Luego de una semana de acampe policial en todos el territorio de Santa Cruz, el gobernador Claudio Vidal retrocedió y convocó a la fuerza provincial, Bomberos y Servicio Penitenciario a una reunión dentro del Consejo del Salario. Con un 95% de adhesión a la medida de fuerza, la Policía de Santa Cruz fue homologada y será incorporada dentro del debate salarial anual. "No es victoria pero es un paso muy positivo ", detalló a El Destape, el ex comisario pasado a retiro obligatorio, Ramón Quilpidor.
El domingo por la mañana, representantes de la Fuerza provincial recibieron la convocatoria por parte del Ministerio del Trabajo de Santa Cruz para participar en la próxima reunión del miércoles 10 de junio a las 9hs en el Consejo del Salario. "Vidal llegó al gobierno y nos prometió un aumento para alcanzar el nivel de petroleros. Luego de dos años y medio de gobierno, no cumplió con lo prometido y no hay indicios que eso suceda", detalló el ex policía a este medio tras una protesta que inicio el pasado 2 de junio con la instalación de carpas frente a la Casa de Gobierno, se extendió a distintos puntos de la provincia.
El mandatario provincial subió durante el fin de semana un video a sus redes sociales en el que remarcó que su gobierno había dado dos aumentos salariales al inicio de su mandato y otro el año pasado. Así también no tardó en responsabilizar a la oposición: "Ponen palos en la rueda para que no nos podamos refinanciar, sabiendo que perjudican directamente al trabajador del Estado".
Los principales reclamos
Desde la organización policial confirmaron que la medida de fuerza continuará hasta que no se resuelva el conflicto. "Hubo apriete de jefes pero se hablaron puntualmente", detalló el ex policía quién también confirmó que el gobierno de Javier Milei envió personal de la Policía Federal para reforzar la seguridad provincial pero "solo está destinada a dar respuesta a la urgencia, y no está desarrollando actividad preventiva".
El delegado aclaró que la solicitud del aumento salarial debe cubrir la canasta básica de la zona patagónica, el costo de los servicios de luz, gas y el valor del alquiler. "Este gobierno nos dio una sola campera, cuando el anterior nos dio tres veces el uniforme completo. Nosotros necesitamos que el Estado nos compre el uniforme por lo que pedimos un aumento a 3,8 millones", detalló Quilpidor frente al 1,2 millón que cobra un recién ingresado a la fuerza.
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Entre los planteos también figura la exigencia de que los viáticos se abonen de manera íntegra, ya que aseguran que actualmente solo perciben una parte de ese concepto. Asimismo, reclamaron la creación de un adicional por insalubridad al considerar que desarrollan sus tareas en contextos marcados por la violencia, altos niveles de presión laboral y una exposición constante a riesgos físicos y psicológicos.
Continúa la medida de fuerza
El conflicto salarial entre la administración provincial y las fuerzas de seguridad comenzó a profundizarse en febrero, cuando policías y agentes penitenciarios autoconvocados elevaron un petitorio para reclamar la apertura de una instancia formal de negociación y una mejora urgente de sus haberes.
El documento, presentado el 8 de febrero en Río Gallegos, reflejó el creciente malestar dentro del sector. Según manifestaron los efectivos, entre 2024 y 2026 los salarios perdieron alrededor del 67% de su poder de compra, una situación que, afirmaron, empujó a numerosos trabajadores por debajo de los niveles de pobreza e incluso de indigencia.
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