos nunca el resultado de lo que invertimos. Lo que nosotros necesitamos son los datos”.
Uno de los últimos puntos (y de los más discutidos del Plan) es la vacunación. La decisión del Ministerio, que sigue la recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, es vacunar al grupo de 15 a 19 años en departamentos de alta incidencia. Para esto, ya se inició el proceso de adquisición de 160.000 dosis (que alcanzan para vacunar a 80.000 individuos), con la opción de duplicar ese número. Comenzarían a aplicarse en septiembre. “Se tuvo en cuenta cuáles son las poblaciones que tienen menos acceso a la salud y más alta endemicidad –detallaron–, las que tienen más chance de haber estado expuestas al virus”. La inmunización está restringida a ese rango de edad, pero Busso concedió que “si una persona de hasta 39 años viene con la indicación, se la aplicamos”.
Sin embargo, no todos están de acuerdo con este criterio. En una revisión publicada el 29 de junio de este año en la revista científica local Medicina, dos investigadores del Conicet, Pablo Orellano, de la Universidad Tecnológica Nacional (regional San Nicolás), y Darío Vezzani, del Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable, de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, hacen algunas observaciones críticas.
“Habría que tratar de entender porqué se prioriza a los de 15 a 19, si la OMS recomienda vacunar de 6 a 16 años –dice Orellano–. La vacuna disponible no está dirigida a interrumpir la transmisión, sino a prevenir formas graves. Por eso, la recomendación internacional es fijarse en estas últimas y no en la incidencia. Los chicos de 6 a 16 son los que más riesgo tienen de dengue grave, y dentro de ese grupo, los que están más en riesgo son los que tienen comorbilidades. También, al estar escolarizados, es más fácil su captación. Por otro lado, la población adulta y económicamente activa tiene más acceso a la vacunación. Por ejemplo, algunas empresas están comprando vacunas para sus empleados. En las zonas priorizadas, muchas veces el padre de familia es el único que trabaja y si hay que invertir en una vacuna van a hacerlo en la persona que provee el sustento. En ese caso, los que quedan más desprotegidos son las mujeres y los chicos que no pueden pagarla. Otro factor para tener en cuenta es que muchas veces, cuando se introduce una vacuna hay una sensación de protección que hace que se le preste menos atención a todo lo que sean estrategias no farmacológicas; es decir, al control del vector. Dado que esta vacuna no corta la transmisión, sino que apunta a proteger de las formas graves, la transmisión va a seguir y puede ocurrir que se relajen las acciones de control vectorial en el norte, la puerta de entrada a los grandes centros urbanos y desde donde luego se distribuye a ciudades como Córdoba, Rosario, Buenos Aires, La Plata, que son lugares no alcanzados por la estrategia de vacunación”.
De acuerdo con Orellano, aunque los datos de hospitalizaciones por grupos de edad no están publicados, la evidencia histórica muestra que los niños y los ancianos tienen mayor riesgo de formas graves y muerte. “Y puede ocurrir un ‘corrimiento epidemiológico’, que sucede con algunas vacunas –comenta–: cuando se enfoca un grupo de edad, la enfermedad se desplaza a otros grupos. Desde mi punto de vista, en este caso sería un problema si se corriera hacia los chicos”. Aunque advierte que no es especialista en vacunas, sino en la epidemiología del dengue, coincide con los lineamientos de la OMS, diferentes de los que se contempla aplicar. “Cada país tiene su propia realidad y tiene que adaptar esos lineamientos, pero hay que evaluarlos muy bien cuando se toman decisiones en algo tan serio”, concluye.
Por su parte, el ministro de salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, que esta semana advirtió que la próxima temporada de dengue puede ser grave, consideró que 160.000 vacunas es una cifra que “no alcanza. De hecho, ocho provincias ya anunciaron que van a comprar y mucho más de lo que piensa adquirir Nación”.
“Obviamente a la PBA no le toca nada de todo eso, porque no alcanzamos la incidencia del NOA y el NEA –dijo–. Y es un problema, porque vamos a tener una gran cantidad de casos por la población de la provincia y nadie nos va a dar ninguna vacuna, aunque deberían darnos muchísimas”. También opinó que la indicación de circunscribir tanto la administración de la vacuna “tiene sus bemoles. Es una decisión sanitaria de ajuste. Además, no se está abordando la educación para la salud, no hay pautas de publicidad [para difundir medidas de prevención], no hay inversión en equipos de salud, en métodos de diagnóstico, en reactivos, en promotores. Lo que va a pasar es que como no se trabajó [en el control de los criaderos de mosquitos en los lugares donde hubo más casos] en invierno, volveremos a tener dengue en verano, en lugar de en marzo del año que viene. Es un trabajo que se debería hacer y que no se está haciendo”.
El ministro Russo aclaró que mantiene buenas relaciones con sus colegas del resto del país. “Todos queremos lo mismo, que la gente tenga acceso a la salud”, dijo y también subrayó que no tiene condicionamientos. “Se lo decimos a los ministros: que aprovechemos este momento para ir a una gestión transparente, por resultados, a buscar los indicadores… Nosotros vamos a distribuir los recursos de acuerdo con eso”.
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