En línea con los fallos que en los últimos días suspendieron artículos clave de la reforma laboral del presidente Javier Milei, la Justicia suspendió ahora su aplicación en el sector educativo, en particular, el apartado que limitaba el derecho a huelga de los gremios docentes. Ya son por lo menos cinco los fallos que frenan la implementación de distintas partes de la iniciativa del Gobierno.
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La medida judicial había sido solicitada por la Unión Docentes Argentinos (UDA) y pone en pausa la declaración de "esencialidad" del servicio educativo, un punto central de la reciente normativa que buscaba limitar la capacidad de medidas de fuerza de los trabajadores de la educación.
"Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo, y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones", sostuvo Sergio Romero, titular de UDA.
Para el dirigente, la prioridad del Gobierno debe estar focalizada en mejorar los salarios en lugar de avanzar sobre herramientas que tienen los gremios para protestar y alcanzar esas demandas.
El fallo se conoce apenas dos días después de otra resolución de la Justicia laboral, con la que se suspendieron 82 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, también a partir de una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
Otro fallo contra la reforma laboral
El lunes pasado, la Justicia Nacional del Trabajo hizo lugar a una cautelar presentada por la CGT y ordenó la suspensión provisoria de una parte sustancial de la reforma, al considerar que existen indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables si la norma entra plenamente en vigencia.
El fallo, dictado en el marco de una acción colectiva contra el Estado Nacional, no resuelve aún el fondo de la cuestión, pero sí establece un freno inmediato a la aplicación de numerosos artículos hasta que se dicte una sentencia definitiva.
La central obrera había planteado que la reforma implica una regresión en derechos laborales, afecta la libertad sindical y vulnera principios constitucionales y tratados internacionales incorporados a la Constitución. Entre los puntos cuestionados se encuentran cambios en el régimen de indemnizaciones, la ampliación de facultades del empleador, la flexibilización de condiciones laborales y nuevas restricciones a la actividad sindical.
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