Tras la intervención del puerto de Ushuaia, señalada por distintos sectores como una medida alineada con intereses norteamericanos, el gobernador Claudio Poggi firmó un convenio con Estados Unidos para capacitar a las fuerzas de seguridad de San Luis. A pocas horas de concretada la formación, renunció el jefe de la Policía. Ex funcionarios y especialistas en materia de seguridad coincidieron en que el acuerdo representa un riesgo en materia soberana.
Como producto de la articulación con la Embajada de Estados Unidos, el Gobierno puntano y su ministra de Seguridad, Nancy Sosa, anunciaron la capacitación de la Drug Enforcement Administration (DEA) para formar a poco más de 90 oficiales con el objetivo de combatir el narcotráfico en la distribución y venta de drogas en todo el territorio provincial. El Destape se contactó con el equipo de prensa del Gobernador para informarse más sobre los detalles de la formación pero notificaron que por el momento no darán declaraciones.
"Meter a la DEA es un claro mensaje hacia donde va el Gobernador alineado a las políticas centrales de Milei. Es una pérdida total de soberanía. San Luis jamás dependió de un organismo internacional para capacitarte en la lucha contra el narcotráfico", detalló a El Destape el ex ministro de Seguridad puntano y actual diputado nacional por Unión por la Patria, Ernesto "Pipi" Alí quién cuestionó también los gastos que esto significa para la provincia.
A pocas horas de la finalización del encuentro, el Crio. Gral. (R.V.) Pablo Vieytes renunció a sus funciones como Jefe de la Policía de la provincia "quien solicitó su alejamiento por cuestiones personales", y será reemplazado por el Crio. Gral. (R.V.) Dr. Juan Carlos Serrano, según confirmó la Agencia de Noticias de San Luis (ANSL).
Alí destacó el crecimiento del narcomenudeo en la región y la solicitud de las familias puntanas en el tratamiento de la misma. “Es insuficiente capacitar a 91 oficiales porque la provincia de San Luis tiene más de 76 mil kilómetros cuadrados", detalló el ex funcionario de Seguridad. En este sentido, reflexionó que la decisión es otro guiño más a Nación, tal como sucedió en las últimas elecciones en la que el mandatario de Juntos por el Cambio no presentó lista con el objetivo de que La Libertad Avanza traccione la mayor cantidad de votos. “Nunca reclamó los fondos de la provincia, tampoco la coparticipación de combustibles y le cortó la obra pública. Es un entreguista", detalló el diputado nacional peronista.
Importar políticas ajenas
"En principio era la salud pública, luego de seguridad nacional y ahora vamos a una doctrina de seguridad ´transnacional´. De cambiar la etiqueta a narcoterrorismo, esto permite extender el brazo armado a cualquier lugar de América: si no se comprende esto, no se comprende lo que pasa en San Luis", detalló a este medio el miembro de la organización Justicia Legítima y de la Red Federal por los Derechos Humanos, Martín Vazquez Acuña. Asimismo formuló la pregunta del porque no se apeló a la formación especializada de Gendarmería y Policía Federal Argentina, pero fue el Gobierno de San Luis quien no respondió. Este medio también se contactó con la fuerza nacional pero no hubo respuesta al momento del cierre de esta nota.
Mientras informó que el próximo 11 de febrero se reúnen en Washington todos los militares de alto rango para tratar el tema de drogas a nivel mundial, Vazquez Acuña expresó: "Todo esto empieza con Ronald Reagan, y de ahí en más, los países fueron colonizados a través de distintos organismos para supuestamente luchar contra las drogas".
Según el referente en la materia, la lectura debe ir más allá de la DEA ya que se crearon varias instituciones a nivel latinoamericano como la CICAD (Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas), quienes imponen la política de Estados Unidos. En este sentido destacó que hace tiempo funciona la Escuela de ILEA (International Law Enforcement) en San Salvador donde jueces, fiscales, jefes de puertos de Argentina viajan a formarse bajo la doctrina de seguridad de Estados Unidos, conducida por el secretario de Estado, Marcos Rubio.
Este medio también dialogó con investigadores y teóricos especialistas en materia de seguridad y jurisprudencia quienes apuntaron que uno de los mayores conflictos es reproducir enfoques y prioridades de Estados Unidos, ajenos a los contextos nacionales. En este mismo sentido, señalaron que no se puede diseñar una política de seguridad aislada de la integración social y salud pública nacional.
"El punto es qué modelo de seguridad se termina reforzando. Estas capacitaciones pueden traer herramientas técnicas, pero también pueden reproducir prioridades de la política antidrogas de Estados Unidos. El problema aparece si se adoptan esas lógicas sin debate público y si eso refuerza enfoques punitivos o militarizados, dejando de lado otras miradas basadas en derechos humanos y salud pública", detalló la investigadora del Instituto de Investigaciones Políticas (IIP) Conicet en políticas de seguridad e integrante de Red de Politólogas, Fernanda Page Poma.
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