La crisis del transporte público en Corrientes suma un nuevo capítulo y expone el deterioro del sistema en medio de la delicada situación económica. A los recortes de servicios, la reducción de frecuencias nocturnas y los paros recurrentes, ahora se suma la suspensión de choferes sin goce de sueldo, una medida que profundiza el conflicto y deja al descubierto la falta de respuestas estructurales por parte del gobierno de Juan Pablo Valdés.
En las últimas horas, empresas como ERSA y Transporte San Lorenzo comenzaron a enviar telegramas a conductores notificando suspensiones por 30 días. La decisión impacta directamente en al menos 23 trabajadores y se justifica, según las firmas, en la caída de ingresos y el aumento de costos operativos. Sin embargo, desde el sector sindical advirtieron que se trata de un ajuste que recae exclusivamente sobre los empleados.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) rechazó de inmediato la medida y anticipó acciones para frenar las suspensiones. Desde el gremio sostienen que se vulneran derechos laborales básicos y alertan sobre un escenario de creciente precarización. La tensión entre empresas y trabajadores abre la puerta a nuevas medidas de fuerza, lo que podría agravar aún más el funcionamiento del servicio.
El conflicto no es aislado. Forma parte de un proceso de deterioro que se viene profundizando en los últimos meses. La reducción de servicios, especialmente en horarios nocturnos, ya había generado complicaciones para miles de usuarios que dependen del transporte público para trabajar o estudiar. A esto se suman interrupciones frecuentes por paros, que afectan la regularidad del sistema.
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El conflicto de transporte en Corrientes
Tras dos semanas de un "lockout" patronal parcial, donde los colectivos dejan de circular o reducen drásticamente su frecuencia durante la noche, la municipalidad confirmó que habrá multas severas para las empresas concesionarias.
Las compañías Ersa y San Lorenzo anunciaron la paralización del servicio: las unidades dejan de funcionar desde las 22 y retoman su recorrido recién desde las 6. La situación refleja un deterioro progresivo en la prestación del servicio, con impacto concreto en miles de usuarios que dependen del transporte para realizar sus actividades diarias.
"Las empresas Ersa y transporte San Lorenzo informaron que el corte de servicios responde pura y netamente a una decisión empresarial. UTA no esta realizando medida de fuerza, es decir, no es un paro convocado por la seccional Corrientes", informó el delegado de UTA, Diego Sabao, en declaraciones para El Litoral.
La medida adoptada no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un reclamo nacional de los empresarios por la quita de subsidios y el aumento de costos. A través de un comunicado, las cámaras empresarias del sector señalaron que la decisión responde al “aumento intempestivo del gasoil” y a la falta de actualización en los ingresos que perciben por operar el servicio.
Según explicaron, la suba del combustible impactó de lleno en la estructura de costos, sin que exista una compensación por parte del Estado. No obstante, desde la gestión municipal de Corrientes fueron tajantes: el incumplimiento de las frecuencias pactadas por contrato derivará en sanciones económicas.
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