Reforma laboral: 144 grandes empresas dejan de pagar Ganancias por $1,75 billones en 2026

El proyecto modifica el régimen de tributación de las sociedades más grandes del país, especialmente aquellas cuyo volumen de ganancias supera los 100 millones de pesos anuales.

15 de diciembre, 2025 | 13.39

El proyecto de reforma laboral propone una baja en el impuesto a las Ganancias para un grupo selecto de empresas, lo que podría generar un fuerte impacto en la recaudación y en la distribución de recursos hacia las provincias. De acuerdo con un estudio realizado por el economista y diputado Guillermo Michel, las 144 empresas más grandes del país, que facturan por encima de los 15.000 millones de pesos, dejarán de pagar unos 1,75 billones de pesos en impuestos. El Gobierno presentó el jueves pasado el  proyecto que, además de sus propuestas en cuanto a la flexibilización de las condiciones laborales y la creación de nuevas regulaciones, incluye una modificación en el impuesto a las ganancias de las sociedades.

En el artículo 191, la iniciativa propone reducir las alícuotas que pagan las grandes empresas, lo que se traduciría en una baja de la recaudación de este tributo clave. Aunque a simple vista, la medida parece estar enfocada en beneficiar al sector privado, los efectos secundarios de esta reforma no son menores, especialmente en lo que respecta a la coparticipación de las provincias.

El proyecto modifica el régimen de tributación de las sociedades más grandes del país, especialmente aquellas cuyo volumen de ganancias supera los 100 millones de pesos anuales. Según la normativa vigente, estas empresas pagan el impuesto a las ganancias en tres tramos. En el primer tramo, hasta los 100 millones de pesos, las empresas abonan el 25% de sus ganancias. En el segundo tramo, que va de los 100 millones a los 1.000 millones de pesos, el impuesto sube al 30%, y en el tercero, para las empresas que superan los 1.000 millones de pesos de ganancias, la tasa alcanza el 35%.

El artículo 191 de la reforma establece una reducción de las tasas en los tramos más altos: el 30 por ciento se baja al 27 por ciento, y el 35 por ciento se reduce al 31,5 por ciento. Esta modificación tiene un costo fiscal que se estima en unos 3,1 billones de pesos (0,3 puntos del Producto Bruto Interno, PBI). Sin embargo, lo que llama la atención es que el beneficio de esta baja de impuestos se concentrará de manera significativa en un número reducido de empresas. 

Según los datos de ARCA (ex AFIP), de las más de 160.000 sociedades que pagan el impuesto a las ganancias, solo el 1,1 por ciento de las empresas (alrededor de 1.856) contribuye con el 76,3 por ciento de la recaudación. Pero aún más relevante es que solo 144 empresas, el 0,1 por ciento del total, concentran el 56 por ciento de la recaudación, según recuerda el informe de Michel. "Esto deja en claro que, en términos prácticos, la reforma beneficiará principalmente a un pequeño grupo de grandes corporaciones, las cuales ya se han visto favorecidas por otras medidas como la eliminación temporal de derechos de exportación y los beneficios del Régimen de Incentivo a la Inversión (RIGI)", destaca.

Si se toma en cuenta los valores absolutos de recaudación, este pequeño grupo de gigantes empresarios --que incluye diversos sectores económicos--dejarán de pagar de ese total 1,75 billones de pesos. Por orden, las veinte empresas de mayor facturación actualmente son: 

  1. YPF - Petróleo y Gas
  2. Grupo Techint - Siderurgia, Ingeniería, Energía
  3. Mercado Libre - Comercio Electrónico
  4. Arcor - Alimentación
  5. Grupo Clarín - Medios de comunicación
  6. Pampa Energía - Energía
  7. Cencosud (Jumbo, Disco, etc.) - Retail
  8. Banco de Galicia y Buenos Aires - Finanzas
  9. Grupo Supervielle - Finanzas
  10. BBVA Argentina - Finanzas
  11. Ternium Argentina - Siderurgia
  12. Sancor Seguros - Seguros
  13. Edenor - Energía eléctrica
  14. AES Argentina - Energía eléctrica
  15. La Anónima - Supermercados
  16. Unilever Argentina - Consumo masivo
  17. Cervecería y Maltería Quilmes - Bebidas
  18. Danone Argentina - Alimentación y Bebidas
  19. Pemex - Petróleo y Gas
  20. Siderar - Siderurgia

Impacto en las provincias

Las provincias serán afectadas directamente por esta baja en la recaudació, dado que dependen de la coparticipación federal para financiar sus presupuestos. El sistema de coparticipación federal establece que una parte de los impuestos recaudados por la Nación se distribuyan entre las provincias, según un porcentaje acordado.

Según las proyecciones, de los 3,1 billones de pesos que dejaría de recaudar el Estado, 1,7 billones corresponderían a las provincias. Esto equivale a una pérdida mensual de aproximadamente 144 mil millones de pesos para los gobiernos provinciales durante todo el año 2026. El Gobierno no explica cómo va a compensar, tanto a nivel nacional como provincial, esta pérdida de recursos. 

La reforma laboral y tributaria evidencia una clara concentración de los beneficios fiscales en un reducido grupo de grandes empresas. Si bien el Ejecutivo justifica esta reforma como un paso hacia la modernización y la competitividad del país, las consecuencias de esta redistribución del peso tributario son complejas. La reducción de impuestos para las grandes empresas podría, en teoría, alentar la inversión y la generación de empleo en algunos sectores, pero, en el corto plazo, esta baja podría profundizar la desigualdad en la distribución de la carga tributaria.

La caída en la recaudación por el impuesto a las Ganancias es una pérdida que no solo golpea al Tesoro nacional, sino que también tendrá efectos devastadores en los gobiernos locales, quienes verán reducidos sus fondos destinados a Salud, Educación, Infraestructura y otros servicios básicos.

Este recorte en la coparticipación genera además un nuevo desajuste presupuestarios a las provincias, especialmente en aquellas que ya enfrentan dificultades económicas y financieras.  Los gobernadores ya manifestaron su preocupación por la pérdida de recursos que agrava la situación de las provincias, mientras el Ejecutivo presenta un proyecto de ley para castigar penalmente a las administraciones que presenten un presupuesto deficitiario.