Son hijos de obreros desaparecidos y lograron llevar a un empresario a juicio: el caso que evidencia una sociedad cómplice

Hace 50 años, Roxana tenía 7 años; su hermana Elizabeth, 5; Analía, apenas 2; y Ceferino ni siquiera había nacido. Sus padres, obreros de Molinos Río de la Plata, fueron secuestrados en plena dictadura y nunca volvieron. En ese entonces, Emilio Parodi cumplía su segundo año como jefe de personal de la planta en Avellaneda. A partir del próximo mes, será juzgado por los secuestros de tres obreros de la alimenticia: Santos Ojeda, Francisco Fernández y Roberto José Rivolta Bonino. Todos permanecen desaparecidos desde el 7 de julio de 1976, cuando intentaban entrar a trabajar por última vez.

Francisco es el papá de Analía. Tuvo que “construir recuerdos” de él a partir de relatos. Los fue recogiendo en sus recorridas por Guernica, golpeando puertas en busca de personas que hayan conocido o trabajado con su padre. Así también reconstruyó la militancia obrera que su padre llevó adelante junto a otros compañeros de la agrupación 17 de octubre, vinculada a Montoneros. Entre ellos, Avelino “Chicho” Freitas, padre de Elizabeth y Roxana, y Rubén “Lechuga” Mataboni, padre de Ceferino.

Ellos también están desaparecidos, pero sus casos no están incluidos en el juicio porque sus secuestros sucedieron en otro tiempo y espacio. Al menos 27 personas vinculadas a la empresa fueron víctimas de delitos de lesa humanidad; 21 se encuentran desaparecidas, cuatro fueron asesinadas, una sobrevivió al operativo y una niña fue víctima de apropiación.

“Uno siente que debería haber llegado antes. Llegamos después de años, de un montón de testigos que pudimos recabar y encontrar, porque cuando empezamos era todo como un desierto”, recuerda Analía sobre el momento en el que presentaron la denuncia en 2013 por la responsabilidad empresarial en la desaparición de los obreros que derivó en la querella contra Parodi, señalado por múltiples testigos por su rol en la identificación de las víctimas para los operativos represivos.

No fue el único con un cargo gerencial en la empresa —que por entonces pertenecía al grupo Bunge & Born— en ser nombrado por testigos. Pero muchos de ellos ya fallecieron o el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, a cargo de la instrucción, aún no cuenta con elementos suficientes para acusarlos. 

Y aunque por ahora solo será juzgado el caso del papá de Analía, la hermandad con sus compañeros de querella está más firme que nunca: “Esto es nuestro, fue nuestro desde el principio y así va a ser hasta el final. Y ojalá se pueda seguir buscando, porque no sabemos cuál fue el grupo de tareas ni dónde los llevaron”.

En su caso, de Fernández nunca se supo nada más. Según la madre de Analía, en Molinos le dijeron que se lo habían llevado a Campo de Mayo y le recomendaron que no lo busque más. Sin embargo, hasta el momento no hallaron registros o testimonios que lo hayan ubicado en ese centro clandestino.

En el caso de “Chicho”, su rastro lo perdieron en la Comisaría 4.ª de Sarandí, a donde se lo llevaron cuando lo secuestraron el 1 de julio de 1976 a las cinco de la madrugada, cuando iba a trabajar.

Lo mismo pasó con “Lechuga”, uno de los más orgánicos del grupo de obreros de Molinos desaparecidos. Era encargado de logística de la columna sur de Montoneros y ya había renunciado a la empresa cuando fue secuestrado el 3 de diciembre de ese mismo año en el barrio porteño de Recoleta.  “Al día de hoy no puedo participar en ningún servicio velatorio, ni al de mi madre fui. Por el trauma que tengo con la falta del cuerpo de mi viejo”, reconoce Ceferino.

“No hay forma de encontrar dónde, en qué lugar, si lo fusilaron a la vuelta de la fábrica, si lo tiraron al riachuelo o si se lo llevaron a otra provincia; no, no tenemos nada. Entonces, sigue siendo tan desaparecido como el primer día”, agrega Analía sobre el caso de su papá.

Las marcas de la desaparición

Los cuatro tienen otro rasgo en común: por mucho tiempo no conocieron en detalle lo que les había pasado a sus padres, así como tampoco sus historias de militancia. Ya sea por miedo o porque su familia no supo explicar qué significaba ser un desaparecido, tuvieron que crecer con ese vacío y las heridas que provocó esa tragedia en sus vínculos familiares.

“Siempre supimos que mi papá era un desaparecido, pero sin comprender el significado de eso”, precisa Analía, que era la menor de tres hermanos. Cuando era chica, pensaba que un día su papá iba a aparecer, como en un truco de magia.

Tras el secuestro de su padre, fue su madre —quien siempre ignoraba la militancia de su marido— la que se convirtió en el sostén económico del hogar. “Entonces tampoco había una imagen de ese trabajador, de ese luchador, de esa persona que iba adelante a la defensa de los derechos de los trabajadores. Esas son las marcas que nos dejaron a partir de semejante atrocidad. El terrorismo de Estado fue eso, el terror del silencio, de no saber, no conocer, de tener una imagen totalmente desfigurada de ese hombre. Yo creo que en mi familia hay muy poca comunicación hasta el día de hoy, que viene un poco arrastrada de esa historia”, reflexiona.

“Yo conocí a una tía a los 32 años. Mirá cómo nos destruyó los lazos familiares”, aporta Ceferino, quien se enteró de que su papá era un desaparecido a los 12 por un vecino. Él es el menor de 10 hermanos y ya de adolescente, gracias a su padrino (también militante) empezó a construir la historia de su padre.

“Cuando cumplí la edad de mi viejo, los 36 años, me partió al medio. Me sigue afectando porque yo me quedé con que él tiene esa edad y no 85. Yo estoy a 3 meses de cumplir los 50 y digo: ‘¿Cómo, puede ser que soy más grande que mi viejo?’, reflexiona Ceferino emocionado.

Y en el caso de Roxana y Elizabeth, además de ocultar que su papá perteneció a Montoneros, les decían que se había ido a trabajar. Tanto fue así que el 10 de julio, nueve días después del secuestro, Lis cumplió 6 años y se lo festejaron para simular “normalidad”. “Yo me acuerdo de que mi abuela lloraba, mi mamá lloraba, pero no entendía por qué”, remarca Roxana. 

“Era un padre superpresente, jugaba, cantaba con nosotros, nos llevaba al parque, o sea, él estudiaba, trabajaba y militaba. De dónde sacaba el tiempo, no sé, pero él estaba”, evoca Elizabeth con una sonrisa. Por ese entonces vivían en Villa Corina y, aunque no eran ricas, vivían como princesas. Pero tras su secuestro, se tuvieron que ir a vivir a Paraguay y pasaron por la pobreza más absoluta.

Y pese a que su abuela fue Blanca Arévalo, una histórica Madre de Plaza de Mayo, la historia de militancia de su padre la conocieron de grandes gracias a investigaciones y al involucrarse en la causa, luego de vincularse con Ceferino y Analía para impulsar la querella.

Fue así que Elizabeth descubrió por qué su papá siempre tenía puesta una muñequera típica de un tenista: allí tenía la pastilla de cianuro para usar en caso de ser capturado. 

Y a diferencia de Ana y Cefe, ellas sí tienen recuerdos de la búsqueda de su padre. De hecho, Roxana entra en una especie de nebulosa cada vez que cruza un portón de un galpón. “Con mis abuelos íbamos siempre en la camioneta, nosotras sin saber, pero yo recuerdo bien, íbamos a diferentes lugares y ellos bajaban a buscar”, cuenta.

“Chicho” tenía 27 años cuando lo secuestraron, era delegado en Molinos y estaba esperando a su cuarta hija. Su edad quedó marcada en Roxana, la mayor: “Yo sentí como que fue una separación de mamá con papá. Yo tenía terror de llegar a los 27 años y separarme. Y pasó, me separé a los 27 años. Cuando me caso, me propongo llegar hasta el final con mi esposo para que mis hijos tengan la familia que yo no tuve. No se pudo por cuestiones diferentes, pero da la casualidad o no sé qué, a los 27 me separé”.

La lucha obrera en Molinos

Los tres formaron parte de la agrupación “17 de Octubre” —vinculada a la Juventud de Trabajadores Peronistas y a Montoneros—, la comisión interna del sindicato de aceiteros que venció a la lista más conciliadora con la dirección de Molinos. “En la agrupación éramos todos idealistas; pedíamos cosas por los trabajadores y las condiciones laborales”, subrayó Fermín González, trabajador de Molinos y sobreviviente del operativo de secuestro efectuado en la planta, en la publicación “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”, editada en 2015 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Además, también consiguieron una ración de mercadería que era repartida por los barrios más humildes de los alrededores de la fábrica. “Armaban cajas con alimentos para llevarles a las villas, a los que no tenían trabajo, a los que no tenían comida. Y en realidad ellos no cobraban mucho y a nosotros tampoco era que nos sobraba nada”, destaca Analía.

“A través de la lucha de ellos se generó la proveeduría dentro de la empresa para pagar a menor costo la mercadería”, resalta Ceferino sobre la solidaridad que imperaba en el grupo y que se esforzaban por predicar con el ejemplo: “Una vez habían organizado un festival y mi hermano más grande se ganó una pelota de cuero. Y atrás del escenario mi papá se la sacó y la hizo sortear de nuevo porque no podía ser que alguien piense que hubo un acomodo”. 

A ese conflicto interno se sumó, en septiembre de 1974, otro hecho clave: el secuestro de los hermanos Born por parte de Montoneros. Juan y Jorge se desempeñaban como gerente y director general del grupo. En el operativo murió el gerente de la empresa Molinos, Alberto Bosch. Y como rescate se obtuvieron 60.000.000 de dólares en efectivo y otro millón en mercancía que fue distribuida en distintas partes del país.

"Nosotros vendimos Molinos hace años y los directivos de entonces ya están todos muertos", le dijo Jorge Born a comienzos de septiembre de 2014 a María O'Donnell, autora del libro “Born”. Desde 1999, Molinos Río de la Plata forma parte del grupo empresario de la familia Pérez Companc.

Y pese a que los testimonios indican que antes de marzo del 76 los trabajadores ya venían siendo víctimas de hostigamientos efectuados, principalmente, por el personal de seguridad de la fábrica, el golpe de Estado incrementó las hostilidades. De hecho, la actividad gremial dentro de la fábrica había sido seguida por los servicios de inteligencia, como lo prueban los reportes que enviaba particularmente la delegación Lanús de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).

Varios testigos señalaron que antes del operativo del 7 de julio de 1976, Molinos les dio una última oportunidad a los delegados y obreros activistas para que se retiraran de la empresa de manera “voluntaria”. Según el testimonio de un trabajador del área de personal, después del golpe la empresa comenzó una ofensiva contra la agrupación 17 de Octubre, así que, a través de su jefe de personal, Parodi, y del gerente general Fernández Madero, “ofrecieron indemnizaciones al personal que perteneciera a la agrupación”, con la condición de que dejaran su puesto de trabajo.

El inicio del juicio

Para ese entonces, varios testimonios indican que Parodi pertenecía al personal jerárquico.  Además, en 1979 se produjo un cambio en el organigrama y hasta 1981 ejerció como jefe de Relaciones Laborales y, entre 1981 y 1991, se desempeñó como gerente de Relaciones Industriales de la compañía. 

Y aunque los cuatro son conscientes de la edad del acusado y de que no ejecutó los secuestros, la elevación a juicio oral les trajo una sensación de bálsamo: “Simplemente, ese alivio de saber que la justicia tarda, pero que en algún momento llega y que vale la pena el esfuerzo que se hicieron estos años para lograr eso”.

“Me satisface el hecho de saber que ahí le haya llegado la notificación, que lo hayan llevado esposado de su casa, que lo vio todo el mundo, y ahora todos los vecinos saben quién es, que es un hijo de puta. No digo que me alcance, pero me genera cierta satisfacción”, añade Ceferino. 

El juicio contra Emilio Parodi, a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de La Plata comenzará el próximo 23 de abril. Parodi fue detenido en julio de 2023 por decisión del juez Kreplak, por entonces tenía 82 años, y se mantenía activo asesorando a distintas empresas en materia de recursos humanos. La acusación estará a cargo de los fiscales Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira. Además, participarán diversas querellas que representan a las víctimas y sus familiares. Entre estos se encuentran el abogado Pablo Llonto, en representación de Analía Adriana Fernández; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y el sindicato de aceiteros.

Pero Analía intenta poner en palabras lo que significa tenerlo en el banquillo de los acusados: “La búsqueda o la esperanza, la ilusión, el deseo, no sé, creo que es una palabra más grande todavía. Creo que no hay una palabra que defina por ahí lo que nosotros sentimos en cuanto a la posibilidad de que ese juicio se lleve a cabo”. Porque, cuando uno mira para atrás, lo que parecía imposible hoy está ocurriendo. Llegar a este juicio es, en sí mismo, parte de esa búsqueda que empezó hace 50 años.