La diputada nacional Marcela Pagano denunció penalmente al presidente Javier Milei por impedir el ingreso a los periodistas acreditados a la Casa Rosada. Según fundamentó la legisladora, la Casa de Gobierno “no es propiedad privada” y advirtió que la “prohibición” del ejercicio de la libertad de expresión es “el primer paso para silenciar cualquier voz disidente”.
A través de redes sociales, Pagano cuestionó que el Presidente o sus funcionarios puedan decidir discrecionalmente el acceso de la prensa al edificio público. Además, vinculó la situación con etapas autoritarias de la historia argentina. “NO NOS VAN A CALLAR”, enfatizó la periodista al compartir la presentación judicial.
La denuncia acusa penalmente a Javier Milei, a Javier Lanari (secretario de Comunicación y Medios) y al general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez (jefe de la Casa Militar). Y señala que la prohibición de acceso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada causa "daño continuado e irreversible" al "sistema republicano, a la libertad de prensa, al derecho a la información pública y al ejercicio profesional del periodismo".
En su denuncia, Pagano advierte que "la medida fue adoptada de facto, sin acto administrativo fundado que la respalde, sin notificación individual a los periodistas afectados, sin sumario previo ni resolución motivada".
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Además, recuerda que "la Sala de Periodistas de la Casa Rosada se mantuvo abierta durante todos los períodos democráticos desde 1983 a la fecha, e incluso-según registros periodísticos- durante gobiernos de facto". "La decisión del 23 de abril de 2026 constituye una ruptura sin precedentes de la continuidad institucional argentina en materia de relación Estado-prensa", expresó el texto judicial que presentó la diputada ex mileísta.
"Las conductas denunciadas vulneran de modo directo y flagrante las siguientes normas de jerarquía constitucional y supralegal: a) Constitución Nacional: arts. 14 (libertad de publicar ideas por la prensa sin censura previa), 32 (prohibición al Congreso Federal de dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta, con mayor razón al Poder Ejecutivo), 33 (derechos implicitos), 43 (acción de amparo), y la forma republicana de gobierno (art. 1º) que incluye como principio rector la publicidad de los actos de gobierno", precisó la denuncia presentada por Pagano.
En ese marco, señala que los funcionarios denunciados pueden haber incurrido en delitos penales tales como abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público e impedimento de ejercicio de un derecho, entre otros.
El Gobierno prohibió el ingreso de la prensa a Casa Rosada
El gobierno de Javier Milei prohibió, a partir de este jueves, el ingreso de toda la prensa a la Casa Rosada, bajo la excusa de un presunto "espionaje ilegal". Lo hizo dos semanas después de haber inhabilitado el ingreso de El Destape y de algunos otros medios.
Fuentes oficiales afirmaron a El Destape que "se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal", una medida que es extensiva a todos los medios del país.
Desde el Gobierno agregaron que la prohibición de ingreso se debe "a la investigación que se está haciendo por los videos que salieron el último domingo en el programa de televisión de Luciana Geuna" en Todo Noticias (TN), lo cual motivó una denuncia penal de la Casa Militar contra los periodistas que llevaron a cabo la filmación.
En ese marco, afirmaron que se tomó la medida técnica de "dejar sin efecto la prórroga" a las acreditaciones que se realizó durante abril, ya que estas habían tenido como fecha límite el último día de marzo y se encontraba en marcha el proceso de reempadronamiento anual de los periodistas a la sala de prensa. "Hasta tanto no esté el nuevo reempadronamiento, no se va a habilitar el ingreso de ningún periodista a la Casa", relataron las fuentes oficiales.
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