La denominada causa "El Caburé" entró en una fase crítica que no solo definirá el futuro procesal de los implicados, sino que también medirá el temple institucional del Poder Judicial de San Luis frente a las presiones del poder político puntano. El 6 de mayo vence el plazo legal para dictar una resolución y todas las miradas están puestas en el tribunal integrado por María Monserrath Bocca, Marcelo Bustamante Marone y Hernán Herrera.
El proceso judicial investiga presuntas irregularidades cometidas tras la intervención estatal de un campo rural en San Luis conocido con el nombre Caburé, donde habría desaparecido una cosecha de maíz valuada en más de 2 millones de dólares. El expediente analiza quién dispuso la cosecha, cómo se retiró el grano, cuál fue su destino y si existió perjuicio económico para el Estado o para terceros vinculados al establecimiento.
Causa Caburé: nulidades, presión política y un fallo inminente
El foco del conflicto judicial radica ahora en una jugada de alto impacto por parte de la defensa de Ricardo André Bazla, ex secretario de Estado de Ética Pública de San Luis, que solicitó la nulidad total de los cargos. Se trata de ocho imputaciones que podrían desaparecer si los magistrados deciden convalidar el planteo defensivo. Esta posibilidad encendió las alarmas en la querella, quienes denuncian que un fallo en ese sentido podría detonar un escándalo institucional de proporciones.
La preocupación que rodea al gobernador Claudio Poggi no es menor, dado que el expediente comenzó a ramificarse hacia figuras centrales de su estructura política y de gestión. En las recientes ampliaciones de la denuncia surgieron nombres de peso como los de Víctor Endeiza, Federico Trombotto y los hermanos Amondaraín. Esta constelación de intereses orbitando alrededor de la causa sugiere que lo que se decida en los tribunales de Villa Mercedes tendrá un impacto directo en la estabilidad y la imagen del Ejecutivo provincial.
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Uno de los puntos más polémicos que el tribunal debe evaluar es la actuación del fiscal Leandro Estrada. Las querellas fueron tajantes al señalar que el fiscal, lejos de sostener la acusación con firmeza, habría adoptado una postura que facilitó el camino para los planteos de nulidad del imputado. Esta sospecha de debilidad acusatoria añade una capa de complejidad al fallo inminente.
El antecedente inmediato agrega presión sobre los jueces: el mismo Tribunal de Impugnaciones ya intervino en otro tramo de la causa “El Caburé”, donde rechazó la apelación de Darío Oviedo Helfenberger, ex administrador del establecimiento rural intervenido, y confirmó las imputaciones por presunta defraudación al Estado, peculado e incumplimiento de deberes de funcionario público. Si ahora resolviera de manera opuesta frente al planteo de Bazla, el contraste abriría interrogantes sobre la coherencia de criterio del cuerpo judicial.
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