En los últimos días se conoció un informe de la consultora 1816 -en base a datos de la Central de Deudores del Banco Central- que estableció que el endeudamiento familiar en el sistema bancario y con entidades no bancarias trepó al 11,2% en febrero, el nivel más alto desde 2004. Sin embargo, el índice de cobrabilidad de las facturas que registran las principales distribuidoras de electricidad y gas se mantiene estable, similar a la del año pasado.
Fuentes del sector indicaron a El Destape que la morosidad en el pago de las facturas de los usuarios residenciales en lo que va de 2026 es del orden del 3% en la electricidad y en porcentajes similares en el servicio de gas natural.
El dato marca que el índice de cobrabilidad en los servicios públicos de energía no se incrementó en comparación con años anteriores, mucho menos teniendo en cuenta la abrupta suba de la morosidad en el pago de las facturas durante la pandemia en 2020.
Las familias vienen pagando las boletas de electricidad y gas en tiempo y forma, pese al aumento de las tarifas, que en 2025 se incrementaron muy por encima de la inflación. Las subas se mantuvieron en lo que va de 2026 en alrededor del 2% (según la inflación mensual), llegando a un 16% en promedio en todo el país en febrero para el gas natural.
En este caso, la suba se produjo luego del anuncio del gobierno sobre el cambio en el régimen de subvenciones estatales de la segmentación tarifaria al esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Pero, en el caso del gas natural, el valor del metro cúbico se mantendría constante, lo que implicaría una tarifa más plana para el resto del año.
Por qué se mantienen estable la cobrabilidad
La razón principal que encuentran en el sector energético por el cual las familias sostienen mayoritariamente los pagos regulares de la electricidad y el gas tiene que ver con el riesgo efectivo a sufrir un corte en los servicios públicos.
Además, según indicaron en el sector, la morosidad no aumentó porque el monto de las subas de las facturas todavía no pesa de manera significativa en los ingresos en comparación con los gastos familiares en otros rubros.
Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-Conicet, “la factura promedio total país es de $ 81.991 (abril) para un hogar sin subsidios y de $ 59.443 para un hogar que recibe subsidios en el precio mayorista de la energía”.
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En el caso del gas, el observatorio detalla que “la factura promedio país del mes de abril para un usuario sin subsidios es de $ 44.130 por mes ajustada por estacionalidad, mientras que un usuario con subsidios, en promedio, afrontara una factura de $ 33.226”.
Para efectivizar un corte del servicio, las distribuidoras de electricidad tienen que registrar una mora de dos semanas después del segundo vencimiento. Luego, las empresas emiten una factura con la notificación de corte, aunque tienen que ofrecer medios de pago y planes de financiación.
En el caso del gas es un proceso más largo, ya que el corte por falta de pago podría hacerse efectivo luego dl tercer mes de deuda, con avisos previos y un telegrama formal de corte de suministro, ya que el restablecimiento en este caso no es automático como en la electricidad.
En el caso del servicio de agua, la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco) advirtió que el proceso de privatización que lleva adelante el gobierno sobre la empresa Aysa implicaría la posibilidad de corte ante una mora de 60 días.
